Libertad para cuatro militares implicados en la matanza de Tlatlaya

El caso Tlatlaya tomó este lunes un rumbo inesperado. Un juez federal dejó en libertad a cuatro de los siete soldados implicados en la matanza. La decisión, que desató una oleada de protestas entre organizaciones de derechos humanos, se basó en que la Procuraduría General de la República no había aportado pruebas suficientes para sustentar su acusación (ejercicio indebido del servicio público). Para otros tres militares, considerados los autores materiales de las muertes, el juez decretó el ingreso en prisión.

Desde sus inicios, el caso ha puesto en el disparadero al estamento militar. La reconstrucción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que la madrugada de 30 de junio de 2014 un grupo de militares mató a sangre fría a 15 supuestos narcos entre ellos dos adolescentes, que se habían rendido tras un enfrentamiento armado en el que habían caído previamente siete civiles. Tras el crimen, los soldados manipularon la escena para hacer creer que todos habían muerto durante un cruce de tiros. El resultado fue una versión inverosímil, en la que se sostenía que, de madrugada, un convoy militar se había topado por casualidad con una bodega custodiada por supuestos narcos y que estos al ver a los soldados les dispararon, con el resultado de 22 narcos muertos y un solo militar herido leve. Pese al sin fin de dudas que suscitó este relato, la Secretaria Nacional de Defensa lo defendió pública y reiteradamente.

Los soldados manipularon la escena para hacer creer que los 11 supuestos narcos habían muerto durante un cruce de tiros

La versión se resquebrajó cuando una superviviente, que los soldados tomaron por secuestrada, hizo pública la barbarie: “Ellos [los soldados] decían que se rindieran, y los muchachos pedían que les perdonaran la vida. […] ‘Luego los paraban así en hilera y los mataban (…) Se escuchaban los quejidos, los lamentos”.

Estas declaraciones desataron una reacción en cadena que alcanzó a Washington. El propio Departamento de Estado, alarmado ante la crudeza de los hechos, pidió una investigación “fáctica y visible”. El presidente Enrique Peña Nieto, en un gesto poco habitual frente al Ejército, entró de lleno en el asunto, apartó de la investigación a la inane Fiscalía del Estado de México y puso el caso en manos federales. Las pesquisas de la Procuraduría General rebajaron los asesinatos a ocho (el resto se entendió como bajas por enfrentamiento) e imputó a siete militares. El juez ha dejado ahora a cuatro de ellos libres por falta de pruebas. Su defensa considera que el resto de imputados correrá la misma suerte. La decisión judicial es apelable.