Bruselas quiere incluir en sus bases de datos los antecedentes penales de ciudadanos no europeos

"Los atentados de noviembre en París han confirmado la necesidad urgente de una cooperación judicial más sólida y sin fisuras en toda la UE", ha declarado la comisaria del ramo. El Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS, por su acrónimo inglés) está en marcha desde 2012 con la salvaguarda de que sólo se alimentaba con información de criminales de nacionalidad comunitaria dando igual, eso sí, el lugar del crimen, siempre y cuando fuera dentro del territorio de los Veintiocho.

"El punto importante", enfatizó Jourová, es que una vez la propuesta salga adelante, también los nacionales no comunitarios entrarán en el ECRIS. Así lo plasma también uno de los puntos de la agenda europea de seguridad aprobada por el Ejecutivo comunitario el pasado abril. "La lucha europea contra el crimen que supera nuestras fronteras es más grande que nunca", señaló en una breve introducción a la prensa.

Las huellas dactilares también formarán parte de los datos de información penal que se intercambien en el marco ECRIS, según los planes de Bruselas. De esta forma, Jourová pretende atajar el problema de las identidades falsas. "Como el atacante de la comisaría de París", ha ilustrado, "del que se supo que tenía siete pasaportes de siete nacionalidades diferentes".

Los Estados miembros intercambian cada año unas 288.000 solicitudes de información sobre condenas previas, según datos de la Comisión Europea. Este número, como es lógico, incrementaría al introducirse información penal sobre ciudadanos de terceros países ajenos a la UE, pero también habría un "ahorro" en administración y en tiempo de solicitud de información al Estado del que es nacional la persona de la que se está solicitando información, explica el brazo ejecutivo de la Unión. 

Jourová hará la propuesta formal el próximo 26 de enero ante los ministros de Interior y Justicia de los Veintiocho, que tienen previsto participar en una reunión informal en Ámsterdam, capital de Holanda, país que ostenta desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2016 la presidencia de turno de la UE. Una vez que los ministros hayan dado su visto bueno a la propuesta, esta deberá volver a debate al pleno de la Eurocámara y, finalmente, entrará en vigor un año después de haber sido publicada en el Diario Oficial de la UE.