La detención de un ‘dreamer’ dispara el temor a una política extrema con los indocumentados

“Esto es preocupante para todos. No se puede confiar en lo que te promete el Gobierno federal”. Las palabras de la abogada Marielena Hincapié transmitieron este miércoles la sensación entre los expertos legales en inmigración tras la detención de un inmigrante mexicano en Seattle que estaba legalmente protegido. Daniel Ramírez Medina se enfrenta a un posible proceso de deportación a pesar de contar con la promesa del Gobierno federal desde hace cinco años de que no sería deportado. Alrededor de 750.000 personas están en su situación.

Ramírez Medina, de 23 años y padre de un hijo, había obtenido un permiso de trabajo gracias al programa DACA, que puso en marcha el presidente Barack Obama para inmigrantes llegados a Estados Unidos cuando eran menores de edad, los llamados dreamers. El programa daba cierto estatus legal a estos inmigrantes, los sacaba de las sombras y suponía una promesa de que no serían deportados.

El pasado día 10, Ramírez se encontraba en casa de su padre en Seattle, estado de Washington, cuando agentes de inmigración entraron a detener al padre y lo detuvieron también a él. Se trata del primer caso conocido de un dreamer en esta situación. Los detalles de la detención están en una denuncia presentada por Ramírez en la que pide su liberación y que fue adelantada por Reuters el martes. La denuncia no deja claro por qué fue arrestado el padre. Según la policía de inmigración (ICE), Ramírez “ha admitido ser miembro de una banda”. Los abogados de Ramírez niegan categóricamente que este pertenezca a una banda.

Si no se revelan antecedentes criminales de Ramírez o alguna razón para su detención y finalmente es deportado, significa que todo está en cuestión y, como prometió Donald Trump durante su campaña electoral, los 11 millones de indocumentados son todos objetivo de la policía.

Como Ramírez, los dreamers acogidos al programa DACA son gente que “ha dado un paso al frente y ha dado todos sus datos al Gobierno federal”, dijo Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana. Con su detención “se ha roto la promesa que el Gobierno federal hizo a Daniel y a todos”. Ramírez, como los cientos de miles de beneficiados por el programa, pasó un examen de antecedentes antes de poder tener su permiso, que se renueva cada dos años. Es decir, son personas de las que el Gobierno tiene mucha información y que pasan por un proceso

Los abogados que representan a Ramírez dijeron el martes que esperaban que su detención fuera “un error”. Los expertos de United We Dream y el National Immigration Law Center descartaron que se tratara de agentes de ICE que habían actuado por su cuenta. “Están aplicando la orden ejecutiva de Trump”, dijo Hincapié.

En los primeros días de su Administración, Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que cumplía su promesa de dureza contra la inmigración ilegal y ordenaba destinar recursos a las deportaciones. La orden decía que la prioridad son las personas con antecedentes criminales. Eso ya era así con Obama, el presidente que ha deportado a más gente en la historia. El problema es que parece haber bastante margen de interpretación de lo que el Departamento de Seguridad Nacional bajo la nueva presidencia considera delincuentes. Paul Quinones, líder de Dream Act Coalition en el estado de Washington dijo que se “está expandiendo la definición de lo que es delincuente”.

La semana pasada, ICE condujo redadas en 12 estados que llevaron a la detención de 680 personas. El departamento aseguró que se trataba del trabajo de siempre (Estados Unidos deporta a miles de personas a la semana), frente a las protestas de defensores de los inmigrantes que veían en las redadas un grado nuevo de agresividad. El 75% de los detenidos tenía antecedentes, según ICE.

La detención de Ramírez, sumada a la deportación en Phoenix de una madre de tres hijos que durante ocho años no había sido una prioridad para ICE, es la confirmación para las organizaciones de defensa de los inmigrantes de que, dentro del amplio margen de interpretación que dejan las distintas declaraciones de Trump sobre sus intenciones con los sin papeles, se está cumpliendo la versión más extrema de su programa. "La orden ejecutiva es más amplia y draconiana de lo que habíamos visto antes", dijo Hincapié.

En un comunicado citado por Reuters, el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende ICE, dijo que el caso se enmarcaba dentro de la misma política de años de expulsar a personas que suponen "una amenaza a la seguridad pública".