El sector educativo echa un pulso al Gobierno de Uruguay

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, enfrenta una crisis interna por las divisiones de la coalición izquierdista de Frente Amplio, que lidera, y un paro intermitente de los sindicatos de la enseñanza, que dura ya dos semanas. La protesta del sector de la educación eclipsa la presentación ante el Parlamento de un proyecto de presupuesto que sería la envidia de muchos países porque incluye un aumento de los gastos e inversiones en sectores clave para el desarrollo del país.

Pero el presidente Tabaré Vázquez no está para celebraciones. El dirigente ha arrancado la semana teniendo que retirar un polémico decreto para obligar a los profesores de enseñanza básica y secundaria a acudir a las aulas. La vuelta atrás ha venido precedida de una crisis que ha dividido a la coalición gubernamental (Frente Amplio) e incluso al Gobierno. Hasta tal punto que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se negó a utilizar la fuerza para garantizar las clases y la mayoría de los diputados oficialistas firmaron además una petición pidiendo la retirada del decreto por considerarlo un atentado contra el derecho a huelga.

El Gobierno uruguayo propone que las 20 horas semanales de clase sean remuneradas con 25.000 pesos mensuales (unos 700 dólares)

Los sindicatos exigen que se destine el 6% del PIB a la enseñanza (está previsto que en 2016 se alcance el 4,7%) y un aumento de los sueldos. Reforzados e indignados con el Gobierno, los profesores se disponen a decidir si mantienen sus convocatorias de huelga mientras negocian con el Ministerio de Educación. La cuestión de los salarios de la enseñanza se ha convertido en un debate nacional, tanto en la prensa como en las redes sociales y las conversaciones familiares.

¿Ganan pocos los profesores uruguayos? El seguimiento de los debates en Facebook es de lo más revelador: una profesora publica indignada cuelga su nómina en la red social y provoca una cascada de comentarios, desde aquellos que consideran que es una miseria en un contexto de fuerte inflación (alrededor del 7% anual) hasta los más irónicos que trabajan en el privado y se consideran en desventaja tanto en sueldos como en condiciones laborales.

El Gobierno propone que las 20 horas semanales de clase sean remuneradas con 25.000 pesos mensuales (unos 700 dólares), un aumento progresivo hasta 2020, y los sindicatos quieren que se llegue a los 30.000 pesos (unos 1.000 dólares). Esos 5.000 pesos se han convertido en un abismo entre los enseñantes, electorado tradicional de la izquierda y el Gobierno.

Más inversiones

Nadie habla sin embargo en Uruguay del presupuesto, que inició el pasado lunes un trámite parlamentario para aumentar el gasto público previsto para 2016 y 2017 de un total de 470 millones de dólares, una cantidad importante en un país de 3,3 millones de habitantes. La ambición del presidente Tabaré Vázquez y de sus ministros es conseguir que el país rioplatense dé el salto definitivo al mundo desarrollado en el próximo quinquenio. Y el proyecto insignia del Gobierno tiene un nombre tan burocrático que nadie parece apropiárselo. Sin embargo, el llamado “sistema de cuidados” implica la apertura de guarderías públicas, inexistentes ahora, para favorecer la incorporación de las mujeres al mercado laboral. También establece una protección para los discapacitados y las personas mayores que actualmente son los colectivos (junto a los niños) más desprotegidos de Uruguay.

El presupuesto incluye también importantes inversiones en infraestructuras, para facilitar el trabajo en las zonas más productivas del país con la reparación de las carreteras, la ampliación de los puertos, actualmente saturados, y la mejora de la situación ruinosa del ferrocarril, entre otros. Está previsto también que aumente la partida para la educación que, según el ministro de Economía, Danilo Astori, se irá incrementando hasta llegar al 6% del PIB en 2019. Pero faltan esos 5.000 pesos que se han convertido en la pesadilla del Gobierno.