Detenida por corrupción la expresidenta de Filipinas

La expresidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo volvió a ser arrestada hoy por orden del Tribunal Anticorrupción en un nuevo caso de presunta malversación, poco más de dos meses después de haber obtenido la libertad condicional. Arroyo, de 65 años, que sufre una dolencia en la columna vertebral, afronta por este último delito una pena máxima de cadena perpetua.

La Policía acudió a buscar a la exmandataria al Veterans Memorial Medical Center de Manila, el mismo hospital militar donde estuvo confinada durante ocho meses, hasta el pasado 25 de julio, por el cargo de presunto fraude electoral cometido en 2007.

A pesar de los procesos judiciales y la citada rara enfermedad que la mantuvo en silla de ruedas y con collarín durante meses, Arroyo continúa activa en política como parlamentaria y aspira a revalidar el escaño en las elecciones del año próximo.

La primera batalla legal, por el cargo de fraude en las elecciones legislativas de 2007, privó a Arroyo de libertad durante ocho meses, desde noviembre de 2011. En julio, Arroyo obtuvo la libertad bajo fianza y abandonó Veterans Memorial Medical Center a pie y con el collarín, pero sin la silla de ruedas que había usado durante tantos meses.

En esta ocasión lo tendrá difícil, porque el delito de malversación en la legislación filipina no contempla la posibilidad de la libertad condicional. El director de la unidad de investigación criminal de la Policía, Joel Coronel, explicó a los periodistas que Arroyo se encontraba en un cama pasando examen médico cuando entraron con la orden de arresto, y añadió que esta colaboró en todo momento, según la televisión GMA. A su lado tenía al jefe de su equipo de abogados, Anacleto Díaz, otro letrado, Raul Lambino, y su propia portavoz, Elena Bautista Horn, pero ningún familiar.

Los tres jueces de la primera sala del Tribunal Anticorrupción, encabezados por el magistrado Efren de la Cruz, que emitieron la orden contra Arroyo también hicieron lo propio contra nueve colaboradores suyos por el mismo delito, el hurto de 365 millones de pesos (7,18 millones de euros o 8,7 millones de dólares) de las arcas de la lotería estatal.

La Policía que recibió las instrucciones de la magistratura poco después de emitirse ha creado cinco equipos para detener al resto de los imputados.

El abogado Díaz intentó mediante una petición de reconsideración al Tribunal Anticorrupción impedir que volviesen a detener a su cliente, pero el trámite fue desestimado por la tarde y una hora después se personaron los agentes en el hospital militar.

Además de los casos de presunto fraude en las elecciones de 2007 y la malversación en la lotería estatal, la exmandataria está acusada de corrupción y tráfico de influencias en relación al contrato público por valor de 329 millones de dólares que se concedió a la empresa china de telecomunicaciones ZTE, para la instalación de una red nacional de internet de alta velocidad.

El documento se firmó en 2007, durante un viaje de Arroyo a China, y se anuló unos meses más tarde, cuando una de las empresas que participó en la licitación denunció presiones e irregularidades en la adjudicación de la obra.

El ingeniero civil que analizó el proyecto por parte del Gobierno declararía después que el contrato había sido sobrevalorado en al menos 200 millones de dólares.

Hasta el momento, ninguno de los delitos imputados a Arroyo y a su esposo, el empresario José Miguel Arroyo, han sido probados en un tribunal de justicia.