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Los maestros radicales elevan su reto y se plantan ante el Gobierno mexicano

El secretario de Educación, Aurelio Nuño, despide a 3.000 profesores por participar en una protesta ilegal contra la reforma educativa

El secretario de Educación, Aurelio Nuño, en una visita a un colegio de Oaxaca.
El secretario de Educación, Aurelio Nuño, en una visita a un colegio de Oaxaca.

La reforma educativa vuelve a estar en primera línea de combate en México. En una contundente exhibición de fuerza, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha anunciado el despido de 3.119 maestros por haber participado durante cuatro días en un paro ilegal contra la ley educativa. El golpe, dirigido al corazón de la resistencia sindical en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, tiene como objetivo mostrar, en un momento de fuerte incertidumbre electoral, la determinación de implantar la última gran norma del mandato presidencial.

En la diana de esta medida figura la poderosa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (CNTE). Esta misma madrugada fueron desalojados del centro de la Ciudad México, donde habían acampado en señal de protesta. Horas después, rehicieron el campamento frente a la misma sede de la Secretaría de Educación. El riesgo de que el tira y afloja se tornase un enfrentamiento abierto se volvió evidente. 

No es un pulso nuevo. La reforma educativa, surgida del consenso y aprobada por aplastante mayoría en el Congreso, ha tenido desde sus inicios como principal enemigo a la CNTE. Instalada en el clientelismo, esta organización radical, surgida en los años setenta como escisión del sindicato mayoritario de profesores, llegó a ejercer un control casi omnimodo del sistema educativo en los empobrecidos estados del sur, sobre todo, en Oaxaca. Allí, gracias a décadas de connivencia con el PRI, la coordinadora designaba a los cargos, controlaba los pagos y disponía a su voluntad del personal docente.

Para Peña Nieto, cuya valoración ha entrado en fase crítica, el éxito de la ley supone uno de sus últimos balones de oxígeno

Los cambios impuestos por la reforma echaron por tierra este entramado clientelar. La ley no sólo ponía fin a la compra-venta de puestos y establecía el concurso obligatorio; sino que imponía la evaluación del profesorado. Un anatema para el sindicato. Y el detonante de una furibunda ofensiva.

Tras meses de violentos enfrentamientos,que incluyeron el asalto a aeropuertos y la quema de oficinas electorales, el Gobierno decidió cambiar las tornas y, en julio pasado, dio un golpe de mano al retirar en un solo día y por decreto estatal el control de las instituciones educativas a la CNTE. La demostración de fuerza se completó con la congelación de las cuentas bancarias de la central y el encarcelamiento de sus dirigentes más radicales.

Desde entonces la resistencia sindical ha ido perdiendo fuerza. La Secretaría de Educación, dirigida por Aurelio Nuño, aprovechó el desconcierto causado en las filas de la coordinadora para ofrecer una política de mano tendida a los profesores y buscó, consciente del polvorín en el que se movía, revertir el rechazo con mejoras económicas y una fuerte campaña presencial.

La coordinadora, arrinconada, ha intentado una y otra vez recuperar la iniciativa. Aunque no ha logrado frenar el avance de la reforma, su alta capacidad de movilización aún la convierten en un adversario temible. Y desde la esquina del cuadrilátero no ha dejado de lanzar ofensivas. La última ha sido un paro nacional indefinido contra la ley educativa. Una línea roja que Nuño, el delfín de Peña Nieto y uno de los priístas mejor situados para la sucesión, había anunciado que no dejaría pasar. “La voluntad del presidente de la República es continuar, sin importar qué obstáculos tengamos que vencer, con el desarrollo de la reforma educativa y, aplicando la ley, instaurar un Estado de Derecho y erradicar la impunidad en nuestro sistema educativo”, afirmó el secretario.

La consumación de la protesta, aunque con escaso éxito, ha sido respondida con el despido de los maestros que estuvieron más de cuatro días ausentes de las aulas. Para sustituirlos se emplearan a opositores que superaron el examen docente pero no obtuvieron plaza. El sindicato ya ha anunciado que usará todas las medidas a su alcance para frenar las expulsiones. Su margen, con todo, es bastante escaso. Las leyes juegan a favor de la Secretaría de Educación. Y lo que es más importante, las encuestas indican que la reforma, en un país situado a la cola de la OCDE en resultados escolares, cuenta con el apoyo de la mayoría de la población.

Es en ese terreno donde el combate cobra una relevancia nacional. Para Peña Nieto, cuya valoración ha entrado en fase crítica, el éxito de la ley supone uno de sus últimos balones de oxígeno. Y para Nuño, un político al que se acusa de carecer de experiencia de calle, refuerza sus opciones, aún lejanas, como aspirante a la liza presidencial en 2018.

En este escenario, la CNTE apenas ha contado con más apoyo que el del carismático líder de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. Un veterano jugador que ha advertido que una derrota gubernamental en este campo podría brindarle el apoyo de decenas de miles de profesores insatisfechos y ser capitalizada como un activo a su candidatura.