“La transición democrática está estancada en México”

Hay una foto de su México natal que no se le quita de la cabeza a Emilio Álvarez Icaza, hasta esta semana secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es la de una mujer rogándole, arrodillada, al secretario de Gobernación que le ayude a encontrar a su hija secuestrada. “Es muy fuerte la imagen de una ciudadana arrodillada ante su autoridad electa suplicándole que le ayudara, cuando es un derecho. Es demoledora y ejemplificadora de lo que pasa” en México, afirma. Son anécdotas como esta, pero también la acumulación de graves violaciones de derechos humanos como la desaparición de 43 estudiantes de Iguala en 2014, los que decidieron a Álvarez Icaza (Ciudad de México, 1965) a regresar a México. Se tomará unos meses para volver a tomarle el “pulso” al país antes de lanzarse de nuevo a la arena pública en el ámbito de los derechos humanos y la democracia. Un área, asegura en entrevista con EL PAÍS antes de abandonar Washington, en la que las cosas no han hecho más que “empeorar”.

Pregunta. ¿Cómo es el México al que regresa cuatro años después?

Respuesta. Creo que hay condiciones en donde la normalidad democrática y la transición democrática están estancadas, estamos retrocediendo en términos de transparencia, de rendición de cuentas. Veníamos de un partido en el gobierno por 70 años. Y a principios de 2000, se empezó a generar una transición en la democracia en términos de construir una normalidad democrática de acceso a poderes, a libertades, de desmontar los poderes fácticos establecidos donde partido, gobierno y Estado eran lo mismo… esas cosas están ahora para atrás.

Y encuentro un país que en los temas de derechos humanos está mucho peor de cuando me fui. No se han atendido las llamadas de atención internas y externas sobre los problemas de graves violaciones a los derechos humanos, y estos se han profundizado. Y el Gobierno cree que la crisis no es de derechos humanos, sino de imagen.

P. ¿Y eso es peligroso?

R. Hay tres peligros. Primero, que los problemas se hacen mucho peor. Segundo, que se arregle lo cosmético y no lo estructural y que el fenómeno de la impunidad se haga mayor. Y tercero, que por supuesto esto afecta no solo al sello país, sino que limita notablemente la transición democrática.

P. En la historia reciente de la CIDH y México hay un punto de inflexión: Iguala. ¿Por qué?

R. Iguala es tan emblemático porque es un quiebre. Refleja muy bien el coste de lo que no se atendió en el pasado: que resurge. Guerrero es un estado donde se cometieron el 80% de las desapariciones forzadas en la guerra sucia. Y había varias llamadas de atención de que estaba pasando esta vinculación con policías municipales y narcos. Iguala es la más absoluta manifestación de corrupción, impunidad, prepotencia y del hecho de querer actuar bajo la vía del control de daños. Además, demostró que hay un problema severo de permeabilidad del crimen organizado en las estructuras de gobierno.

P. ¿Quién cree que está detrás de Iguala?

R. No tengo elementos para hablar de culpabilidad. Lo que me parece increíble es que, con todos los señalamientos del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las autoridades mexicanas en materia de justicia y de política actúen como si nada ha pasado, que la gente responsable siga en el cargo y que quieran enfrentar este tema como un asunto de control de daños, no como un tema de derechos y de justicia.

P. Tras Iguala, el nuevo embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, ha dicho abiertamente que hay que reformar la CIDH.

R. Yo llegué en 2012 en medio del llamado proceso de fortalecimiento de la CIDH, que parecía más bien proceso de ajusticiamiento. Y cuando escucho al embajador De Alba, pienso que México es el nuevo Venezuela. Los argumentos de México son los mismos que esgrimían Venezuela y Ecuador hace cuatro años. De Alba está mandando claros mensajes de amenaza, México no está nada satisfecho con las decisiones de la Comisión y otra vez quiere revisitar el proceso de reforma, otra vez quiere mandar el mensaje de que los Estados no están contentos.

P. ¿Por qué se repite este patrón?

R. Los gobiernos entienden la acción de la CIDH como ataques; no les gustan los casos, ni los comunicados prensa ni las audiencias, no les gusta que les digan en público qué es lo que está pasando. Yo recibía llamadas muy airadas para clamarme por un comunicado, pero recibía pocas para explicarme qué estaban haciendo con la implementación de una (medida) cautelar.

P. ¿Falta madurez democrática?

R. Hay señales claras de falta de madurez democrática en general. Y por supuesto hay fortalezas, no es menor la narrativa y discurso a favor de los derechos humanos. Pero los discursos no son suficientes. Hay una voluntad expresa de asfixiar financieramente a la Comisión y a la Corte.

P. En mayo, la CIDH advirtió de que estaba al borde de la bancarrota. ¿Cómo está ahora la situación?

R. Llegamos a las justas a cerrar el año, pero faltan recursos para el periodo de sesiones y falta el cambio estructural del financiamiento. Pero ahí es la ironía que casi raya en la esquizofrenia, porque te dicen una cosa y hacen otra. Dicen vamos a fortalecer y le recortan más del 15% del presupuesto a la OEA.