El órgano inversor europeo exige a Bruselas avales para financiar proyectos en la vecindad sur

Las buenas intenciones son una especialidad de Europa: hasta que hay que empedrar ese camino de piadosos propósitos con dinero contante y sonante. La Comisión Europea anunció hace unos días que planea movilizar inversiones públicas y privadas para destinar a países terceros 62.000 millones de euros de aquí a 2020, con el objetivo declarado de frenar los flujos migratorios. Hasta ahí, todo correcto. Pero las instituciones que deben participar en ese nuevo enfoque quieren más recursos y garantías antes de jugarse los cuartos. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) propondrá a los Veintiocho participar con 6.000 millones de euros en proyectos de infraestructuras en la vecindad sur de Europa. Con ello prevé movilizar hasta 15.000 millones de euros en total. Para ello, el BEI reclama a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión una ampliación de su mandato, pero sobre todo recursos y garantías para acometer ese esfuerzo inversor. El presidente de la institución, el alemán Werner Hoyer, pedirá hoy a los Veintiocho avales por importe de 3.700 millones de euros, y recursos por 730 millones adicionales para invertir los citados 6.000 millones.

"Hay que ofrecer soluciones concretas, no solo ideas", reclama Hoyer en un plan que se dará a conocer hoy y al que ha accedido EL PAÍS. Es imprescindible un plan de inversiones para la vecindad sur, los Balcanes occidentales y terceros países de África "para apoyar infraestructuras clave (escuelas, sanidad y servicios básicos como el suministro de agua), y con objeto de apoyar al sector privado para crear empleo", según el presidente del BEI. El organismo inversor destina ahora el 10% de sus recursos a terceros países. Si el plan consigue la financiación necesaria, podría destinar cerca de un 20%.

Hoyer tiene previsto dirigirse a los presidentes y primeros ministros de la Unión en la cumbre de finales de este mes, tras el referéndum británico y las elecciones españolas del 26-J. El BEI tiene previsto implicarse más en terceros países relacionados con los flujos migratorios hacia Europa junto con el Fondo Juncker. "Apoyamos esa iniciativa como primer paso en las inversiones europeas destinadas a involucrarse en el desafío migratorio", según Hoyer, "pero para eso necesitamos el apoyo de los Estrados miembros".

Ese apoyo de los socios es siempre el equivalente al cascabel del gato de la fábula: los antecedentes no son esperanzadores. El precedente más cercano de la macroinversión de 62.000 millones -para los que son imprescindibles los 6.000 millones de los BEI- es el fondo para África creado en noviembre de 2015 en el seno de la UE. Los Estados miembros solo han desembolsado el 4,5% de las cantidades comprometidas. Y no hay plazo para que llegue el resto del dinero.