El poder electoral valida más de un millón de firmas para el revocatorio contra Maduro
El autoridad electoral acepta 1,3 millones de firmas de las 1,8 millones que presentó la Mesa de la Unidad Democrática. Se trata del primer paso para destituir a Maduro
Todo parece estar allanado para que el Consejo Nacional Electoral anuncie el siguiente paso en la escarpada colina del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Al término de una reunión con el Consejo Nacional Electoral, Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, ha anunciado que el organismo comicial ha validado 1,3 millones de firmas de las cerca de dos millones de rúbricas que consignó. La cifra de las rúbricas invalidadas es una nota al margen porque apenas se necesitaban 195.321, seis veces menos de lo aprobado para pasar la primera etapa.
La noticia ha llegado después de 38 días de demoras por trámites administrativos sobrevenidos establecidos por el Consejo Nacional Electoral, que controla el chavismo. La oposición espera que en las próximas horas el CNE anuncie los lugares donde los solicitantes deberán reafirmar con su huella que las firmas les pertenecen. Una vez completado ese paso el CNE entregará otro formulario para que la MUD organice un nuevo operativo para reunir 20% del padrón electoral y solicitar la convocatoria de la consulta.
El tiempo corre en contra de los opositores porque si el evento se celebra después de la primera quincena de enero de 2017 el plebiscito perderá toda efectividad política. El vicepresidente de Maduro culminaría el período y solo habría elecciones presidenciales en diciembre de 2018.
La comparecencia de Torrealba demostró una vez más la honda fractura que separa al chavismo de sus rivales. A la reunión con la MUD solo asistió el rector Luis Emilio Rondón, el único de los cinco miembros principales del CNE que vela por los intereses de la oposición. “Las cuatro rectoras oficialistas le sacaron el cuerpo a su responsabilidad”, declaró Torrealba a su salida de la cita.
Este anuncio llega en un momento de máxima tensión entre las partes que lucen atrincheradas en sus irreductibles posiciones. La oposición ha decidido condicionar el diálogo, cuyas reuniones preliminares se han celebrado en República Dominicana con la mediación de tres expresidentes iberoamericanos, a la celebración del plebiscito. Pero en su programa de televisión Maduro ha reiterado que el revocatorio no es una obligación, sino un derecho establecido en la Constitución. “La opción de un referéndum con opción revocatoria no va a estar en la mesa de diálogo”, dijo al principio de su intervención. Y más adelante agregó: “Venezuela no necesita un referéndum revocatorio, sino recuperar su economía. A este país solo lo puede gobernar un presidente revolucionario: Nicolás Maduro Moros”.
El jefe del Estado ha anunciado que entregará a los mediadores una carta con tres propuestas para la oposición: la instalación de una comisión de la verdad, la firma de un acuerdo de funcionamiento y respeto a las instituciones venezolanas y un pacto de “renuncia a la violencia política, criminal y social y a la conspiración”. El chavismo ve el diálogo como un foro político donde se expongan las visiones encontradas que cada uno de los bandos tiene de los problemas del país.
Maduro ha intentado transmitir un mensaje firme justo cuando arrecian los problemas con el abastecimiento de alimentos y se profundiza el caos generado por el modelo de desarrollo chavista. La última apuesta del presidente es la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la versión bolivariana de los soviets, encargadas por decreto de distribuir los alimentos básicos en los sectores populares. “Todos los recursos para los CLAP. Si ellos triunfan estará garantizada la paz de la república”, aseguró.
El chavismo quiere convencer a sus seguidores de que hay suficiente producción de alimentos, pero que han desaparecido de los anaqueles porque la empresa privada boicotea la distribución. El gobierno asegura que ya están conformadas casi 16.000 CLAP para vender sin intermediarios. “Estamos exigiendo a las empresas que nos vendan el 70% de lo que producen para distribuirlo nosotros”, afirmó en el programa el vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Con un margen de maniobra cada vez más pequeño, Maduro sigue apostando a reforzar los controles de la economía.
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