El juez rechaza poner en libertad al ‘dreamer’ detenido por inmigración en Seattle

Sobre el fondo del asunto, es decir, si Ramírez puede ser detenido para deportación o no, Donohue pidió a las partes nuevos argumentos para asegurarse de que es él el que tiene competencias para decidir en este caso. “Reconozco la naturaleza inusual de este caso, y reconozco que hay mucha gente en situación similar”, dijo Donohue. “Pero la Corte debe asegurarse de que tiene jurisdicción”.

El caso de Ramírez Medina es el primero conocido en el país de una detención de un dreamer como si fuera cualquier otro inmigrante indocumentado. Su resolución puede tener consecuencias para alrededor de 750.000 personas protegidas por Barack Obama bajo el programa DACA desde 2012. Estas personas fueron traídas a Estados Unidos ilegalmente por sus padres cuando eran menores, muchos de ellos no recuerdan otra vida que no sea en EE UU. Gracias a DACA, una especie de limbo legal que no los legaliza pero los hace inmunes a la deportación mientras no cometan delitos, pueden trabajar, estudiar y llevar una vida normal sin temer a la policía. Según la denuncia, Ramírez llegó a Estados Unidos en 2001 cuando tenía siete años. Le fue concedido DACA en 2014 y renovado en 2016. Tiene un hijo de tres años.

El argumento presentado por la defensa decía que el juez federal debería liberar a Ramírez porque no había ninguna base para su detención. Ni siquiera debería entrar a considerarse si puede o no ser deportado. El hecho mismo de que sea una corte de inmigración la que vea el caso supone un daño jurídico a la integridad del programa DACA, que pasa a ser discutido. El Departamento de Justicia, por el contrario, argumenta que con Ramírez se debe iniciar el proceso de deportación y debe defender su caso como cualquier otro inmigrante irregular. La resolución del viernes no avanza nada en este sentido, pero supone una derrota parcial para Ramírez, ya que ve prologada su estancia en prisión sin que, según su defensa, el Gobierno haya aportado ninguna base para su detención.

El presidente Donald Trump hizo campaña prometiendo echar a todos los indocumentados de Estados Unidos (calculados en unos 11 millones de personas), aunque en varias ocasiones dejó la puerta abierta a centrarse solo en los que tengan antecedentes criminales. Recientemente, desde la Casa Blanca y el Partido Republicano se dio a entender que los protegidos por el programa DACA no tenían nada que temer. La victoria de Donald Trump creó una enorme inquietud en este colectivo, ya que es gente que para acogerse al programa ha dado todos sus datos al Gobierno federal y por lo tanto no puede esconderse de la policía.

En la rueda de prensa improvisada que dio el jueves, Trump volvió a referirse a este tema. Dijo que iba a “tratar el asunto DACA con corazón”. Aseguró que se trata de un asunto “muy difícil” para él porque la mayoría de los beneficiarios del programa son “chicos increíbles” pero que entre ellos hay miembros de bandas y narcotraficantes.

Ramírez Medina fue detenido el pasado 10 de febrero en un suburbio de Seattle durante las redadas que la policía de inmigración (ICE) realizó en una docena de estados y en las que fueron detenidas 680 personas. Los agentes llegaron a su casa con una orden de detención para su padre. En medio de la operación, le preguntaron si era ciudadano estadounidense y él dijo que tenía un permiso de trabajo, según la denuncia que presentaron sus abogados. Entonces lo detuvieron también. La televisión local King5 publicó un vídeo del momento de la detención, realizado por su hermano con un teléfono móvil.

En respuesta a la demanda para que fuera liberado, el Departamento de Justicia respondió con el argumento de que Ramírez era miembro de una banda (una de las causas para rescindir o negar el permiso DACA). Se basaban en un tatuaje y en su propia declaración a los agentes, según el Gobierno. La defensa de Ramírez presentó un escrito el jueves en el que afirmaba que era una “campaña de desprestigio” para justificar el caso. El tatuaje en cuestión, según los abogados, muestra “una estrella náutica” y las palabras “La Paz BCS”. La Paz, municipio de Baja California Sur, es donde nació Ramírez, dicen sus abogados, no una banda.

Pero además, la defensa relata que un documento fue alterado para reforzar la imagen de Ramírez como miembro de una banda. Ramírez hizo un recurso contra su clasificación dentro del centro de detención. En el documento, escribió a mano (en inglés): “Llego y los agentes me dicen que tengo relación con bandas así que tengo que llevar mono naranja. No tengo antecedentes criminales ni pertenezco a ninguna banda”. En el escrito de la defensa se asegura que “alguien intentó borrar parte de su declaración” para que, al quitar las primeras palabras, dijera: “ (…) tengo relación con bandas así que tengo que llevar un mono naranja”.

Cualquier posible relación con bandas es monitorizada por el Departamento de Seguridad Nacional antes de otorgar el permiso DACA. El Gobierno, argumentan los abogados, tiene amplias bases de datos sobre sospechosos de bandas que consulta como parte de la revisión de antecedentes necesaria para conceder el permiso. A Ramírez le fue concedido DACA dos veces.