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Cristina Kirchner se siente víctima de una “dictadura”

La ex presidenta argentina carga en Twitter contra el juez que la ha procesado por asociación ilícita

Cristina Fernandez de Kirchner en Buenos Aires a finales de octubre.
Cristina Fernandez de Kirchner en Buenos Aires a finales de octubre. REUTERS

La ex presidenta Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha cargado contra el juez que la ha procesado. Con duras palabras en las redes sociales, Fernández ha dicho que el proceso contra ella, iniciado por presunta asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra pública hacia la compañía de un empresario vinculado al kirchnerismo, es en realidad una persecución política digna de una dictadura militar. “Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, escribió la expresidenta en su cuenta de Twitter, desde donde criticó duramente al juez Julián Ercolini, quien la ha procesado. La decisión del magistrado implica que ha dado por buenos los argumentos de los fiscales para enjuiciar por corrupción a la expresidenta. El procesamiento no es una buena noticia para Kirchner: el juez puede prohibirle la salida del país y hasta pedir su prisión preventiva, una decisión que, de producirse, tendría un alto impacto político.

Ercolini también ha dictado un embargo de 10.000 millones de pesos (666 millones de dólares) contra la exmandataria. La suma no saldrá de las cuentas bancarias de Kirchner, con una fortuna declarada de 5 millones de dólares, pero da una idea de la dimensión del dinero involucrado en la investigación. La expresidente reaccionó ante la cifra con ironía y ataques al juez. “¡10.000 millones! Allanaron nuestras casas y no eran mansiones ni había bóvedas con dólares. Entonces llamaron a Ercolini y le dijeron necesitamos titulares para que los que creyeron lo de ‘pobreza cero’ (…) crean que CFK tiene 10.000 millones de pesos. ¿Qué tal un embargo con esos números?... Usted lo pide, usted lo tiene. Titulares de Clarín y La Nación ‘Cristina fue embargada en $10mil millones”, escribió a las 4.7 millones de personas que la siguen en Twitter.

La expresidenta no ha sido la única en reaccionar, sobre todo porque ella no fue la única procesada. El juez también llevó a juicio al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; a Lázaro Báez, dueño de la empresa investigada y preso por presunto lavado de dinero; y a José López, exsecretario de Obras Públicas, detenido desde junio, cuando la policía lo encontró arrojando bolsos cargados de dólares hacia el interior de un convento.

De Vido fue uno de los hombres más poderoso del kirchnerismo, el único que se convirtió en ministro con la asunción de Néstor Kirchner en 2003 y se mantuvo hasta el último día de gestión de Cristina Fernández, el 10 de diciembre de 2015. Por su oficina pasaron todos los contratos de obra pública del Gobierno. En su defensa, De Vido utilizó los mismos argumentos que la expresidenta. “El fallo es sin duda una resolución a medida de las necesidades de [el presidente Mauricio] Macri de encontrar una excusa para justificar la gigantesca crisis económica que se cierne sobre el país y la incapacidad de su Gobierno para encontrar una salida que no sea más ajuste, más desempleo y más recesión”, dijo en un texto publicado en Facebook. “El objetivo central”, escribió, “es proscribir a Cristina Fernández de Kirchner el año próximo [cuando habrá elecciones legislativas] en medio de una persecución política y judicial que no tiene antecedentes en nuestra historia reciente”.

La causa contra Kirchner es la primera por corrupción que llega a la instancia de procesamiento. Según los argumentos de los fiscales, entre 2003 y 2015 se montó en la Casa Rosada un “plan criminal” para favorecer a Austral Construcciones, beneficiada con contratos viales por 3.300 millones de dólares en la provincia patagónica de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo. Una auditoría de Vialidad Nacional realizada meses atrás determinó que se pagaron unos 1.000 millones de dólares en sobreprecios. Los contratos a favor de Austral Construcciones, que convirtieron a su presidente, Lázaro Báez, de cajero de banco a millonario en pocos años, ya habían formado parte de una denuncia por presunta asociación ilícita presentada en 2008 por la excandidata presidencial Elisa Carrió, hoy una diputada de alto perfil aliada del Gobierno de Macri. "¡Esa es nuestra causa! ¡Vamos! Todos los años que tuvimos que esperar... se empieza a hacer justicia, es nuestra causa", celebró Carrió en Twitter.

Kirchner lleva poco más de un año lejos del poder y también lejos de Buenos Aires, adonde viaja desde su casa en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, cuando algún juez pide su presencia en los tribunales. La distancia y las cuatro causas que enfrenta, sin embargo, no le han impedido mantener viva su influencia, tanto que un encarcelamiento podría tener consecuencias políticas imprevisibles.

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