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Después de más de seis horas de tormentoso debate en medio de las advertencias de la oposición de izquierdas y árabe, la Knesset (Parlamento) aprobó la noche del lunes por 57 votos a favor frente a 48 en contra una ley que obligará a las ONG que actúan en Israel a informar sobre las donaciones que reciben de otros Estados o de organismos extranjeros, si el importe supera la mitad de su presupuesto.

Representantes de estas organizaciones, que aspiran a ser la conciencia crítica de la sociedad civil israelí ante la ocupación de territorios palestinos desde hace casi medio siglo, aseguraron este lunes sentirse discriminadas por una legislación que parece haber sido cortada a medida para limitar la actividad de varias decenas de grupos pacifistas que cuestionan la política gubernamental, y que en su mayoría (25 según el Ministerio de Justicia) reciben financiación de la Unión Europea o de países occidentales. El Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, considerado el más ultraconservador en la historia del Estado judío, asegura en cambio que la nueva norma ha sido adoptada en aras de la transparencia.

“Esta ley pretende abordar el fenómeno de las ONG que representan intereses de Estados extranjeros, a pesar de que actúan bajo la cobertura de organizaciones locales al servicio de los ciudadanos israelíes”, reza el preámbulo de la nueva norma, que ha sido impulsada por la ministra de Justicia y dirigente del movimiento político de los colonos, Ayelet Shaked, con la bendición del jefe del Ejecutivo.

Netanyahu considera que “se ha incrementado la democracia y fortalecido la transparencia” ante “la absurda situación de que otros Estados se estén inmiscuyendo en asuntos internos israelíes”. En una reunión anterior con el grupo parlamentario de su partido, el conservador Likud, el primer ministro llegó a establecer una analogía con la situación en el País Vasco en España. “Es como si Israel estuviese financiando a organizaciones favorables a la independencia vasca”, argumentó.

La tramitación de la norma en la Knesset ha corregido el exceso de celo de la titular de Justicia, que había introducido en el proyecto legislativo la obligación de que los miembros de las ONG afectadas portaran una etiqueta identificativa especial dentro de la Cámara, lo que era vista como un signo de discriminación. Las entidades afectadas deberán comunicar al Parlamento a partir de 2017 las fuentes de su financiación e identificar a los organismos extranjeros que las financian.

Entre las organizaciones afectadas figura Paz Ahora —fundada por el escritor Amos Oz junto con intelectuales y políticos de izquierda—, que este martes ha calificado la aprobación de la ley como “una contundente violación de la libertad de expresión (…) que pretende silenciar la oposición a las políticas del Gobierno sobre la ocupación”. La nueva norma solo afecta a las donaciones recibidas desde organismos públicos y no a la financiación privada de las ONG, que beneficia fundamentalmente a grupos partidarios de la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este. “Si el Gobierno estuviera realmente preocupado por la transparencia, habría requerido que se hicieran públicas todas las fuentes de financiación de las ONG”, argumentó a su vez Human Rights Watch.

Bruselas y Washington han expresado su preocupación ante una legislación que recuerda a la existente en la Rusia de Vladímir Putin o la Turquía de Recep Tayyip Erdogan contra la ONG humanitaria y que, según la UE, amenaza con “socavar los valores democráticos en Israel (...) con una norma que va más allá de la legítima necesidad de transparecía y parece ir dirigida contra organizaciones de la sociedad civil".

La oposición israelí también ha arremetido contra el doble rasero de la llamada “ley de transparencia” respecto a donaciones extranjeras públicas y privadas. El líder de la oposición, el laborista Isaac Herzog, afirmó al término de la reunión en la Knesset que con esta norma “los brotes del fascismo están germinando en la sociedad israelí”. El líder de la Lista Conjunta Árabe (tercera fuerza parlamentaria), Ayman Odeh, denunció a su vez que el objetivo de la ley es “intimidar a las pocas ONG que luchan por la igualdad en favor de la población árabe (un 20% de los israelíes)”.

Otras de las organizaciones que pueden verse condicionadas es B'Tselem, uno de cuyos activistas difundió el pasado mes de marzo un vídeo en el que se observaba cómo un soldado israelí remataba de un tiro en la cabeza en Hebrón (sur de Cisjordania) a un atacante palestino que yacía en el suelo malherido. Este militar está siendo juzgado ahora por homicidio en un consejo de guerra.

También puede ver limitada su actividad Breaking the Silence, que en su cuenta de Twitter se comprometió este martes a “seguir rompiendo el silencio [como reza su nombre] hasta el final de la ocupación”. Esta ONG fue cuestionada por el Gobierno por un informe sobre la guerra de Gaza de 2014, basado en testimonios de exsoldados israelíes que en algunos casos acusaban al Ejército de Israel de crímenes de guerra. Breaking the Silence organizó la visita efectuada el mes pasado a Israel y territorios palestinos por el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. El escritor peruano-español publicó recientemente sus impresiones en EL PAÍS en una serie de reportajes agrupados bajo el epígrafe “Los estragos de la ocupación israelí”.