La investigación a Lula da Silva reaviva las peticiones de destitución de Rousseff

Eran poco más de las nueve de la mañana de este viernes cuando dos coches pasaban lentamente frente al Palacio de Planalto, en Brasilia, tocando la bocina con insistencia. Sus conductores gritaban: “Es el fin. El PT [Partido de los Trabajadores] está acabado”. Era la quinta vez ese mismo día, según los guardias de seguridad que custodiaban uno de los accesos a la sede de la Presidencia de la República de Brasil. Las primeras señales de un día de inflexión en la grave crisis política que ha afectado al cuarto mandato del Partido de los Trabajadores en el país.

La 24ª fase de la operación Lava Jato, que ha alcanzado de lleno al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y a sus familiares, se produce en uno de los peores momentos para el Ejecutivo de Dilma Rousseff. Desde hace semanas había una especie de cuenta atrás en la mayor investigación de un escándalo de corrupción jamás realizada en Brasil, que polariza a los partidarios del Gobierno y a sus opositores y se produce en medio de una crisis que también es económica. El testimonio de Lula, escoltado por la policía y con una amplia cobertura mediática, estimula el debate sobre el estilo espectacular de la operación, nueve días antes de una nueva megaprotesta convocada para pedir la destitución de la presidenta.

Para el Gobierno, no era la primera mala noticia de la semana. El lunes dimitió el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, acusado por sus compañeros del PT de ser incapaz de contener presuntos excesos de la Policía Federal, el brazo auxiliar de la Fiscalía Federal en una operación que, jerárquicamente, estaba bajo su control. El jueves se filtró una supuseta delación premiada (revelación a cambio de ventajas en la Justicia) del exlíder del Gobierno en el Senado, Delcídio do Amaral (PT de Mato Grosso do Sul). Citaba a Lula y, por primera vez en dos años de investigaciones, acusaba directamente también a Dilma Rousseff de obstaculizar las investigaciones anticorrupción, arrastrándola así hacia el centro del escándalo.

La noticia de la presunta colaboración con la Justicia del senador, publicada por la revista Isto É, obligó a Cardozo a transformar la toma de posesión de su sucesor en el Ministerio de Justicia en una larga rueda de prensa para atacar a Do Amaral. Más tarde, la propia presidenta fue quien reaccionó. Emitió un boletín para quejarse de la filtración como “arma política” y para afirmar que su Gobierno siempre ha defendido la lucha contra la corrupción.

En el Congreso Nacional, los aliados del expresidente y de su sucesora trataron de criticar la operación Lava Jato. “La operación es ilegal y política”, subrayó el líder del Gobierno en la Cámara, Afonso Florence (PT de Bahía). Por su parte, el diputado Pepe Vargas (PT de Rio Grande do Sul) dijo que los fiscales y la policía habían sobrepasado los límites aceptables. “Han querido crear un hecho político. Se aprovechan de que Lula no está aforado y lo sitian de una forma exagerada. Es absurdo. Si hay una denuncia, que la presenten, no hace falta tratar de humillar al expresidente”, afirmó. Miembros del Ejecutivo, como el ministro de Trabajo, Miguel Rossetto (PT), también protestaron: “El presidente Lula ya ha declarado y siempre se ha puesto a disposición de las autoridades. Esto no es justicia, esto es violencia”.

La batalla de Dilma Rousseff

Si el impacto, desde el punto de vista político, ya es evidente, y puede hacer que el péndulo del Congreso se incline de nuevo hacia la destitución de Rousseff, desde el punto de vista jurídico aún es demasiado pronto para decir en qué medida la delación del senador, en caso de confirmarse, podría comprometer directamente a la presidenta, ya que los fiscales tendrían que reunir pruebas y evidencias relacionadas con la acusación, lo que parece no ser fácil a juzgar por lo filtrado hasta ahora.

Lo cierto es que la operación Lava Jato ha entrado en una nueva fase, con nuevos delatores de peso ya confirmados, como el expresidente de la empresa constructora OAS, Léo Pinheiro, y los rumores de que Marcelo Odebrecht, propietario de la compañía más grande del sector en América Latina, podría autorizar, desde la prisión en la que se encuentra, a sus ejecutivos a que colaboren también con la Justicia.

Para la empresa de consultoría de riesgo Eurasia Group, las colaboraciones de Pinheiro, Odebrecht o incluso de personas vinculadas a otra constructora involucrada en la trama, Andrade Gutiérrez, podrían “cambiar las reglas de juego”. “Los próximos dos meses serán críticos, y probablemente representen el terreno más delicado y peligroso para la presidenta en la crisis hasta la fecha”, les escribieron a sus clientes en un comunicado este jueves, cuando el mercado celebraba, con la caída del dólar y la apreciación de Petrobras en la bolsa, nuevas perspectivas.