El Leviatán desnudo

La auditoría que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la investigación hecha por el Gobierno mexicano sobre la desaparición y supuesto asesinato de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero ha puesto al desnudo los peores vicios del Estado mexicano. Con estupor, la sociedad mexicana ha corroborado la incapacidad del ministerio público de investigar y procesar crímenes de lesa humanidad. Lo que el propio Gobierno y connotados intelectuales llegaron a considerar como la mejor investigación judicial en la historia mexicana no resistió una auditoría externa auspiciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy sabemos que el procurador Jesús Murillo Karam desechó evidencia valiosísima y se casó con una hipótesis fundamentada en confesiones de policías y narcotraficantes – muchas de ellas obtenidas mediante tortura – sin explorar explicaciones alternativas.

La sociedad mexicana ha corroborado la incapacidad del ministerio público de investigar y procesar crímenes de lesa humanidad

Pero más allá de la incapacidad fehaciente del sistema judicial, el reporte de los expertos demuestra que a través de los sistemas de comunicación del Estado mexicano las fuerzas armadas, la policía federal y la policía estatal tuvieron conocimiento en tiempo real del ataque que la policía municipal y los sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos llevaron a cabo en contra de los autobuses pillados por los estudiantes. Del reporte se desprende que el procurador se negó a investigar la posible responsabilidad de las fuerzas armadas y las policías federal y estatal, quienes por omisión o comisión pudieron haber sido cómplices de la desaparición de los estudiantes. El procurador tomó la decisión política – mas no de investigación jurídica – de centrar las acusaciones en las policías municipales y el narco-alcalde de Iguala, sin explorar la cadena más amplia de complicidades que ha posibilitado el desarrollo de la industria criminal en México.

Hay mucha evidencia que vincula a miembros de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico

Hay mucha evidencia que vincula a miembros de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico desde sus inicios en los años setentas y hasta nuestros días. Por declaraciones de testigos protegidos en el exilio y por evidencia de los archivos históricos, hoy sabemos que durante la Guerra Sucia en Guerrero en los años setenta los aviones que se utilizaron para arrojar los cuerpos de disidentes políticos al mar fueron utilizados para transportar droga a la frontera con Estados Unidos.

Hoy sabemos, también, que el General Arturo Acosta Chaparro y el General Francisco Quirós Hermosillo, puntales de la Guerra Sucia, a través de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el órgano de inteligencia política del régimen autoritario, brindaron la protección que permitió el despegue de los principales cárteles mexicanos y su encumbramiento en los ochentas. Aunque el ejército los juzgó y encarceló en 2000, al correr de unos años tribunales federales y militares exoneraron a Acosta Chaparro de cargos de narcotráfico y de asesinato y desaparición forzada y le restituyeron títulos y condecoraciones militares. No pasó nada.

El caso de Ayotzinapa es emblemático de un problema sistémico

A partir del valiosísimo trabajo de investigación de varias generaciones de periodistas aleccionados por el hoy fallecido Jesús Blancornelas, sabemos que tras la desaparición de la DFS a mediados de los ochentas muchos de sus exagentes reprodujeron las redes de protección al narcotráfico en las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República (PGR), las procuradurías estatales, las policías ministeriales y las policías municipales. Estas redes sobrevivieron la transición mexicana a la democracia y son un soporte vital de la industria criminal. Desmantelar estas redes de corrupción y criminalidad que asocian a agentes de seguridad del Estado con los grupos criminales es vital para evitar horrores como los de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. El reporte del grupo de expertos nos sugiere, sin embargo, que en esta vital tarea el Estado mexicano, por ser juez y parte, está rebasado.

Para desmantelar estas redes, el Estado y la sociedad mexicana deben recorrer el largo camino de la verdad y la justicia

Para desmantelar estas redes, el Estado y la sociedad mexicana deben recorrer el largo camino de la verdad y la justicia. Porque México no podrá moverse hasta que se encuentre la verdad y se haga justicia en el caso de Ayotzinapa, lo primero será permitir que el grupo de expertos profundice sus investigaciones, analice la evidencia desechada y explore hipótesis alternativas a la “verdad histórica” del gobierno. Para hacerlo el presidente Enrique Peña Nieto tendrá que seguir una política de puertas abiertas y permitirle al grupo de expertos entrevistarse con toda persona o grupo relevante para la investigación, incluidos los miembros del Batallón 27.

Porque el caso de Ayotzinapa es emblemático de un problema sistémico, es necesario crear una comisión internacional en contra de la impunidad a partir del modelo guatemalteco de la CICIG. Con colaboración de Naciones Unidas y una activa auditoría ciudadana, el Estado mexicano estaría encaminado a desarrollar las capacidades para investigar, perseguir y desmantelar las redes de corrupción y criminalidad que tienen hoy postrado al país.

El presidente Peña Nieto y la clase política mexicana están ante una disyuntiva histórica

Porque el presente criminal está íntimamente ligado al pasado represivo, México necesita abrirse a una de las revoluciones más importantes que el país ha ignorado: la justicia transicional. La evidencia muestra que países que al transitar a la democracia adoptaron mecanismos de justicia transicional – comisiones de la verdad y juicios para exponer y castigar a quienes sistemáticamente violaron derechos humanos en la etapa autoritaria – presentan hoy niveles significativamente más bajos de homicidios y violencia criminal (e.g., Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay) que los países que no lo hicieron (e.g., Brasil, Honduras y México) o lo hicieron a medias (e.g., Guatemala y El Salvador).

El presidente Peña Nieto y la clase política mexicana están ante una disyuntiva histórica: unir fuerzas con la comunidad internacional y la sociedad civil para sacar al país de una gravísima crisis de seguridad y derechos humanos o dejar al país a la deriva y en caída libre. Ante coyunturas históricas, elegir el camino difícil es tarea de estadistas; optar por el camino de siempre es decisión de políticos miopes destinados al basurero de la historia.

* Guillermo Trejo es profesor de la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.