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Menos ejecuciones pero más condenas a muerte

El número de ajusticiamientos en el mundo se redujo en 2016 un 37% respecto al año anterior

Un hombre acusado de 21 asesinatos es ahorcado públicamente en Irán. Reuters-Quality

El número de ejecuciones registradas en el mundo por Amnistía Internacional (AI) en 2016 se redujo un 37% respecto a las llevadas a cabo el año anterior. Durante el último año fueron ajusticiadas al menos a 1.032 personas: 602 menos que en 2015, el año con la cifra más alta desde 1989. Sin embargo, las más de 3.000 condenas a muerte suponen un notable incremento respecto a los años anteriores. Nigeria, Pakistán, Bangladesh, Egipto o Tailandia, entre otros, sentenciaron el año pasado a centenares de ciudadanos a la pena capital. Los datos del informe de AI, sobre la aplicación judicial de la pena de muerte entre enero y diciembre de 2016, reflejan cifras mínimas, ya que la información de algunos países como Corea del Norte, Laos, Siria o Yemen fue escasa o nula; y en el caso de China —el primer ejecutor mundial— la organización decidió dejar de publicar sus datos en 2009 al considerarlos muy inferiores a las cifras reales.

Las 3.317 condenas a muerte registradas por AI se dictaron en 55 Estados (seis menos que en 2015) de los 193 miembros de la ONU. Nigeria superó a Egipto, que redujo sus condenas a muerte a menos de la mitad —tras dos años de condenas masivas a miembros de los Hermanos Musulmanes—, como el país que dictó más sentencias a la pena capital —sin datos de China, Siria y Corea del Norte—. El país más poblado de África condenó a muerte a 527 ciudadanos (un 308% más que el año anterior), a pesar de que solo ajustició a tres personas. Otros países africanos como Zambia y Camerún, afectado como Nigeria por el terrorismo de Boko Haram, también dictaron más de un centenar de sentencias a muerte.

En el resto de regiones, destaca el aumento de condenas en Arabia Saudí (666%) o Pakistán (297%) y en otros países que históricamente no han encabezado la lista de ejecutores como Tailandia (3.085%) o Líbano (450%) . Bahréin, Botsuana, Chad, Mauritania o Uganda, entre otros, no dictaron ninguna condena a muerte a pesar de haberlo hecho el año anterior. Kazajistán y Liberia volvieron a sentenciar a ciudadanos a la pena capital tras un año de paréntesis.

Otros datos destacables

- Dos países del Caribe —Antigua y Barbuda y Bahamas— conmutaron las últimas condenas a muerte que tenían pendientes.

- Nueva información registrada sobre Vietnam describe un panorama alarmante, mucho más grave que el expuesto en los anteriores informes de AI.

- Arabia Saudí es el único país que todavía usa la decapitación como método de ejecución. Las otras técnicas más utilizadas son la inyección letal, el ahorcamiento, y las armas de fuego.

- Estados Unidos no figuró entre los cinco primeros países que más ejecuciones llevan a cabo por primera vez desde 2006. La cifra de ajusticiamientos fue la más baja desde 1991, debido en parte a los litigios y recursos judiciales sobre la obtención de sustancias químicas utilizadas en las inyecciones letales.

- Las únicas ejecuciones de menores de edad registradas por AI fueron en Irán.

A pesar de que casi un tercio de los países sentenciaron a ciudadanos a la pena capital, solo 23 llevaron a cabo ejecuciones durante el último año, dos menos que en 2015. Bielorrusia, único país de Europa que mantiene la pena de muerte, retomó las ejecuciones tras un año en blanco, mientras que Nigeria y Botsuana las reanudaron tras más de tres años sin ajusticiamientos. Dos países —Benín y Nauru— abolieron la pena de muerte para todos los delitos, y Guinea la suprimió solo para los delitos comunes.

Irán, por sí solo, fue responsable del 55% de todas las ejecuciones registradas en Oriente Medio. Junto con Arabia Saudí, Irak y Pakistán formó un cuarteto que llevó a cabo el 87% del total de ejecuciones en el mundo —sin contar aquellos países de los que no se tienen cifras—. Aun así, Irán redujo un 42% sus ejecuciones y en Pakistán, pese a aumentar notablemente las condenas, se registró un descenso notable de un 73% sobre la aplicación de la pena de muerte.

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