La policía detiene a dos exgobernadores de Río entre protestas callejeras

Dos exgobernadores del Estado de Rio de Janeiro han sido detenidos con poco más de 24 horas de diferencia, cada uno por una trama de corrupción diferente. Por un lado está Sérgio Cabral, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), sigla do actual presidente Michel Temer, que ha sido detenido preventivamente la mañana del 17 de noviembre en una intervención policial dentro del marco de la investigación del caso Petrobras. A él, gobernador entre 2007 y 2014, se le acusa liderar una trama corrupta con la que se benefició con más de 220 millones de reales (64 millones de dólares) gracias a los sobornos que cobraba a constructoras vencedoras de los contratos de obras públicas. La Justicia ha obligado a declarar a su mujer, Adriana Ancelmo, que supuestamente recibió parte de las regalías negociadas por su marido.

Por otro lado está Anthony Garotinho, del Partido de la República, que fue detenido el miércoles por la mañana. El que fuera gobernador entre 1999 y 2002 está ahora acusado de participar en una trama de compra de votos a través de un programa social. Garotinho es un viejo conocido de la Justicia y ya había sido condenado en 2010 por formación de cuadrilla al probarse que, con la complicidad de un comisario de policía, benefició los negocios de la mafia del juego ilegal.

Trasfondo de protestas

La detención de estos dos pesos pesados de la política estatal ha aumentado el malestar en Río, que ha pasado de ser sede de los Juegos Olímpicos a el ejemplo de un Estado en bancarrota. Sin dinero para pagar al día los sueldos de sus funcionarios o para abastecer de papel higiénico las comisarías, los servidores públicos se han echado a las calles para protestar contra las medidas de austeridad que el Gobierno pretende aplicar. Entre ellas está un aumento en los impuestos de la cerveza, la gasolina o los refrescos, la suspensión de programas sociales para los más pobres y una serie de ajustes que tendrán como consecuencia la rebaja del salario de los funcionarios públicos.

Los ánimos están exaltados y este miércoles, por quinta vez, cientos de funcionarios públicos –entre ellos bomberos, policías, profesores, médicos o agentes penitenciarios– cercaron la Asamblea Legislativa, donde se discutía el paquete de medidas anticrisis del gobernador actual, Luiz Fernando Pezão (PMDB). La protesta tuvo escenas de caos y violecia, cuando un grupo derrubó la verja que protegia el palacio y la policía respondió lanzando decenas de bombas de gás lacrimógeno contra la multitud.

Aunque Cabral ya no sea gobernador, continuaba siendo influyente en las decisiones políticas de su partido más allá de las fronteras de Río. Su gestión además está en el punto de mira, una vez que la crisis financiera del Estado ha revelado que no había un plano B ante una caída brusca de ingresos provocada por la recesión nacional, la desconfianza ante los casos de corrupción, o el bajo precio del petróleo que nutría las cuentas de Río de Janeiro.

Ahora los agentes que investigan el megacaso de corrupción Petrobras han hallado "fuertes indicios de que había un cartel detrás de grandes obras ejecutadas con recursos federales". Entre esas grandes obras está la reforma del Estado de Maracanã (1.500 millones de reales, 440 millones de dólares), la autovía Arco Metropolitano (otros 1.500 millones de reales) y un programa de urbanización en tres favelas cariocas (1.100 millones de reales, 322 millones de dólares). Con todas estas obras, Cabral supuestamente recibió, como mínimo, 220 millones de reales.

A Garotinho, una de las mayores figuras del evangelismo en Rio, se le acusa de haber participado en los crímenes electorales que se están investigando en Campos de Goytacazes, una municipio al norte del Estado. La alcaldesa de la región, Rosinha Garotinho, es su mujer y él es el secretario del gobierno. El comisario de la policía responsable de la acción ha descrito al diario Extra que Garotinho "es el cabecilla de una organización criminal" y que había usado un programa de complementos de renta para "comprar votos y, así, amañar las elecciones de Campos". La directora del programa en cuestión, Cheque Cidadão, que ofrece 200 reales (60 dólares) al mes a las familias con menos ingresos, ya había sido detenida en octubre, junto con otros dos concejales. Según la policía, el grupo usaba el registro de votantes de la esposa de Garotinho, Rosinha, para inscribirlos en el programa, inflando la iniciativa un 100%.