Juan Fernando Cristo: “El gran desafío del posconflicto en Colombia es tener unas ciudades seguras”

Juan Fernando Cristo (Cúcuta, 1964) se ha convertido en uno de los apagafuegos del segundo Gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos. El ministro del Interior ha mediado en las crisis fronterizas con Venezuela, formó parte del equipo que terminó de cerrar el proceso de paz con las FARC y el que negoció con los promotores del ‘no’ a las negociaciones un nuevo acuerdo tras el rechazo en el plebiscito.

En su etapa final al frente del Ministerio, antes de lanzarse presumiblemente a la carrera presidencial de 2018, algo que trata entre risas durante la entrevista, tendrá que garantizar que las leyes pactadas durante casi cuatro años en La Habana se aprueben en el Congreso para que la implementación sea real. Al mismo tiempo que combate sobre el terreno a las bandas criminales que pugnan por controlar los territorios que la guerrilla abandone.

Pregunta. ¿Cómo van a actuar frente a los que dominan las zonas rurales, los herederos del paramilitarismo u organizaciones como el Clan Úsuga?

Respuesta. Hay una estrategia conjunta del Ministerio de Defensa y la Policía para atacar especialmente en las zonas de minería ilegal donde se concentran. Estamos en la tarea de garantizar que cuando las FARC salgan de estas regiones, entre el Estado. A estas bandas se les dan golpes muy duros, pero tienen gran habilidad de reciclaje permanente.

P. Con el final de la guerra con las FARC, ¿podría producirse una cartelización en Colombia?

R. La época de los cárteles de la droga en Colombia está muy superada. Hay que combatir pequeños grupos criminales que están muy generalizados y controlan ciertas rutas del narcotráfico. Esperamos que con los procesos de sustitución de cultivos en colaboración con las FARC se reduzca la oferta de coca y, por tanto, la violencia.

P. ¿Qué son estos grupos armados que, entre otras cuestiones, están asesinando de manera sistemática a líderes sociales?

R. Nos preocupan enormemente esos asesinatos. La Unidad Nacional de Protección prepara un programa especial al margen del que está previsto en los acuerdos para proteger a las FARC. Lo peor que puede pasar es la impunidad, si los autores de estos asesinatos no ven que se sancionan estos crímenes, no habrá esquema de protección que alcance. Es una prioridad porque somos conscientes de que en la implementación no se pueden permitir estas situaciones.

P. Si no es paramilitarismo, ¿qué es?

R. Bandas criminales. No vamos a caer en esa disputa del lenguaje.

P. Además de la seguridad, para el posconflicto serán determinantes una serie de leyes que ya se debaten en el Congreso, ¿confía en que se vayan a cumplir los plazos y en seis meses estén aprobadas?

R. La ley de Amnistía se aprobó en tiempo récord. Ya se debate el proyecto de la Justicia Especial. Hay mayorías en el Congreso apoyando al Gobierno. Vemos con optimismo la aprobación del paquete de reformas más ambicioso planteado en Colombia desde la Constitución del 91. En mayo queremos haber evacuado las iniciativas. Si no, hay una prórroga de seis meses más. Antes de terminar el año se van a aprobar.

P. 2016 cerró con el menor índice de homicidios de la historia reciente de Colombia debido al final de la guerra con las FARC. No sucede lo mismo con los hurtos. ¿Qué estrategia plantean ante este tipo de delincuencia?

R. Acabamos de aprobar un nuevo código de policía y una ley de procedimientos abreviados para que se reduzca la duración de los juicios de los delitos menores. Cuando termine el desarme de las FARC y comience el del ELN mucha policía tendrá que reorientar sus tareas. Volverán a los cascos urbanos a proteger a los ciudadanos. El gran desafío del posconflicto es tener unas ciudades seguras.

P. ¿Por qué han decidido usar cámaras de seguridad para hacer las ciudades más seguras?

R. Hace un par de años se identificó que el 82% de los delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos (robo de celulares, microtráfico, hurto de vehículos o de casas) se concentraba en 12 capitales del país. Las cámaras son un instrumento útil para prevenir el crimen, perseguir al delincuento y judicializar.

P. ¿Qué efectividad tiene este sistema?, ¿cuánto tarda la policía en actuar?

R. En Medellín o Cali, donde ya funcionan plenamente, el tiempo es corto, pero no tenemos un promedio. En Bogotá hay muy baja cobertura de cámaras, tiene que ser una de las prioridades este año.

P. Además de las cámaras, ¿se va a incrementar el número de efectivos o se van a plantear otro tipo de iniciativas?

R. Tenemos que lograr que la tecnología, la buena movilidad y las buenas comunicaciones reemplacen ese modelo que tiene en la mente desde hace muchos años el ciudadano colombiano de que solo con más policía puede sentirse más seguro.

P. ¿Le preocupa que el próximo Gobierno modifique las leyes del posconflicto?, ¿que se dé marcha atrás?

R. Este proceso nos va a llevar a una desmovilización histórica y a una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales muy positivas. Cuando esté acabado a finales de año no habrá fuerza política que le plantee al país que lo va a reversar.

P. Entonces, ¿no cree que vaya a ser un tema electoral en 2018?

R. Hace un año era una expectativa, en un año será una realidad: las FARC habrán desaparecido como movimiento armado en Colombia. Nadie va a querer cambiar esa situación. Pretender que el proceso de paz esté ajeno a la campaña es una ilusión. Es el gran desafío del Gobierno.

P. Al mismo tiempo se estará desarrollando el proceso de paz con el ELN, ¿qué expectativas tiene teniendo en cuenta los problemas que ha habido solo para elegir una fecha para el inicio de la fase pública?

R. Hay que ser moderadamente optimistas. El Gobierno no puede desconocer las dificultades de estos meses previos. Esperamos que se pueda avanzar en un acuerdo este año, y si no es definitivo, por lo menos conseguir un desescalamiento del conflicto.

P. Otra negociación en la que se ha involucrado han sido los cierres de la frontera con Venezuela. ¿Por qué el Gobierno de Colombia se ha mostrado tan tibio a las decisiones unilaterales del presidente Maduro?

R. El Gobierno ha reaccionado en la lucha contra el contrabando de gasolina y las bandas criminales. En su momento se pidió respeto a Venezuela por el uso del lenguaje al referirse a los ciudadanos de esa región. Es una situación que depende mucho de cómo se solucione la realidad venezolana. A veces en la frontera piden dureza y cuando se responde te vuelven a decir: “Bájenle porque llegan nuevos inconvenientes”. Hoy la integración fronteriza, lamentablemente, no existe.

P. ¿Va a presentar su candidatura a la presidencia de 2018?

R. Estoy concentrado en las responsabilidades del ministerio: liderar la implementación, la comisión de negociación con el ELN y acompañar los dispositivos para mejorar la seguridad en el país. No he tenido tiempo para pensar en decisiones políticas.

P. ¿Ha tenido tiempo para pensar en otros posibles candidatos como Humberto de la Calle, que también es de su partido [el liberal]?

R. Me tienen prohibida la intervención en política.