La Fiscalía de Colombia se retracta y no procesará a una actriz por abortar

La indignación que despertó el anuncio de la Fiscalía colombiana de procesar judicialmente a la actriz Carolina Sabino, de 38 años, por un supuesto aborto ilegal tuvo un rápido efecto. Horas antes de la audiencia judicial en la que acusarían a la actriz, el propio fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo, a través de una nota de prensa, dio marcha atrás y dijo que él mismo asumirá el caso. "Personalmente asumiré el estudio de los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión que adoptó un fiscal dentro del ámbito de su autonomía". Y fue más allá. Aseguró que es un defensor del derecho al aborto. "Dentro de mis funciones de contribuir al diseño de la política criminal del Estado, voy a liderar una discusión seria y académica en el país para presentar un proyecto que avance en la protección de los derechos de la mujer a interrumpir el embarazo", manifestó.

El caso, sin embargo, dejó abierto un debate que desde el año 2006 algunas instancias del Estado han ignorado. Ese año la Corte Constitucional reconoció el derecho a abortar cuando hay riesgo para la salud de la madre (física y mental), si existe malformación del feto o si es producto de una violación sexual. Defensores de derechos humanos y organizaciones de mujeres han protestado porque algunas entidades gubernamentales se niegan a reconocer esa práctica y porque el Congreso colombiano ha evitado realizar un debate serio que permita establecer, a través de una ley, mayor claridad en el tema.

En este caso, no solo hubo reacciones porque el anuncio de la Fiscalía afectaría los derechos de la actriz como mujer, también encendió duras críticas porque se afectó el derecho a la privacidad. "Me sorprende que un episodio tan personal y doloroso sea expuesto a ciudadanía, sin tener en consideración por mi familia. Esto no solo ha violado mi intimidad , sino que ha atacado mi dignidad y mis derechos como mujer, como persona y como ciudadana", escribió la actriz horas después de enterarse por los medios de comunicación que una llamada telefónica con su hermana había sido interceptada y las autoridades habían escuchado su decisión de interrumpir su embarazo.

La Fiscalía, en medio de los seguimientos que hacía a su cuñado, Andrés Sepúlveda, por haber intentado sabotear- por medio de interceptaciones ilegales- el proceso de paz entre las FARC y el Gobierno en La Habana, descubrió una llamada de la actriz a su hermana en la que hablaba del tema.

La opinión pública en Colombia rechazó que de una investigación por un caso tan delicado terminara saliendo un escándalo que, algunos llegaron a considerar, digno de una telenovela, con el único propósito de acaparar los medios y tapar algunas acciones por las que recientemente la Fiscalía colombiana ha sido duramente criticada.