La violencia electoral en Colombia se niega a desaparecer

Ignacio Nacho Londoño era el abogado de algunos de los capos más poderosos del país hasta el pasado 20 de julio cuando fue asesinado. El penalista era el favorito para llevarse la alcaldía de Cartago, en el oeste colombiano, pero cinco días antes de que comenzara la campaña electoral, durante la jornada de descanso de su nutrido séquito de guardaespaldas, un sicario acabó con su vida. Con Londoño, otras 20 personas vinculadas a la política o a la administración han muerto justo antes de las elecciones regionales que se celebran este domingo, según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE). En 2011, anterior año electoral, se produjeron 41 homicidios.

“El riesgo ha descendido levemente”, opina Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, una ONG independiente que monitoriza estos procesos desde 2006. “La violencia contra candidatos, contra periodistas y el desplazamiento forzado baja menos de lo esperado en un contexto de negociación del proceso de paz”. La investigación realizada por esta organización concluye que hay 206 municipios en riesgo por violencia y fraude, de los 1.121 del país, una cifra aún elevada. Si se desglosan los datos, 438 localidades no solo afrontan un cambio de gobierno, también viven la violencia de forma directa, nueve menos que en 2011.

Con las FARC sentadas desde hace casi tres años a la mesa de negociación en La Habana, el último cese el fuego que comenzó el pasado julio, y restos del paramilitarismo convertidos en bandas criminales (bacrim), según la denominación del Gobierno de Juan Manuel Santos, el terror tiene nuevos apellidos. “Buena parte de la violencia viene de otras formaciones políticas y grupos de interés”, plantea Vargas, que reconoce que no se puede identificar a un solo partido, sino que se trata de un nuevo tipo de confrontación. De la persecución directa contra la izquierda, hoy se ejerce contra cualquier partido con independencia de su ideología o región. “No se concentra en la oposición, por tanto no se trataría de un ejercicio de represión política”, plantean desde el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). Esta institución también ha identificado que los departamentos donde se concentra la mayor cantidad de actos de violencia electoral no coinciden con zonas de alta presencia guerrillera, “lo que no quiere decir que las FARC hayan dejado de ejercerla como demuestran varias denuncias de la Defensoría del Pueblo”.

La violencia no solo la ejercen ahora una nueva variedad de autores, también tiene características propias de este período de transición. “Es más selectiva, más urbana que rural y parece tener ahora mayor relación con el crimen organizado”, concluyen desde CERAC.

Aunque el atentado directo pervive, la amenaza es la modalidad que más fuerza adquiere para reprimir al adversario político. Hasta el pasado 20 de octubre, la MOE había contabilizado 174 hechos violentos desde el inicio de la campaña el 25 de julio: 80 contra candidatos y funcionarios, de los que 54 han sido coacciones de este tipo. “El número de víctimas de violencia electoral superó en más del doble lo alcanzado en las elecciones locales de 2011, de 49 a 107. Según nuestros registros, este notable aumento tuvo que ver sobre todo con el número de amenazados, que pasó de 31 a 83”, dicen en CERAC.

La sociedad civil despierta

En el lento camino que recorre Colombia hacia una sociedad democráticamente limpia no solo desempeñan un papel determinante el proceso de paz y el final del paramilitarismo. MOE pone sobre el escenario a otros dos actores: “La sociedad civil cada vez más se preocupa por controlar a su administración y denuncia ilegalidades a través de nuestros canales”. Por otra parte, está el Estado y su capacidad de renovación para hacer frente a un país que después de 60 años podría conseguir la paz. “La Fiscalía General de la Nación ha estado muy activa este año y se ha enfocado mucho en los delitos electorales”, opinan. “Aquí radica la esperanza de que las cifras mejoren”.

La Unión Patriótica (UP), que regresa a unas elecciones después del exterminio que sufrieron sus militantes las últimas décadas, reconoce cierta evolución en los órganos del Estado, pero al mismo tiempo siente que “la estructura electoral sigue siendo profundamente excluyente”. Desde la formación denuncian, entre otros factores, que “subsiste un sistema político que beneficia a sectores tradicionales”. El partido ha denunciado ataques directos a sus candidatos en zonas como Sucre, el Cauca o en el norte de Santander, lugares donde tradicionalmente regían las FARC. “En la zona del Pacífico, nuestro candidato Marino Grueso, un joven afro, ha sido detenido y no creemos que haya garantías judiciales”, especifica Gabriel Becerra, miembro de la dirección nacional del partido.

En lo que coinciden, apoyados en los datos, es en que la campaña no ha supuesto un punto de inflexión para Colombia. El verdadero reto comienza al día siguiente. “Estas elecciones no marcan un nuevo comienzo para la historia del país”, opina Vargas. “Los nuevos gobiernos tendrán que asumir un papel muy importante en la refrendación y sobre todo en el desarrollo de los acuerdos de paz”, apostilla Becerra.