El FBI admite que bloqueó por error el móvil del terrorista de San Bernardino

El jefe del FBI, James Comey, ha reconocido este martes ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que su personal bloqueó el móvil iPhone de uno de los asesinos de San Bernardino cuando, poco después de a matanza, restableció la contraseña del terminal para el servicio de almacenamiento en la nube iCloud. "Se cometió un error en las primeras 24 horas tras el ataque", admitió Comey en una vista parlamentaria sobre los intentos del Gobierno de que Apple le abra el teléfono del terrorista.

El caso de Apple y el FBI ha ido más allá de California, el lugar donde de donde son los iPhones y el mismo estado donde tuvo lugar la masacre de San Bernardino, en la que fueron asesinadas 14 personas, que ha dado lugar al enfrentamiento entre el gigante tecnológico y las autoridades. Durante la mañana del martes, el director del FBI y Bruce Sewell, vicepresidente responsable de asuntos legales de Apple, han defendido posturas encontradas en el Congreso de Estados Unidos.

La vista ha girado en torno al debate que genera la encriptación para la seguridad nacional. La visión de la empresa no ha diferido de lo expresado hace dos semanas por Tim Cook en una carta a los consumidores. Sostiene que no se debe cambiar el sistema operativo para acceder a datos bloqueados. Apple, además, llegó con la confianza que le otorga una sentencia favorable de un juzgado de Nueva York que apoyaba su tesis en un caso de narcotráfico.

El representante del FBI evitó los rodeos en su primera intervención, negó que el FBI pidiese la llave de una puerta trasera para abrir los aparatos de Apple. “Ya hay una puerta en el iPhone para hacerlo, es la contraseña encriptada. Lo que pedimos a Apple es que quite de ahí el perro guardián que tienen ahí y nos dejen tomar el candado a nosotros”. En términos de ejecución, esa frase se traduce en que Apple cree un software que neutralice la característica de seguridad pensada para borrar el contenido del móvil en caso de que se den intentos de acceso erróneos y reiterados. Una vez que Apple diese de baja ese control, el FBI volvería a intentar dar la contraseña hasta que desbloquease el móvil sin miedo a que se borre por completo.

El FBI sostiene que dentro del teléfono puede haber pruebas clave para el caso de San Bernardino, como la localización del supuestos asesino, las últimas llamadas y contactos que tuvo. Este debate ha creado una situación extraña. Los republicanos, normalmente férreos defensores de las libertades individuales, se han puesto de lado del FBI. Bob Goodlatte, senador republicano por Virginia, pidió una solución intermedia: “Tenemos que intentar dar con una forma para que la seguridad física no se enfrente a la seguridad de la información. La ley tiene que mantenernos a salvo y luchar contra los delitos. En este país, las empresas tecnológicas tienen que cuidar de la seguridad de nuestros servicios tanto como la de los ciudadanos”. Al mismo tiempo reconoció que ese equilibrio no es sencillo: “Es complicado dejarlo en manos de los jueces, creo que tenemos que debatirlo en el Congreso”.

Una de las personas que puede definir este caso es Cyrus Vance Jr., fiscal del distrito de Manhattan, en Nueva York. Está entre la lista de personas llamadas a testificar y ya ha enviado un documento en el que se explica que en su departamento tienen 175 aparatos de Apple que su equipo de investigadores forenses no ha sido capaz de abrir. “Tenemos que tener presente que el 95% de los casos criminales de este país se resuelven de manera local o estatal. Desde que en el otoño de 2014 Apple puso la encriptación por defecto, nos hemos visto afectados en muchas investigaciones”. En la propuesta de Vance a los legisladores propone que se diseñen los productos con una fórmula para que la policía pueda acceder a los datos. Aunque Apple no apoya esa idea, sí ha accedido a la creación de una comisión que estudie las implicaciones que tienen la encriptación para crear un marco de trabajo común.