“El mayor respaldo que tengo es el de la sociedad civil”

Miguel Ángel Gálvez (Ciudad de Guatemala, 1958) responde nervioso; mirá por allá, observa a quien se acerca, ojea la grabadora sobre la mesa, mira al techo para recordar detalles. El titular del Juzgado B de Mayor Riesgo en Guatemala contesta sin aspavientos y sin pensar demasiado, como si en su despacho en Ciudad de Guatemala no tuviera a cargo los graves procesos judiciales que tienen en cárcel preventiva al ahora expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, cabezas de la red de supuestos sobornos en las aduanas del caso de corrupción pública-privada conocido como La Línea, el detonante de la ola de indignación ciudadana que todavía burbujea entre los guatemaltecos.

A dos metros del guardaespaldas que le asignaron las autoridades de Costa Rica para participar en el Seminario Centroamericano sobre cómo abordar el crimen organizado, Gálvez dedica explica lo que ocurre en Guatemala, o al menos cómo se ve desde su oficina en el piso 14 del edificio del Poder Judicial guatemalteco. Admite que no se siente seguro, pero dice que duerme bien y su discurso es optimista acerca de una mejor Guatemala, sobre todo si la sociedad civil sigue vigilante y si se sostiene el apoyo internacional mediante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Gálvez, recordado también por enviar a juicio al dictador Efraín Ríos Montt, a ratos dice hablar como ciudadano, como si aún fuera el estudiante de Derecho que trabajaba como mensajero para pagar la matrícula y convertirse en el primer abogado de su familia. Hoy es el juez de moda en Guatemala.

Pregunta. ¿Cuánto influyó en sus decisiones sobre Pérez Molina la presión social?

Respuesta. Uno trata de no prejuzgarse por las presiones o la sociedad civil, aunque está claro que estos no son procesos comunes. Las decisiones se toman según vengan las investigaciones, pero recordemos que él [Pérez Molina] se sentó en el juzgado como presidente. Tengo entendido que se había reunido con Daniel Baldizón [candidato presidencial del partido Líder] y recibió garantías de que no pasaba nada, porque entre los dos partidos dominaban el Congreso. El presidente estaba muy seguro de que su acusación iba a ser declarada sin lugar; no se preocupó, pero el desenlace y las presiones dejaron a los diputados sin alternativa. Sin el contexto social no se hubiera logrado mucho.

P. ¿Se siente respaldado por la sociedad de Guatemala?

R. Por supuesto, el mayor respaldo que tengo es el de la sociedad civil. Me agrada el respaldo personal, aunque a veces se pierde la privacidad y me piden fotos o me pagan el desayuno y es un poco incómodo.

P. ¿Eso afecta a su seguridad?

R. Por supuesto. Se me ha reforzado la seguridad, cambiamos vehículos y toda mi vida privada se terminó.

P. ¿Y el apoyo internacional?

R. Sin ese apoyo, las investigaciones hubieran fracasado. Eso ha pasado en otros momentos.

P. ¿Cuál es el futuro de esas investigaciones?

R. El problema es que el proceso está comenzando. Falta bastante. Hay bastante procesos contra funcionarios públicos.

P. ¿Podrá seguir usted en su cargo?

R. Yo considero que sí voy a seguir. Lo único es que dentro del mismo seno de la Corte hay diferencias y cosas que uno no sabe.

P. ¿No se siente apoyado por la Corte?

R. Muy poco. Ellos fueron elegidos por las cúpulas de Gobierno y las personas involucradas... se da un cierto resentimiento.

P. ¿Está usted seguro en Guatemala?

R. ¿Seguro del todo? No, por supuesto que no. Voy de casa al trabajo y del trabajo a la casa, sin otros caminos, y me voy a encerrar. Espero que pase un tiempo y volver a la normalidad. Quisiera volver a vivir tranquilo.

P. ¿A usted le cayó el caso en las manos o lo buscó?

R. El problema que tenemos en la Corte es que había algunos jueces que también están siendo procesados ahora. Cada vez se van limitando las posibilidades. Y me enviaron el proceso a mí. La misma juez que comenzó el proceso es ahora parte de ese mismo proceso. Le soy sincero, yo no pensé que el proceso fuera a llegar a esos niveles.

P. ¿Nunca?

R. Yo dicté la orden de aprehensión de Roxana Baldetti [el 21 de agosto] y estaba tan ocupado que no medí las consecuencias. Ella estaba en un sanatorio privado y el administrador me llamó para decirme que me hiciera yo responsable. Si la hubiéramos mandado a un hospital público… sabes que la van a matar. Ha habido intentos de quererla sacar del carro y uno no la puede exponer, independientemente de qué haya pasado.

P. ¿Cómo puede trabajar en un Poder Judicial tan cuestionado?

R. El problema es que al hablar de crimen organizado... hay muchas ofertas de dinero. Las mismas condiciones de postulación [para ser magistrado, en 2014] así se manejaron.

P. En Guatemala un grupo llamaba a no votar y usted sí lo hizo. ¿Por qué?

R. No nos podemos dar el lujo de un rompimiento constitucional, porque eso lo que hace es agravar más la situación y traer consecuencias enormes, especialmente frente al mismo crimen organizado. Mejor seguir dentro de la constitucionalidad y ahorita sí es momento para presionar, por ejemplo, para que se reforme la ley electoral que rige a los partidos y depurar al máximo las instituciones.

P. ¿Qué es lo más urgente en la ley electoral?

R. El problema nuestro es de financiamiento de los partidos. Ahí es donde está involucrado el crimen organizado. O sea, los que llegan, llegan ya condicionados.

P. ¿Lo dice por el señor Jimmy Morales [presidente electo]?

R. Es que él no lo ha aclarado. Ese es uno de los problemas mayores en Guatemala. La campaña de él no fue como la de Baldizón, que fue muy ostentosa, pero de dónde sacaron todo ese dinero y qué compromisos adquirieron, no se sabe. Las cosas no son casuales. Algo pasó ahí.

P. ¿No teme que al final, como ocurrió con Ríos Montt, haya decisiones judiciales superiores que propicien la impunidad?

R. Claro, esos son los riesgos. Espero que no sea así, pero son personas que tienen mucho poder. Un factor indispensable es que la sociedad civil se involucre en la fiscalización. Esta es una oportunidad que tenemos que aprovechar.