Bandas de jóvenes ponen en jaque la seguridad de las playas de Río

La imagen de postal de dos de las playas más famosas del mundo, Ipanema y Copacabana, en Río de Janeiro, se llenó este fin de semana de robos y agresiones por parte de numerosos grupos de niños y adolescentes procedentes de barrios pobres de la ciudad. Esta situación sembró el caos y el pánico entre los bañistas y, a la postre, revolucionó la ciudad e hizo que muchos se tomaran la justicia por su mano. La circunstancia ha acarreado que las autoridades tomen una medida polémica: impedir que determinados jóvenes pobres accedan a las playas de la zona más privilegiada de la ciudad, tras ser interrogados por asistentes sociales.

El sábado pasado bastaba quedarse en la playa de Ipanema y esperar: en menos de una hora, un grupo de adolescentes arrancó una cadena de oro a un hombre y otro pelotón de jóvenes robó un teléfono móvil a una pareja, a la vista de todos. Las escenas se repitieron a lo largo del día y la jornada de playa acabó con un asalto multitudinario, de unos 30 jóvenes, que se llevó todo lo que encontró a su alcance en una panadería de un barrio cercano.

La ola de asaltos vuelve a encender el debate sobre la legislación y la edad de responsabilidad penal en Brasil

La sensación de inseguridad en las zonas más ricas de la ciudad, que será la sede de los Juegos Olímpicos en menos de un año, promovió la adhesión de miles de personas a grupos de Facebook que ofrecían consejos para protegerse, alertaban de nuevos asaltos e invitaban a los ciudadanos a tomarse la justicia por su mano.

Y así sucedió: circula por la red un vídeo grabado con teléfono móvil que muestra a un grupo de hombres con conocimientos de lucha libre detener un autobús que partía hacia los suburbios de la ciudad y romper las ventanas en busca de sus ocupantes. Mientras los pasajeros huían por todas las salidas de emergencia, incluida la del techo, los llamados justicieros agarraron a un joven, casi un niño, y le golpearon varias veces, pegándole patadas hasta que el joven consiguió huir. Las escenas, divulgadas en las redes sociales y la televisión, transmitieron a su vez la sensación de una situación fuera de control y algunos vecinos prefirieron quedarse en casa, a pesar de que el termómetro rozaba los 40 grados.

La ola de asaltos también volvió a encender el debate sobre la legislación y la edad de responsabilidad penal en Brasil. “No creo que debamos maltratar a un niño, pero no puede haber tanta impunidad con los menores, ellos saben muy bien lo que hacen. Si no aprenden con amor, tendrán que aprender con dolor. Mientras la ley proteja a los niños que actúan como bestias no vamos a resolver nada. Y no hablo de cárcel, hablo de centros de recuperación, donde los chavales no salgan más bandidos de lo que entraron”, se queja la vendedora de periódicos de un quiosco de Copacabana, Vania Scholz, de 61 años.

Nada de lo que ocurrió este fin de semana, sin embargo, coge de sorpresa a los cariocas. Los robos en pandilla en las playas se repiten cada verano desde finales de los años ochenta, cuando las favelas de la periferia comenzaron a tener conexiones de transporte público con la privilegiada zona sur de Río. Tras estas pandillas, aparecieron aficionados a las artes marciales y el boxeo dispuestos a formar una suerte de milicias determinadas a acabar con los asaltantes.

Cuestión racial

Las autoridades de Río anunciaron el pasado martes que ocho instituciones, entre ellas la Policía Militar, los servicios sociales y la guardia municipal, se unirán para frenar la ola de asaltos en la ciudad. La estrategia de seguridad prevé una medida polémica: el arresto sin más de jóvenes que viajan en esos autobuses desde los suburbios a las playas.

No es la primera vez que esto sucede: a finales de agosto, la Policía Militar arrestó a 160 menores de edad, la mayoría negros, que vestían apenas un bañador y que no tenían dinero ni para volver a sus barrios, lo que les convertía a ojos de los agentes en sospechosos a pesar de no haber cometido ningún delito. La medida fue muy criticada por activistas y defensores de los derechos humanos, que la calificaron de discriminatoria y racista.

Sin entrar en el debate sobre la cuestión de raza, íntimamente relacionada a la condición social en Brasil, un juez consideró la práctica ilegal. La policía, que se confesó con las manos atadas, suspendió entonces los controles. Pero tras el pasado fin de semana, los agentes volverán a parar los autobuses y los menores en “situación de vulnerabilidad” no llegarán a las playas de los ricos. Se quedarán en un centro de acogida a la espera de que aparezcan sus padres. Con una novedad: no será la Policía Militar la que decida qué niños necesitan de tutela, sino los asistentes sociales.