Tecnología mientras esperan justicia

Más de 3.000 mujeres sufrieron esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y pese a que las posteriores administraciones les han prometido atender sus demandas, no logran justicia ni ayuda. El Ministerio Público ha archivado tres veces las investigaciones por esta causa al expresidente y sus ministros de salud, aunque recabó miles de testimonios y pruebas. Mientras tanto, gracias a una web interactiva y un documental, las víctimas, geográficamente alejadas entre sí, se están conociendo y juntas buscan soluciones al problema de vivir con la salud deteriorada.

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En 2011, Rosemarie Lerner estudiaba una maestría en Londres, mientras en su país la campaña electoral presidencial se encendía con la mención a las esterilizaciones forzadas, factor que melló la popularidad de la entonces candidata Keiko Fujimori.

“Me impresionó la escala y la doble injusticia contra las mujeres. Observé esto a la distancia, desde un país donde los derechos de las mujeres son más avanzados, y decidí hacer un documental basado en una historia personal, porque pese a los informes y reportajes existentes, a nadie le importaba”, refiere a EL PAÍS.

Según las cifras oficiales, más de 272.000 mujeres y 22.000 varones fueron objeto de la denominada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), generalmente en localidades rurales y con lengua materna diferente al español. La mayoría de denunciantes reveló que los trabajadores de salud llegaban a sus pueblos en campañas, y decían a las mujeres que si no aceptaban la AQV les cortarían la ayuda alimentaria o los trabajos temporales que ofrecía entonces el Gobierno.

Más de 272.000 mujeres y 22.000 varones fueron objeto de la denominada 'anticoncepción quirúrgica voluntaria' (AQV), generalmente en zonas rurales

Cuando Lerner contactó con la primera investigadora que hizo las denuncias en Perú, Giulia Tamayo, constató que era tan grande la cantidad de casos, que el documental no podía consistir en un solo caso. Convocó entonces a la chilena Maria Court, una compañera de la Universidad de Goldsmith, quien investigaba sobre proyectos y plataformas transmedia, y juntas idearon el Proyecto Quipu, para recabar testimonios y generar un archivo de memoria colectiva.

“Al llegar a las comunidades y buscar a las mujeres evitamos repetir los errores de las campañas de los noventa: donde los que llegaban imponían con un mensaje en otro idioma y sin consentimiento. Dadas las capacidades de la web, las personas afectadas podían participar en la cocreación, sin que nosotras contáramos la historia, sino con contenidos generados por el usuario”, explica la directora del proyecto.

Llamar, contar o escuchar

El término quipu, en quechua, denomina a los hilos anudados con los cuales los incas “transmitían mensajes complejos”, indica el documental interactivo. Las directoras del Proyecto Quipu sabían que las víctimas de las esterilizaciones forzadas no contaban con acceso a Internet, pues viven en comunidades alejadas y pobres del país, pero sí a teléfonos móviles, y se inspiraron en experiencias de recopilación de información a bajo costo en proyectos con caficultores en África, en los que conectaban una plataforma web con mensajes de texto.

Contaron con la colaboración del MIT Civic Media Center para un sistema de teléfonos de tecnología Open Source, de manera que quienes llamaran a una línea gratuita (0800-71011) pudieran grabar su testimonio, o escuchar los que ya habían dejado otras personas, o transmitir un mensaje de solidaridad.

El equipo realizó talleres con mujeres en Huancabamba (Piura, al norte del país), y en las regiones andinas de Ayacucho y Cusco, para explicarles en qué consistía la web y el documental, y pedirles que grabaran sus historias, o invitarlas a escuchar otros testimonios ya grabados. La plataforma permite escuchar las instrucciones en español y quechua.

“Algunas nos pedían que hiciéramos la llamada y luego ellas contaban lo que les pasó. Este mes hicimos un taller en Pucallpa, debido a que el diario La República reveló 50 casos de mujeres de la etnia shipiba esterilizadas. Ahora se están reuniendo firmas para pedir al presidente Kuczynski cumplir su promesa de un programa de reparación integral para las afectadas”, agrega Lerner.

Ollanta Humala, quien también llegó a la presidencia ofreciendo reparaciones, creó un registro de víctimas en el último semestre de su mandato. Quienes se empadronen pueden tener acceso a defensa legal para litigar contra el Estado. Desde inicios de 2016, se han inscrito unas 1.500 personas.

Quipu podrá seguir grabando testimonios a través de la línea 0800 hasta abril, pero para escuchar los testimonios funcionará hasta 2018. Un documental en The Guardian registra la historia del proyecto.