“¿Aquí dónde hay delincuentes?”

No es posible cerrarle la frontera al miedo. Cientos de colombianos han emprendido el retorno hacia su país. Temían ser capturados para luego deportarlos o dejarlos detenidos en Venezuela por presuntos delitos de contrabando o delincuencia. “Yo me escapé porque están embalando a cualquiera, entonces tocó brincarla. Salí por el río”, dijo José López, agradecido de estar ya en la orilla colombiana del Táchira, que marca el límite entre los dos países.

Como él, unas 1.600 personas, según cálculos aproximados de la Policía Metropolitana de Cúcuta, habían cruzado la frontera en las últimas 24 horas. Atravesaron caminando entre el río y las trochas, por donde usualmente pasan los productos de contrabando. Como un ejército de hormigas, cargaban sobre sus hombros y espaldas neveras, armarios, estufas, camas, tanques de agua, equipos de sonido, coches de bebé, televisores y juguetes. Los enseres que fueron invadiendo la orilla eran el testimonio de su afán por salir y no regresar a un país que durante décadas les había dado la oportunidad de progresar, así fueran indocumentados. Algunos llevaban más de 30 años, otros menos de 5. La mayoría trabajaba como obreros, aunque es vox pópuli en la frontera que tanto colombianos como venezolanos se dedican también al comercio informal.

“¿Aquí donde hay criminales y grandes contrabandistas?”, cuestionó el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, quien decretó la calamidad pública ante lo que calificó como un “desplazamiento forzado” de lo que se calcula son ya más de 2.000 personas, contando los 1.071 que han sido deportadas formalmente. De estos, más de 600 fueron llevados a cinco albergues, tres en Villa del Rosario y dos en Cúcuta. Pero ante el volumen de retornados por los caminos verdes, estaban siendo superados y algunas iglesias, tanto católicas como cristianas, estaban abriendo sus puertas como refugio.

La policía calcula que unas 1.600 personas han cruzado la frontera en los últimos días

El primer lugar que recibió a los retornados de Venezuela fue el centro de migrantes que opera la Diócesis de Cúcuta, que acoge normalmente a desplazados de la violencia, refugiados y solicitantes de asilo de otros países. Entre quienes estaban ya en el refugio había un médico cubano, desertor de la Misión Barrio Adentro de Venezuela. “El sábado en la madrugada, cuando me levanté, me di cuenta que había gente durmiendo en la puerta”, dijo. El centro solo tiene 100 camas, pero ante la emergencia pusieron colchonetas en el suelo y acogieron a 140 personas más.

En el albergue de Las Margaritas, uno de los más cercanos al cruce fronterizo, solo permiten la estancia de mujeres y niños. Minutos antes de que el procurador general, Alejandro Ordóñez, llegara hasta el lugar el martes en la noche, la custodia de la puerta daba gritos desesperada: “¡Estamos colapsados, no me entra nadie más!” y su disputa con otros funcionarios de entidades locales y nacionales daba cuenta de los problemas de coordinación de las autoridades ante esta crisis.

Más temprano, en el coliseo del colegio municipal de Cúcuta, cucuteños solidarios llegaban a entregar donaciones de alimentos, remedios, papel higiénico y la Defensa Civil los agrupaba a un costado. Pero un funcionario de la Unidad de Gestión del Riesgo prohibió las donaciones, argumentando que el gobierno nacional tenía provisiones suficientes. “Hasta ahora hemos controlado muy bien la situación, lo que yo temo es la parte de la convivencia, porque esto va para largo”, dijo Oscar Urbina, encargado del albergue. 

El primer lugar que recibió a los retornados de Venezuela fue el centro de migrantes que opera la Diócesis de Cúcuta

Al interior del coliseo, Gloria y su hija de 11 años, Karen, descansaban dentro de una carpa. Karen acababa de recibir unos zapatos, porque salió descalza cuando la deportaron. Ambas estaban tristes y no sabían si podrían regresar a Venezuela a recoger sus cosas. Dijeron que algunas personas del albergue se habían arriesgado a cruzar de nuevo para salvar sus pertenencias, pero ellas prefirieron esperar. Además no tendrían donde meterlas. “Yo lo único que pido es un ranchito”, decía Gloria.

El Gobierno colombiano anunció que había llegado a un compromiso con la guardia venezolana para que permitieran que las familias deportadas pudieran terminar de sacar sus bienes en camiones por el puente y no tuvieran que hacerlo por el río, como lo estaban haciendo quienes han huido en las últimas horas. A pesar del anuncio, el martes en la noche todavía se estaban negociando los permisos.

En Venezuela, los allanamientos de las casas y detenciones han sido mostradas como una exitosa operación contra el contrabando y el paramilitarismo

Hay expectativa en la frontera por la reunión de este miércoles entre las cancilleres de Colombia y Venezuela, Maria Angela Holguín y Delcy Rodríguez. En Venezuela, justifican el cierre de la frontera y la declaración del estado de excepción. Los allanamientos de las casas y detenciones han sido mostradas como una exitosa operación contra el contrabando y el paramilitarismo. En Colombia, lo sucedido es visto como una tragedia humanitaria y una violación de los derechos humanos de los colombianos, por parte de las instituciones venezolanas. El presidente Juan Manuel Santos, rechazó lo sucedido en una alocución pública ante el país: “Todo ser humano —aun si estuviera en un país sin todos los papeles legales— merece ser tratado con respeto y dignidad, y merece un debido proceso. Y eso es lo que vamos a exigir”.