Los conductores que cuidan de los muertos de São Paulo

El cuerpo de Daniel* ya estaba rígido y ni su hermana, ni Jose, el conductor del coche fúnebre del Ayuntamiento, ni el agente de una funeraria privada que andaba por ahí conseguían vestirlo. Nadie del Instituto Médico Legal (IML) de la zona este, donde le realizaron la necropsia a Daniel, estaba ahí para ayudar, a excepción de una limpiadora. La señora, con grandes guantes de goma amarillos, resolvió el problema haciendo palanca con una escoba con la que levantó del fondo del féretro las piernas del joven, muerto por sobredosis.

Una costura mal cerrada tras la autopsia estaba manchando de sangre el rostro, el cuerpo y el ataúd de Daniel, mientras su hermana lamentaba entre llantos no haber parado en la farmacia para comprar gasas. El cuerpo fue trasladado al cementerio donde Jose, también sin gasas y que por contrato solo debe colocar los cuerpos en los ataúdes y rellenarlos de flores, limpió la sangre que, durante el velatorio, iba a impedir mirar al joven sin estremecerse.

Como Jose, otros 140 conductores del servicio funerario municipal cuidan de los muertos de la capital de Sao Paulo, más allá de la conducción del coche fúnebre. Una labor invisible que atiende una media de 79.000 cadáveres cada año.

Dos días antes de Daniel, un hombre de 67 años murió en el hospital estadual de Ipiranga. Sufría insuficiencia renal y Alzheimer y yacía con un pañal en una hamaca metálica en el sótano. Los familiares pidieron que alguien del centro le colocase la camiseta del São Paulo Futbol Club y el pantalón de chándal que habían traído en una bolsa de plástico para darle el último adiós, pero una vez más fue el conductor del coche fúnebre quien se responsabilizó del ritual, ayudado por la familia.

En el cementerio de São Pedro, en la zona este de la ciudad, donde el anciano fue velado y enterrado, otro chófer municipal, con 20 años de servicio, refunfuñaba durante la preparación del cadáver de una anciana. Esta vez, se quejaba de que no tenía guantes para trabajar. “Tenemos que cogerlos de los hospitales”, afirmó mientras se disponía a encajar en el féretro dos ramos de crisantemos marchitos.

El cargamento de guantes atrasado del que hablaba el conductor ya está disponible así como nuevos uniformes y un modesto equipamiento de protección que nadie usa, pero los conductores, un gremio de hombres blindados por fuerza al dolor ajeno, asumen como rutina tareas que no les corresponden. Son el último eslabón de una cadena de normas y la ausencia de ellas. Si ellos no lo hacen, no lo hará nadie y el ritual de vestir a los difuntos, que la dirección del servicio municipal considera una cuestión de derechos humanos, es la última de sus batallas. La de los honestos. Otros funcionarios, sin embargo, amparados en el dolor de los parientes que raramente denuncian, cobran a cambio de adecentar a los muertos y hacerles unos arreglitos. Los hay que duplican su sueldo con las propinas.

El negocio de los muertos

Por ley, en la capital paulista, los servicios funerarios son de competencia exclusiva del Ayuntamiento y el negocio de las funerarias particulares está prohibido. Para contratar un funeral, la familia debe tener en mano la Declaración de Defunción que puede ser suministrada por un médico, un hospital, por el Servicio de Verificación de Óbitos o por el Instituto Médico Legal (IML). Con ese documento, el Ayuntamiento comienza la organización del entierro y del homenaje al difunto. Los familiares tienen libertad para contratar empresas para comprar coronas de flores, en la contratación de una sala privada para el velatorio, el embalsamiento o el transporte a otros municipios.

En la práctica, se trata de un monopolio de un servicio considerado esencial y se compromete a ofrecer precios que solo cubran sus costes. El entierro más simple cuesta 701 reales (menos de 200 dólares).

El Servicio Funerario de la ciudad de São Paulo, deficitario, es la mayor empresa del Ayuntamiento y cuenta con 175 millones de reales de presupuesto. Administra 22 cementerios municipales, 18 velatorios y un crematorio.

El origen de la corruptela está en que nadie se pone de acuerdo sobre quién debe encargarse de preparar los cuerpos para su presentación a las familias. El Servicio de Verificación de Óbito, asociado a la Universidad de São Paulo (USP) entrega los cuerpos vestidos y con los orificios taponados. En los hospitales, municipales y estatales, sin normativa específica, la entrega a la familia de un cadáver desnudo depende de la unidad, así como en el IML, de donde salen todas las víctimas de muertes violentas o por causas desconocidas. Las normas del Instituto, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, sí obligan a entregar el cuerpo limpio y vestido, pero hasta hoy, si no fuese por los trabajadores de algunos turnos, no se cubrirían los cadáveres ni con una mortaja.

Carlos es de los que se queja, pero acaba cubriendo a los muertos “por respeto a su familia”. Lleva en la sangre el oficio y, como muchos de sus colegas, deambula entre cadáveres desde que era un niño, cuando comenzó a acompañar a su padre en el coche fúnebre. Afirma que muchas de las cosas que hace son “por amor a la profesión”, aunque cueste creerlo después de verlo encajar en un ataúd, sin ayuda de nadie, un cuerpo completamente destrozado, al que parece que le haya pasado un autobús por encima. Esa noche le entraron nauseas en el IML y ahí mostró sus límites: la corbata que trajo la familia para el funeral se quedó en la bolsa y la camisa la usó a modo de sábana para cubrir rápidamente la carnicería. El cajón permaneció sellado. “Esto es todos los días. Si no lo hago yo no lo hace nadie, ¿voy a llamar a la familia para ver esto?”, cuestiona.

La corrupción en pequeña y grande escala es otro de los problemas endémicos del servicio, una empresa municipal históricamente deficitaria que solo ahora comienza a sanear sus cuentas y sus instalaciones ruinosas. Trabajadores de funerarias privadas también aprendieron a usar el tabú de la muerte para hacer negocio en la puerta de hospitales e IML’s. Los llamados papadifuntos aprovechan que la gran mayoría de los paulistanos desconoce que el luto en la capital es de competencia exclusiva del Ayuntamiento y prometen mejores servicios y trámites más rápidos por cantidades desorbitadas. La burocracia, el transporte y el entierro del cuerpo continúan siendo de responsabilidad municipal pero cuestan seis veces más en manos de los intermediarios. La trama, claro, se vale de la colaboración de algunos funcionarios públicos que también ganan dinero con el fraude.

El viejo conductor Jose, que heredó la profesión de su padre, jardinero de cementerios y que lleva 36 años de servicio, gana poco más de 3.200 reales al mes (830 dólares). Su base salarial aumentó un 70% en 2013 con la gestión del actual alcalde, Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores), pero algunas tareas, sin embargo, mantienen remuneraciones ridículas. El ritual de decorar con flores el féretro antes del velatorio supone un extra de cerca 35 reales (nueve dólares) al mes y el complemento por insalubridad, conquistado solo en la actual gestión del servicio tras años de reivindicación, no supera en ningún caso los 50 reales.

El debate sobre la privatización está en discusión hace años. La gestión actual pretende poco a poco subcontratar conductores, entre otras cosas, para poder despedirlos cuando se demuestre su implicación en fraudes, pero garantiza que no hay interés en convertir en lucro un servicio que considera esencial. La máxima que se escucha en los despachos es la misma que rige el mejorable trabajo de los conductores. Si el Ayuntamiento no ofrece a los más pobres un entierro gratis a quien no tiene cómo pagarlo o un homenaje modesto de 700 reales, ¿quién lo hará?

 *Todos los nombres fueron cambiados