Expertos de la OEA cuestionan la versión oficial de Ayotzinapa

A 20 días del aniversario del caso Ayotzinapa, la desaparición en México de 43 estudiantes a manos de narcos en colaboración con policías locales, el grupo de expertos nombrado por la Organización de Estados Americanos (OEA), con el visto bueno del Gobierno mexicano, para estudiarlo ha presentado un informe en el que se cuestiona la versión oficial. En base a un peritaje independiente de un especialista, se sostiene, contra lo establecido por la averiguación fiscal, que los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, un municipio vecino al del secuestro, Iguala, ambos en Guerrero, un Estado lastrado por la pobreza y el crimen organizado.

Los expertos, cuya tarea de contrastar las pesquisas oficiales es un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano perteneciente a la OEA, afirman que con base en el peritaje tienen "la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero". La conclusión choca con las confesiones de varios detenidos, que según la Fiscalía (Procuraduría General de la República) reconocieron que los habían llevado a ese lugar en un camión y en una camioneta y que, al llegar al basurero, varios habían muerto ya por asfixia por ir amontonados en los vehículos y al resto los remataron a tiros. De acuerdo con esas confesiones los sicarios y sus jefes, pertenecientes al cartel Guerreros Unidos y aliados con el alcalde de Iguala, confundieron a los estudiantes con miembros del grupo rival Los Rojos.

El análisis del lugar de la supuesta pira lo realizó el perito en incendios José Torero sobre el terreno y con pruebas científicas en el laboratorio de la universidad australiana de Queensland, de la que es profesor e investigador. Torero, con experiencia en casos como el atentado contra las Torres Gemelas, determinó, según precisa el informe, que "no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un sólo cuerpo". "Las confesiones realizadas por los presuntos responsables", añaden los expertos, que subrayan que el Gobierno mexicano les ha dado "pleno acceso" al expediente, "no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio". El peritaje de fuego también señala "las limitaciones científicas y técnicas que tuvieron los estudios realizados hasta ahora (...), por lo que sus conclusiones son en su mayoría erradas". La incineración de los 43 cuerpos, según los cálculos de Torero, hubiera requerido 30 toneladas de madera, 13 de neumáticos y unas 60 horas de combustión, mientras que los inculpados afirmaron que la hoguera duró de 10 a 15 horas.

"No hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un sólo cuerpo", expone el informe

El basurero de Cocula había sido durante años usado por lugareños para quemar cosas, y cuando en noviembre el Gobierno concluyó que los estudiantes habían sido incinerados allí con una pira de neumáticos y combustible la zona presentaba una amplia zona quemada. Lo que pone en cuestión el informe de los expertos es que esos rastros de fuego se correspondan con la pira en la que los sicarios aseguran haber reducido a ceniza a los estudiantes. "Toda la evidencia muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado". "De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serían visibles en la vegetación y en la basura", indica el informe. Además, en el laboratorio australiano se hicieron exámenes con piedras y trozos de madera recogidos en el lugar del supuesto incendio para determinar si presentaban muestras de la alta combustión requerida para esfumar 43 cuerpos.

La versión oficial, que los estudiantes fueron quemados en el basurero, se decanta de una batería de pruebas entre las que se cuentan 487 informes periciales, 386 declaraciones, 99 detenidos, 95 teléfonos móviles investigados y 14 registros, así como restos óseos. Parte de esos restos se encontraron dentro de una bolsa en un río de la zona y fueron enviados a un laboratorio austriaco donde un fragmento se identificó, por pruebas genéticas, como correspondiente a uno de los 43 estudiantes de la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa. Hasta la fecha es el único de los desaparecidos que ha sido identificado. Según los detenidos, las cenizas y restos mínimos de los cuerpos incinerados fueron arrojados en bolsas por ellos mismos al río.

Después de la rueda de prensa, la titular de la PGR, Arely Gómez, ordenó un nuevo peritaje en el basurero de Cocula. La fiscal asumió la "necesidad absoluta" de realizar un análisis forense "consistente con la magnitud del problema". También se pronunció, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, "agradeciendo" el trabajo de los especialistas, afirmando que sus indicaciones serán tenidas en cuenta y comprometiéndose a que el Gobierno "seguirá sumando esfuerzos en favor del Estado de Derecho y la protección de los Derechos Humanos".

Los expertos nombrados por la OEA consideran que los estudiantes no deben darse por muertos sino por "desaparecidos", y que la búsqueda tiene que proseguir. Respecto a los responsables del crimen, coinciden con la Fiscalía en señalar a las policías municipales de Iguala y Cocula como "directos agresores". La investigación oficial ha esclarecido que los estudiantes, que se habían apropiado de autobuses de pasajeros para ir a México DF a la anual manifestación en memoria de la matanza de Tlatelolco de 1968, fueron atacados a balazos por policías locales, sin motivo aparente, y finalmente entregados a sicarios de Guerreros Unidos para ser desaparecidos.

En lo que los especialistas difieren es en que la responsabilidad se limite a narcos y policías locales. Afirman que está probada la presencia de miembros de la Policía Federal y del Ejército en distintos momentos y escenarios de los ataques. "Ninguna fuerza del Estado, que estaba teniendo conocimiento de los hechos (...) y fue testigo del nivel de agresiones y violaciones de derechos humanos actuó en protección de los estudiantes", dice el informe. Los expertos han solicitado al Gobierno entrevistas con soldados del Batallón de Iguala pero no le han sido concedidas.