Los atentados irrumpen en el tenso debate de los refugiados

La matanza de París amenaza con enturbiar el reto político más sensible que Europa tiene entre manos: la acogida de refugiados. La mera sospecha de que un pasaporte sirio encontrado en una de las escenas del crimen pueda estar relacionado con los terroristas de París ha servido para que cunda el miedo. “No deberíamos mezclar diferentes categorías. La persona responsable de los ataques de París es un criminal, no un refugiado ni un demandante de asilo”, ha alertado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

La policía francesa encontró un pasaporte sirio cerca del cuerpo de uno de los terroristas suicidas. Grecia ha confirmado que una persona con ese documento entró por la isla de Leros el 3 de octubre y Serbia asegura que se registró en sus fronteras como demandante de asilo cuatro días después. Fuentes de la inteligencia estadounidense aseguran a la cadena CBS que el pasaporte es falso, un problema extendido en los documentos de identidad sirios, que son fáciles de falsificar. Pese a que todo en esta conexión es confuso, los dirigentes europeos que ya eran reacios a la acogida de sirios han aprovechado para sembrar dudas sobre el proceso. Esas manifestaciones golpean con fuerza un reparto de demandantes de asilo que no acaba de arrancar, en buena medida por falta de compromiso político. Se ha convocado hoy una reunión extraordinaria de ministros del Interior para hablar de terrorismo este viernes 20 de noviembre en Bruselas.

La más inquietante procede de Polonia, uno de los países a los que mayor número de asilados le corresponde reubicar de la cuota europea pactada en septiembre (6.182 en la primera tanda de los ya asignados). El nuevo ministro polaco para Europa, Konrad Szymanski, aseguró el sábado que su Gobierno no podía comprometerse a participar en el proyecto: “A la vista de los trágicos sucesos de París, no vemos posibilidades políticas de aplicarlo”. El nuevo Ejecutivo polaco, de ideología euroescéptica y muy conservadora, ha endurecido la postura –ya reacia- de la anterior derecha moderada que gobernó hasta finales de octubre pasado.

Reticencias

Otros vecinos del Este le han acompañado en sus reticencias. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, votó en contra de la distribución de asilados e incluso amenazó con recurrirla ante el Tribunal Europeo de Justicia. La pista del pasaporte sirio en uno de los escenarios del crimen le da ahora munición para rebatirla. “Hemos dicho que hay enormes riesgos de seguridad ligados a la migración. Espero que alguna gente abra los ojos ahora”, recalcó el sábado. “Decenas de miles de personas cruzan nuestras fronteras, son detenidos, enviados de vuelta… Seguramente hay entre ellas gente decepcionada o enfadada y eso es un riesgo potencial”, añadió el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov.

Pese a todas las incertidumbres, el presidente de la Comisión Europea ha insistido este domingo en que la reubicación de refugiados desde los países más presionados hacia otros con menor número de asilados continuará. “Veo las dificultades, pero no la necesidad de cambiar nuestro enfoque general”, ha dicho Juncker en el encuentro de los líderes del G-20 en Antalya (Turquía). El mandatario europeo ha instado a los líderes de los Estados a “no ceder ante reacciones primarias”.

La Comisión Europea sabe bien que el riesgo de fracaso de este proyecto es enorme. Ya antes de los atentados de París, apenas se habían producido 147 traslados de refugiados entre países desde que se aprobó la medida, en septiembre. Para cumplir el compromiso de distribuir a 160.000 en dos años deberían trasladarse casi 6.700 cada mes. Además, las dificultades que afronta Alemania, el país con la mayor cuota de acogidas asignada, y la voz de alarma que ha dado Suecia, que ha pedido pasar de ser uno de los que más acoge a enviar algunos miles de los arribados allí al resto de socios comunitarios, ensombrecen este proyecto pionero.

Las dudas sobre la posible entrada de terroristas en Europa camuflados entre los demandantes de asilo se han suscitado en diferentes círculos políticos europeos. El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue uno de los que lo expresó públicamente. Sin embargo, los expertos de Frontex –la agencia europea de supervisión de fronteras- y otras fuentes comunitarias han asegurado carecer de indicios que sostengan esta tesis.