La financiación ilegal en Chile toca al político mejor evaluado

Si las encuestas fuesen una radiografía exacta del momento político y las presidenciales se realizaran este domingo en Chile, el líder del Partido Progresista de Chile (PRO), Marco Enríquez-Ominami, sería el próximo Presidente de la República de Chile. De acuerdo a la última investigación del Centro de Estudios Públicos (CEP), el exdiputado socialista que pretende llegar a La Moneda en su tercer intento se ha instalado como el político mejor evaluado del país, pese a que las instituciones democráticas y sus dirigentes parecen no poder superar el descrédito ciudadano. La principal incógnita en el caso de Enríquez-Ominami, sin embargo, es si logrará mantener su popularidad hasta fines de 2017, cuando se celebren las elecciones, considerando que la Fiscalía ha anunciado que lo citará a declarar como imputado en una de las principales tramas de financiación ilegal de la política que han remecido a Chile este 2015.

Hijo del fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, asesinado por la dictadura militar en 1974, el líder del PRO ha sido vinculado por la Fiscalía al caso SQM, lo que resulta especialmente sensible considerando su biografía. La trama investiga los pagos irregulares a la política de la minera controlada por el exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, cuya fortuna tiene sus orígenes en la dictadura de su exsuegro (1973-1990) y en las privatizaciones de las empresas del Estado. Aunque la compañía habría financiado las campañas de políticos que no son necesariamente de derecha, sino de diferentes sectores, las donaciones resultan especialmente complejas para dirigentes de centroizquierda y de izquierda, cuyo discurso público se instala en las antípodas de empresarios como Ponce.

El Ministerio Público indaga el destino de 362 millones de pesos (unos 540.000 dólares) que la filial Salar SQM realizó a la empresa del exasesor y amigo de Enríquez-Ominami, Cristián Warner, su mano derecha en sus dos campañas presidenciales (2009 y 2013). De profesión periodista, Warner enfrenta una querella de parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) por estos pagos que se realizaron entre marzo de 2011 y diciembre de 2013, que coinciden con la segunda campaña. La Fiscalía pretende desentrañar el papel de Enríquez-Ominami, que podría haber estado al tanto de estas donaciones, según se deduce de los correos electrónicos entre su asesor Warner y una secretaria de SQM, publicados por la prensa local. “Me permito molestarla para saber si ha tenido alguna referencia al tema que le planteaba hace unos días atrás, referido al proyecto de Marco Enríquez-Ominami”, escribió Warner en diciembre de 2010, según reveló la revista Qué Pasa.

El líder del PRO que renunció al Partido Socialista para su primera campaña de 2009, nacido poco antes del Golpe de Estado, en junio de 1973, debería comparecer ante la Fiscalía el próximo 22 de octubre. Mejor evaluado que la senadora Isabel Allende, el expresidente Ricardo Lagos y el ex Jefe de Estado, Sebastián Piñera, posibles cartas presidenciales para las elecciones de 2017 que se encuentra bastante desatada, Marco Enríquez-Ominami no se ha referido en Chile a la citación del Ministerio Público. Cuando el vespertino La Segunda dio a conocer la noticia el pasado viernes 9, el exparlamentario divulgó un comunicado en el que señaló estar “muy tranquilo y confiado en que la Justicia hará su trabajo adecuadamente y en que no se va a prestar para maniobras políticas que buscan proteger a algunos y enlodar a otros”.

Las tramas donde se cruza la política y el dinero han marcado este 2015. Uno de los casos de mayor impacto ha sido Caval, de la empresa de la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon. De acuerdo a lo anunciado por la Fiscalía, las primeras formalizaciones podrían producirse en las próximas semanas.