El Supremo de Filipinas ordena liberar a la expresidenta Arroyo

El Tribunal Supremo de Filipinas ha desestimado este martes un caso por expolio contra la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo y ha ordenado su liberación inmediata tras cinco años bajo arresto hospitalario.

Arroyo, de 69 años, presidió el archipiélago entre 2001 y 2010 pero su presidencia estuvo marcada por las denuncias de corrupción y de intereses creados.

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Los magistrados han decidido por once votos a cuatro a favor de cerrar el caso por expolio debido a la falta de pruebas, según ha anunciado el portavoz del Supremo, Theodore Te, en rueda de prensa televisada.

La exmandataria fue detenida inicialmente por un presunto fraude electoral en las elecciones legislativas de 2007, cargo que se castiga con cadena perpetua. Pero posteriormente fue acusada de expolio en relación con 366 millones de pesos (algo más de 7 millones de euros) de fondos de la lotería del Estado, algunos de los cuales fueron destinados a recabar información de Inteligencia. Al poco de ser arrestada, ingresó en el hospital Veterans Memorial Medical Center, de Manila, por problemas de salud y donde ha permanecido la mayor parte del tiempo desde entonces.

"La sentencia de hoy confirma lo que hemos estado diciendo durante seis años: que los cargos presentados contra la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo son solo intentos deshonestos de persecución política", dijo un abogado de la defensa, Ferdinand Topacio, en un comunicado. La defensa de la imputada confía en que su clienta pueda "ser puesta en libertad hoy [este martes]".

Pese a su detención, sus problemas de columna y las causas legales en su contra, Arroyo sigue siendo una figura influyente en la política filipina. Fue reelegida al Congreso en las elecciones de mayo por tercera vez consecutiva, pese a no acudir a ninguna de las sesiones de la cámara.

La decisión del Supremo seguramente será recibida con agrado por el nuevo presidente del país, Rodrigo Duterte, que había dicho que buscaría liberarla.

Arroyo todavía se enfrenta a una investigación por la acusación de que presuntamente recibió sobornos por un acuerdo de internet de banda ancha con la china ZTE en 2007, que quedó suspendido un año después. La expresidenta niega todos los cargos y ha pedido su liberación bajo fianza.