El Supremo acusa a Rousseff de emitir “un salvoconducto” para Lula

La toma de posesión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil, el jueves, sufrió un duro revés la noche del viernes. El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes suspendió el nombramiento de Lula. Con esto, automáticamente, le quitó la inmunidad de la que disfrutan los ministros, y devolvió así el proceso sobre el expresidente al magistrado Sérgio Moro, líder de la investigación de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras y actualmente enemigo número uno de Lula.

El juez Mendes, abiertamente crítico del Gobierno, justificó su decisión basándose en que la entrada de Lula en el Gobierno es "una especie de salvoconducto emitido por la presidenta de la República". La decisión de Mendes atiende a peticiones de dos de los partidos de la oposición, aunque al STF llegaron en total 13 solicitudes para suspender al recién estrenado ministro de sus funciones. La decisión del Supremo brasileño fue divulgada tan solo minutos después de que acabase la mayor movilización hasta el momento a favor del Gobierno Rousseff y del expresidente Lula. La mayor manifestación, en São Paulo, reunió a 95.000 personas en la céntrica avenida Paulista, según los cálculos del instituto Datafolha, del diario Folha de S. Paulo.

En medio de un ambiente de euforia, con la avenida teñida de rojo (el color del Partido de los Trabajadores), el propio Lula intervino para proclamar que “no habrá golpe de Estado” en Brasil.Para el juez Mendes, el objetivo de nombrar a Lula como una especie de primer ministro a la sombra es claro: impedir el cumplimiento de orden de prisión que existe en su contra por su supuesta implicación en la trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. En una dura decisión, Mendes menciona varios de los diálogos que se hicieron públicos esta semana y que dejan claro, según los investigadores, que Lula trató de blindarse ante la posibilidad de ir al a cárcel y que Dilma Rousseff, su sucesora, lo ayudó. Las conversaciones telefónicas fueron divulgadas en todos los medios el día antes de la toma de posesión de Lula, justo cuando el Gobierno confirmó los rumores de que el expresidente volvía al Palacio del Planalto.

 El pleno del Supremo, formado por 11 miembros, tiene ahora la palabra final sobre el asunto. Pero la decisión puede tardar más de una semana en llegar debido a las vacaciones de Semana Santa de los jueces. El líder de la Abogacía General de la Unión (el organismo que ejerce de asesor jurídico para el Gobierno), José Eduardo Cardozo, ha insistido en que cree en la legalidad de la toma de posesión de Lula y ha advertido que los abogados lucharán para probarlo y para recurrir la decisión.