Obama promete 450 millones para apoyar la paz en Colombia en 2017

El Gobierno de Estados Unidos seguirá apoyando económicamente a Colombia en el desarrollo del posconflicto. El presidente Barack Obama anunció este jueves, en una ceremonia en la Casa Blanca junto con Juan Manuel Santos, su decisión de incrementar la ayuda anual que desde hace tres lustros Washington da a Bogotá en el marco del Plan Colombia. Según explicó, presentará un paquete inicial de 450 millones de dólares (más de 400 millones de euros), que deberá ir incluido en el presupuesto de 2017 que tiene que entregar la semana que viene al Congreso. El compromiso monetario debería ser a largo plazo, pero su continuación dependerá del próximo inquilino de la Casa Blanca.

"Un país que estuvo al borde del colapso está ahora al borde de la paz" y Estados Unidos quiere seguir siendo socio de Colombia en este nuevo tiempo de paz, dijo Obama, que reveló que el nuevo paquete de ayuda se llamará "Paz Colombia".

Santos por su parte sostuvo que el Plan Colombia del que este jueves se celebró su 15 aniversario fue un “aporte fundamental” para poder llegar a la inminente firma de un acuerdo de paz con las FARCen Cuba, país al que —igual que Obama— agradeció su ayuda. Unas “gracias” que extendió sobre todo a su anfitrión y aliado en nombre de todo su país.

El dinero irá destinado a asuntos de seguridad, reparación de la víctimas y consolidación de los sistemas de justicia

“En nombre de millones de colombianos que están aprendiendo a vivir sin miedo, gracias. Pero, sobre todo, en nombre de las nuevas generaciones a lo largo y ancho de nuestro territorio; de esos niños y niñas que hoy pueden ver el futuro con más confianza, gracias, muchas gracias”, dijo.

El anuncio del programa “Paz Colombia” fue realizado en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca ante más de 200 invitados. Asistieron altos funcionarios colombianos y estadounidenses de todos los gobiernos implicados en el Plan Colombia, aunque de los expresidentes invitados solo acudió Andrés Pastrana. También asistieron los directivos de los principales centros de pensamiento estadounidenses con programas en América Latina y de ONG como José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch (HRW). Entre los asistentes destacaban asimismo figuras como Ingrid Betancourt, la excandidata presidencial colombiana que estuvo presa de las FARC durante más de seis años, o estrellas como el piloto de NASCAR Juan Pablo Montoya y el actor colombiano-puertorriqueño John Leguizamo.

Del dinero que Obama solicitará al Congreso, 390 millones de dólares estarán registrados como “asistencia extranjera bilateral”. El resto, hasta completar algo más de 450 millones, tendrá como destino “programas en curso que contribuirían con los objetivos de Paz Colombia”, dijo la Casa Blanca.  “Paz Colombia” distribuirá los fondos basándose en tres “pilares”. Por un lado, el dinero ayudará a la “consolidación y expansión” de los avances en seguridad y lucha antidrogas, así como la “reintegración de las FARC a la sociedad”. También se buscará expandir la presencia del Estado y las instituciones, sobre todo en zonas previas de conflicto y, finalmente, se promoverán la “justicia y otros servicios esenciales para las víctimas del conflicto”.

Además, Estados Unidos se unirá a Noruega para lanzar una Iniciativa Global de Desactivación de Minas. El objetivo es que Colombia pueda cumplir su compromiso de estar libre de minas para 2021. El monto previsto por Washington en este proyecto es de 33 millones de dólares.

Ni la decisión de aumentar los fondos es una sorpresa, ni el monto es extraordinario. De hecho, no hay una diferencia tan abismal con los 310 millones aprobados ya para este año. Se trata, sobre todo, de un gesto. De demostrar con la cartera y no solo con palabras el respaldo de Estados Unidos a su gran aliado en la región en un momento clave para el futuro de Colombia.

Apenas quedan 50 días para que se cumpla la fecha límite que el Gobierno y las FARC se dieron en septiembre para alcanzar un acuerdo final después de tres años de negociaciones en La Habana. El 23 de marzo podría suponer el fin de una guerra de más de 50 años, que ha dejado casi ocho millones de víctimas. No obstante, aún queda por concretar las zonas de concentración de los guerrilleros y las condiciones de la dejación de armas de estos. De hecho, Santos ya abrió la puerta el miércoles a que la fecha de la firma se pudiese extender, sin que esta peligrase. Las autoridades colombianas están trabajando en ver cómo explicarían a la sociedad una extensión de la negociación sin que esto suponga un coste político. El apoyo público al proceso se ha ido erosionando con el paso del tiempo.

La visita a Washington le ha servido a Santos para recabar también apoyo político, tanto o más necesario que el económico. Pese a que desde el inicio Estados Unidos ha respaldado la iniciativa, la prolongación de las negociaciones y el reciente acuerdo de justicia han suscitado ciertos recelos que el presidente colombiano quiere aplacar. Las críticas de la organización Human Rights Watch (HRW), de gran calado entre los demócratas, no sentaron nada bien al Gobierno de Santos.

En los dos días de visita que lleva —que completará este viernes con más encuentros de alto nivel regional y local— Santos no ha perdido ni un minuto. Ha celebrado varias reuniones con congresistas y senadores de ambos partidos que le han permitido explicarles personalmente el acuerdo de paz que busca con las FARC. Sobre todo entre los republicanos hay grandes reticencias ante este pacto. Les incomoda especialmente la idea de que un jefe guerrillero, Simón Trinidad, encarcelado en Estados Unidos pueda salir libre, como reclama la guerrilla para llegar a un acuerdo final. También genera rechazo la idea de sacar a las FARC de la lista terrorista norteamericana.

Las reuniones en Washington han sido una oportunidad, como señaló Santos tras su primera ronda de encuentros del miércoles, para “aclarar muchas dudas y mucha información equivocada sobre lo que se ha negociado en el proceso de paz”. Santos también hizo esta labor de aclaración con empresarios y hasta con representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, de las que quiso saber qué temas del proceso de paz más les preocupaba, según explicó a este diario uno de los participantes, que habló bajo condición de anonimato.

Tras el fracaso del proceso de paz en El Caguán, a finales de 1998, Colombia tenía todos los ingredientes para convertirse en un Estado fallido. El cartel de Cali aún seguía en pie y las FARC gozaban de su mayor apogeo con casi 25.000 miembros. Cerca de 3.000 personas eran secuestradas al año y la tasa de homicidios era una de las más altas del mundo.

Aunque el Plan Colombia cambió la estrategia de la guerra contra las FARC y permitió debilitar considerablemente a la guerrilla, los resultados en la lucha contra el narcotráfico son cuestionables. Los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína aumentaron en 2014 y pasaron de 48.000 a 69.000 hectáreas, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En materia de defensa de los derechos humanos, las dudas son también mayúsculas. Los ‘falsos positivos’, la participación de militares en el asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros, es el caso más ilustrativo.