“El caso Iguala no se cerrará hasta que caiga el último responsable”

El subprocurador Eber Omar Betanzos Torres, de 36 años, vive enrocado. Desde que el 5 de noviembre pasado asumiera la investigación del explosivo caso Ayotzinapa, todas las embestidas convergen en él. La última ha sido la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), una comisión dependiente de la OEA y que desde marzo de 2015 coadyuvó en las investigaciones. Tras la negativa del Gobierno a prorrogar su estancia, este equipo ha acusado a las autoridades mexicanas de obstruir las pesquisas, torturar a detenidos, manipular pruebas y proteger al Ejército. Desde una esquina del cuadrilátero, el subprocurador responde sin bajar la guardia. Su versión es la oficial.

Pregunta. ¿Aún cree usted en la “verdad histórica”?

Respuesta. El ministerio público sólo esclarece hechos. Esa es su obligación.

P. ¿Han muerto los normalistas?

R. En el expediente se investiga la desaparición y secuestro de los estudiantes. Los restos genéticos de uno se han identificado con toda seguridad, y con otro, la probabilidad es alta. Pero es el juez quien debe pronunciarse.

P. ¿Pero son desaparecidos o asesinados?

R. Son desaparecidos hasta que el juez lo determine.

P. ¿Por qué los mataron o hicieron desaparecer?

R. Son hechos bajo investigación. En un caso abierto como este no podemos llegar a una afirmación en uno u otro sentido.

P. ¿Pero habrá un motivo, no?

R. Hay una participación acreditada del crimen organizado que además infiltró a las policías municipales de Iguala y Cocula.

P. ¿Guerreros Unidos tomó a los estudiantes por otro cártel?

R. El crimen organizado, según las declaraciones que figuran en el expediente, pensó que había alguna infiltración. Pero eso no quiere decir que lo creamos.

P. ¿Volvería a invitar al GIEI a México?

R. México siempre ha mostrado su interés en participar en la iniciativas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue el Estado mexicano el que solicitó la prórroga del GIEI. Este es un caso transparente, donde se ha hecho público todo el sumario por internet y se ha contado con el escrutinio de un organismo internacional.

P. Pues el GIEI les acusa de obstruir las investigaciones, manipular pruebas y proteger al Ejército impidiendo su interrogatorio.

R. La Procuraduría General de la República ha colaborado en todo momento con el GIEI. De las 941 peticiones de información que hicieron, el 85% fueron cumplidas y el resto está en vías.

P. Pero entonces ¿por qué les acusan de obstruir, manipular y proteger?

R. La fe de nuestro cumplimiento figura en el expediente público. Ahí se puede ver lo que hemos hechos. Tenemos un objetivo compartido, pero nunca hemos dejado de trabajar juntos. Nosotros sentimos que siempre hemos colaborado.

P. Algo habrá fallado.

R. Reitero. Hemos colaborado en todo momento con el GIEI para el desarrollo de su trabajo.

P. Las encuestas muestran que, en relación al caso Ayotzinapa, la ciudadanía ha perdido confianza en las autoridades.

R. Una de las cuestiones más importantes es la confianza que se establece entre las autoridades y las víctimas. Ese es el primer vínculo, que luego se proyecta a la sociedad. La Procuraduría General de la República reconoce que el GIEI resultó muy importante para acercarse a los padres y que eso nos permitió tener un mecanismo de reunión periódica con ellos.

P. Pero los padres no confían en ustedes y les acusan de encubrir a los militares. En la presentación del informe del GIEI gritaban “asesino” para referirse al Gobierno mexicano.

R. Esa confianza ha permitido que tengamos reuniones mensuales con los padres, donde ellos expresan sus planteamientos e incluso solicitan diligencias.

P. Hasta la ONU salido en defensa del GIEI y ha mostrado su preocupación por los obstáculos a la investigación.

R. Nosotros reiteramos que el trabajo con el GIEI a lo largo de sus dos mandatos ha sido productivo. Sus informes han sido incorporados y siempre hemos estado interesados en colaborar.

P. Los padres le acusan de impedir las entrevistas con los militares.

R. El GIEI solicitó tener una entrevista con integrantes de las Fuerzas Armadas, pero esa es una diligencia que no puede dirigir más que el ministerio público. Ellos deberían habernos presentado las preguntas y nosotros valorar cuáles formulábamos. En ese contexto se les pidió su cuestionario. Pero no lo conocimos hasta este domingo, cuando hicieron público su informe. De todos modos, hemos tomado declaración a 45 militares, a algunos hasta cuatro ocasiones.

P. El GIEI sostiene que hay indicios de torturas en al menos 17 detenidos. ¿Es así?

R. Hay 32 detenidos que han denunciado torturas y por ello se han abierto inmediatamente las investigaciones pertinentes. Entre ellos, figuran los 17 casos señalados por el GIEI.

P. Visto con tiempo, ¿no fue un error dejar en manos de la Fiscalía de Guerrero, uno de los estados más corruptos y violentos, la investigación del caso en sus inicios?

R. La Procuraduría General de la República dio desde el primer día toda la asistencia que se le solicitó. Luego, al atraer el caso, se hizo cargo de la integridad de la investigación.

P. Pero no debería haberlo hecho desde el primer momento tratándose de la desaparición de 43 estudiantes?

R. Hicimos uso de la facultad de atracción.

P. ¿Cuándo se resolverá el caso?

R. Está abierto y la investigación no terminará hasta que el último responsable sea llevado ante la justicia.