Un anuncio censurado sobre el riesgo de las bebidas azucaradas podrá volver a emitirse en Colombia

Los colombianos pudieron ver en sus televisiones durante unos 20 días un anuncio que les advertía de los riesgos de consumir bebidas azucaradas: diabetes, obesidad y algunos tipos de cáncer. La idea fue de Educar Consumidores, una organización no gubernamental que desarrolla políticas de salud pública. El vídeo se emitió el pasado agosto, justo antes de que el Parlamento rechazara la propuesta de Alejandro Gaviria, ministro de Salud, de gravar este tipo de productos. Estuvo tan poco tiempo al aire porque Postobón, uno de los mayores fabricantes colombianos de este tipo de gaseosas, presentó una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio alegando que no tenía sustento científico. La decisión preliminar fue el veto, la censura.

Ahora, la Corte Suprema de Colombia ha permitido que el anuncio vuelva a emitirse temporalmente. "Por el momento no ha vuelto a las televisiones por un problema de presupuesto", explica Diana Vivas, abogada de Educar Consumidores. El organismo judicial ha respondido a la petición de tutela de un tercer actor, el colectivo de abogados De Justicia y las organizaciones que conforman la Alianza por la Salud Alimentaria. "Nosotros defendemos derechos fundamentales, en este caso el de acceso a la información que tienen los consumidores para decidir. Creemos que fue vulnerado", explica Diana Guarnizo, investigadora de De Justicia. La Corte ha dictaminado que todo aquel que compra una bebida azucarada es un ente con capacidad de elección y, por tanto, debe tener acceso al tipo de información de la campaña.

Educar Consumidores lidia una pelea judicial paralela. Después de que su campaña se retirara de manera preventiva, planteó otra acción de tutela ante un juzgado civil. El proceso ha alcanzado a la Corte Constitucional donde está pendiente de revisión desde mediados de marzo. "Esperamos que resuelva en unos tres meses", explica Vivas. Cuando la Corte tome su decisión, la letrada considera que Superintendencia tendrá que acatar la resolución.

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El organismo del que depende la decisión exige que se pruebe al 100% que todas las bebidas azucaradas producen enfermedades como la diabetes. Es el mismo reclamo que hizo Postobón en su denuncia al argumentar que no se podía demostrar. Educar Consumidores asegura que entregó 300 páginas de documentación científica como prueba de los riesgos del azúcar. "Es muy difícil probarlo. Pasa como con el cigarrillo: fumar toda la vida no significa que una persona vaya a morir de cáncer. Lo que no obsta de afirmar que existe un gran riesgo", asegura Guarnizo. "El nivel de exigencia que se nos ha impuesto es tan alto que hasta nos obligaron a traducir la información que envíamos en inglés", explica Vivas.

Además de esta demanda, la abogada de Educar Consumidores explica que la Superintendencia colombiana les solicita información previa de cualquier campaña que vayan a realizar. "Es censura previa", dice. "¿A cuántas empresas se les impone esta medida?".

A partir de este momento, todos los colectivos involucrados esperan el pronunciamiento definitivo en un plazo de uno o dos meses. "Nosotros no sabemos qué va a pasar, pero no se puede negar que la presión de las empresas de gaseosas es muy fuerte", opinan ambas abogadas. Postobón forma parte del mismo conglomerado de empresas que RCN, una de las televisiones privadas más populares en Colombia. Jairo Rico Escobar, el abogado de la compañía que interpuso la demanda en contra del anuncio, es un antiguo superintendente de Industria y Comercio. EL PAÍS se ha puesto en contacto con Postobón para conocer su opinión, pero no ha tenido respuesta.

El propio ministro de Salud, durante su defensa del impuesto a las bebidas azucaradas, declaró sentirse delante de un grupo de lobistas y no de congresistas. “He señalado una falencia de la democracia y es ese maridaje entre medios de comunicación, los grandes grupos económicos y los políticos. Colombia es un país de oligopolios. Y eso permite que un tema como este no se debata”, dijo en una entrevista en EL PAÍS. “Si se aprobara el gravamen, bajarían a 18.000 los casos de diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer en cuatro años; tendríamos 700 muertes menos en el mismo periodo; y, proyectado al año 2020, con un impuesto del 20%, se ahorrarían 220.000 millones de pesos en el tratamiento de esta patología asociada”, según ha declarado Gaviria en varias ocasiones.

Aunque la Corte Suprema ya se ha pronunciado y se espera el dictamen del Constitucional, la palabra de la Superintendencia determinará el futuro de este anuncio y de futuras iniciativas similares.