La CIDH da por superada su crisis financiera
El organismo de derechos humanos advierte que necesita un mayor presupuesto para ser efectivo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado por superada, al menos por este año, la crisis financiera que amenazó con incapacitarla para cumplir sus tareas de protección y vigilancia de los derechos humanos en las Américas. Lo cual no quiere decir, ha subrayado, que el peligro haya sido erradicado del todo. A menos que se aumente de forma consistente su presupuesto, otra nueva crisis podría estar a la vuelta de la esquina.
Por el momento al menos, “la grave crisis financiera que atravesamos en 2016 ha sido superada”, celebró el presidente de la CIDH, James Cavallaro, en un comunicado. Fue el propio Cavallaro el que, en mayo, anunciaba —la primera voz de alarma la dio desde EL PAÍS— que el organismo de derechos humanos estaba arruinado y no podía garantizar sus funciones hasta finales de año. Ello implicaba desde la imposibilidad de emitir medidas cautelares a investigar o documentar denuncias de violaciones de derechos humanos.
Numerosos organismos, personalidades y organizaciones regionales manifestaron su preocupación por una situación que podía afectar, dijeron, a la calidad de las democracias en la región. Ante la presión internacional, varios países comprometieron sumas que han permitido que la CIDH acabe ahora el año sin despedir al 40% de su personal, como llegó a temer, o con las actividades mermadas.
Algo que, según Cavallaro, “demuestra la legitimidad institucional extraordinaria” de la CIDH, que “ha salido fortalecida de esta crisis”, celebró.
Los aportes puntuales de algunos países sin embargo, no solucionan el problema de fondo, que es la falta de un presupuesto regular suficiente y garantizado, advierte la CIDH. Hasta ahora, la Comisión redondeaba su magro presupuesto con las escasas contribuciones voluntarias de los países miembro y, sobre todo, con aportaciones foráneas, principalmente de Europa. Pero la crisis de migrantes que vive ese continente frenó este año ese ingreso adicional.
“A fin de evitar que la CIDH enfrente una nueva crisis el año próximo, es indispensable que los Estados miembros aprueben un presupuesto regular adecuado”, señala la Comisión, que adelanta que, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentará a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) “una propuesta integral de financiamiento sostenible”. La actual asignación, de 5,3 millones de dólares, es el equivalente al 6% del presupuesto total de una OEA que gasta más, suelen apuntar los críticos, en cuidar sus edificios que en financiar el organismo más reconocido del sistema interamericano.
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