La Justicia de Brasil investigará las cuentas electorales de Dilma Rousseff

La tregua en la crisis política ha durado poco para la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Pocos días después de inaugurar un nuevo gabinete para acomodar a aliados a cambio de apoyo estable del Congreso, la mandataria ha sufrido una derrota importante frente a la oposición. En un paso sin precedentes, el Tribunal Superior Electoral (TSE), una rama específica de la Justicia de Brasil que investiga delitos electorales, decidió abrir una investigación a petición de la oposición sobre presuntas irregularidades en las cuentas de la campaña presidencial de 2014. En la práctica, en última instancia, el TSE puede desde apenas multar la campaña hasta quitar a los dos del poder, con la cancelación del cargo de la presidenta y de su vicepresidente, Michel Temer (PMDB), aunque los especialistas, por ahora, consideran poco probable este último desenlace.

En cualquier caso, la decisión debilita aún más al Gobierno, que corre contra el tiempo para tratar de bloquear otra bomba de relojería: el análisis de las cuentas del Gobierno de 2014 por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), previsto para este miércoles. El juicio, donde pueden ser rechazadas las cuentas por supuestas maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas, es, junto con la acción electoral del TSE, la apuesta de la oposición para acortar el mandato de Rousseff. Los diputados de la oposición solo esperan la decisión negativa del tribunal —que, si se produce, será también inaudita en la historia de este órgano de supervisión de bajo voltaje político— para basar una petición más de destitución contra ella en la Cámara de los Diputados.

El debate sobre los criterios técnicos frente a los políticos ha basado toda la defensa jurídica del Gobierno Rousseff. Sus abogados argumentan que las maniobras fiscales conocidas como pedaladas siempre se han practicado, pero nunca se han castigado, mientras que su tropa de choque da entrevistas y hace discursos que enfrentan el informe del ministro en el TCU. La oposición, por su parte, dice que las reacciones del Gobierno son “artimañas condenadas al fracaso”.

Mientras tanto, el Ejecutivo reacciona. El equipo de Rousseff presentó una protesta contra uno de los miembros del TCU, Augusto Nardes, ya que alega que el político, que comenzó su carrera en la dictadura militar brasileña, ya ha hecho declaraciones condenando a la presidenta y no es imparcial.

La noche del jueves pasado, la gestión Rousseff apeló ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la última instancia judicial brasileña, para derribar la sentencia, en caso de que al ponente no se le impida votar en el TCU. En su defensa, el ministro Nardes dijo que no anticipó su decisión y que las entrevistas concedidas por él se basaron en decisiones anteriores del propio tribunal. Además, denunció que la gestión del Partido de los Trabajadores estaba tratando de intimidarlo. El mes pasado, la seguridad del ministro fue reforzada tras recibir mensajes amenazantes por correo electrónico. Una de ellas, según el propio Nardes relató al diario O Globo, decía: "Vamos a acabar contigo". Para rematar, este miércoles el diario Folha de S. Paulo publicaba que Nardes está siendo investigado por haber recibido pagos de una empresa investigada por fraudes fiscales.

La tentativa del Gobierno es retrasar lo máximo posible el análisis de esas cuentas para que Rousseff pueda recuperar su base de apoyo en el Congreso. La semana pasada la presidenta hizo una reforma ministerial para darles más espacio a los aliados, especialmente al PMDB, para asegurar la base en las votaciones en el Parlamento. Sin embargo, este martes el Gobierno no consiguió garantizar el quórum necesario para votar los vetos presidenciales y alejar de una vez por todas los llamados proyectos bomba, que incluyen el aumento de los funcionarios y otras medidas en el momento en que Rousseff lucha para tapar un agujero fiscal de 30.000 millones de reales (más de 6.800 millones de euros) en el presupuesto del año que viene.