Una justa indignación

Recibir noticias sobre la situación que viven personas deportadas de manera irregular de un país a otro causa tristeza y malestar. Constatarlo de primera mano sobre el terreno, cuando se trata de cientos de humildes compatriotas que son expulsados a la fuerza de un país vecino, en su mayoría mujeres y niños, violentando las normas internas e internacionales y bajo acusaciones de ser los causantes de todos los males de Venezuela produce inmenso dolor, rabia y una infinita indignación.

Eso es lo que sentí al dialogar con algunas de las mil cien personas que fueron expulsadas recientemente hacia Colombia por orden de las autoridades venezolanas, así como las más de seis mil personas que abandonaron el país hermano de manera precipitada. Sentían el temor de que sus casas fueran marcadas con una D, de Destruir, y demolerlas como se hizo con más de cien de ellas. De que no se les permitiera organizar sus pocos enseres y llevarlos consigo tal y como lo establecen las más elementales normas de los Derechos Humanos y lo que es peor, que no los dejaron sacar sus hijos porque son nacidos en Venezuela.

Es esa condenable situación a la que se han visto sometidas familias enteras. Tenemos registrados los casos de las fragmentaciones causadas por las autoridades venezolanas en los cuales quedaron el padre o los padres de un lado y los hijos del otro lado de la frontera. Creemos que estigmatizar una población por presuntos delitos sin el debido proceso es algo que el país no puede permitir. Esta actitud, a la luz del Derecho Internacional, no pude causar sino un profundo rechazo.

Creemos que estigmatizar una población por presuntos delitos sin el debido proceso es algo que el país no puede permitir

Como lo señaló recientemente el Presidente Juan Manuel Santos “la política exterior de un país refleja los principios y valores en los que cree y así ha sido en nuestro gobierno”. Dentro de ella el diálogo y el entendimiento, como forma de solucionar los problemas es un aspecto esencial. El impostergable proceso de paz que se adelanta en La Habana así lo demuestra. Infortunadamente los reiterados deseos del Presidente Santos de hablar y solucionar la situación presentada, antes de que alcanzara los niveles de crisis humanitaria, no fueron respondidos por el Presidente Nicolás Maduro. Cada Estado tiene la potestad soberana de cerrar la frontera, deportar o expulsar ciudadanos de otro país. No se pone en duda. Pero existen normas, procedimientos y protocolos que permiten hacerlo de forma civilizada y no violentando los derechos humanos de quienes son objeto de dichas medidas.

Ante el intento fracasado del diálogo presidencial y el incumplimiento por parte de las autoridades de Venezuela de honrar lo acordado en la hoja de ruta que trazamos con la Canciller Delsy Rodríguez, decidimos acudir a organismos multilaterales como la OEA o la UNASUR. En el Consejo Permanente de la OEA, por diversos motivos, obtuvimos 17 de los 18 votos necesarios para convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Ante este revés y ante la demora para convocar una reunión de UNASUR, vamos a acudir a otras instancias tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ya se pronunció inicialmente dándonos la razón. Vamos a ir a Naciones Unidas y otros escenarios para denunciar los vejámenes y la crisis generada. No nos quedaremos callados mientras tenemos compatriotas que han sufrido estos atropellos y esperan impacientes reunirse con sus familiares que quedaron del otro lado de la frontera o piden que les permitan recoger sus pocas pertenencias para empezar una nueva vida. Ese es el tamaño de la tragedia.

Como lo expresó el Presidente Santos, el uso de la diplomacia no implica pasividad. Y continuaremos defendiendo los derechos de los colombianos en cualquier lugar donde los mismos sean vulnerados. Sobre eso no puede haber la más mínima duda.

María Ángela Holguín es canciller de Colombia