Las cadenas perpetuas escapan del descenso carcelario en Estados Unidos

Cada vez más estadounidenses son condenados a cadena perpetua. A ellos los cambios en el sistema penitenciario no les afectan. Mientras desciende la población carcelaria -casi un cuarto de la mundial-, las condenas a pasar toda la vida entre rejas siguen el camino inverso.

Y tienen un papel secundario en el creciente debate sobre la necesidad de relajar las penas para vaciar las prisiones por motivos económicos y sociales: las propuestas de reforma se centran sobre todo en los delitos por drogas, cuando la mayoría de los condenados a cadena perpetua lo son por crímenes violentos.

Como la masificación de las cárceles, la proliferación de cadenas perpetuas es una anomalía de Estados Unidos respecto a otros países desarrollados. Es el mejor reflejo de la retórica de mano dura contra el crimen surgida en los años ochenta tras los ascensos rampantes de muertes violentas. El mantra de la severidad se impuso al de la rehabilitación. Tras dos décadas de descenso del crimen, esa receta ahora se cuestiona por sus efectos destructivos en núcleos familiares y sociales, y su elevada factura económica.

Frente a los 49.000 reos en EE UU, solo 49 cumplen cadena perpetua en Reino Unido

En EE UU había en 2012, el último año con cifras, unas 49.000 personas cumpliendo cadena perpetua sin ninguna capacidad de revisión de su pena, según estadísticas de la organización The Sentencing Project, que aboga por flexibilizar el sistema. Son un 22% más de las que había en 2008. En ese mismo intervalo de cinco años, la población total en las cárceles federales y estatales se redujo un 2% (hasta los 1,5 millones).

Al margen de los 49.000 reos, otros 110.000 cumplen cadena perpetua pero con la posibilidad de que se les revoque su pena. Sin embargo, según The Sentencing Project, casi un tercio nunca podrá someterse a una vista para tratar de lograr la libertad. Y los que consigan una vista afrontarán un “proceso altamente politizado” que destaca por su falta de pruebas y de un reclutamiento estandarizado de los oficiales participantes.

Si se suman ambos colectivos, casi uno de cada nueve presos en EE UU cumple cadena perpetua. Son cuatro veces más que hace 20 años. Cerca de la mitad son negros, lo que triplica su peso demográfico. Un 6% del total fueron condenados por delitos que cometieron siendo menores de edad. Otro 6% no cometió ningún delito violento, aunque esa tasa asciende al 50% en algunos Estados.

No existen datos homogéneos de cadenas perpetuas sin posibilidad de revisión en los países que contemplan ese castigo. Pero algunas comparaciones indican que EE UU se sitúa a una distancia alejada. Frente a los 49.000 reos en EE UU, solo 49 cumplen cadena perpetua en Reino Unido, según los últimos datos de The Sentencing Project. EE UU es además el único país del mundo que permite condenar a una pena vitalicia a menores de 18 años.

De los 50 Estados, 26 y el Gobierno federal disponen de legislaciones que castigan con una vida en la cárcel a quien acumule un determinado número de delitos

“Es una sentencia para morir en la cárcel”, denuncia por teléfono Nazgol Ghandnoosh, investigadora de esa organización con sede en Washington. “Puede que tenga sentido que alguien se quede para siempre en la cárcel, pero esa decisión debe ser una que se pueda revisar y que no se haga al inicio de la vida de esa persona”.

Una parte significativa de las cifras elevadas se debe, según Ghandnoosh, a las leyes que castigan la reiteración de delitos con cadenas perpetuas y conceden escaso margen de maniobra a los jueces. Por ejemplo, en el Estado de Washington dos tercios de los condenados a cadena perpetua son por ese tipo de leyes. De los 50 Estados, 26 y el Gobierno federal disponen de legislaciones que castigan con una vida en la cárcel a quien acumule un determinado número de delitos -entre dos y cuatro-, según datos de la American Civil Liberties Union (ACLU).

Otros 3 Estados y el Distrito de Columbia tienen leyes similares, pero su ejecución depende del criterio judicial. Además, en 15 Estados y el Gobierno federal el delito que acarrea la cadena perpetua no tiene porque ser violento.

Hay ejemplos de personas que acumulaban dos delitos previos menores y cuyo tercero fue robar un par de calcetines o pasar un cheque sin fondos. Estas normas -conocidas mayoritariamente como three strikes, en un símil con las reglas del béisbol, donde tres errores suponen la descalificación del jugador- nacieron hace dos décadas con el objetivo de evitar crímenes bajo la amenaza de la cadena perpetua a infractores habituales. Pero, según los expertos, no solo no han logrado esa meta sino que han instaurado un mecanismo arbitrario y desigual, que ha disparado la población carcelaria.

Es una sentencia para morir en la cárcel” Nazgol Ghandnoosh, investigadora de The Sentencing Project

“Es increíble frustrante y dañino”, dice la investigadora, que critica que una persona acarree las consecuencias de delitos que cometió tiempo atrás. “Encarcelar a alguien de por vida es una contribución enorme de recursos al coste de no invertir en programas que pueden prevenir un delito”.

En los últimos años, varios Estados, como California -que popularizó estas leyes a principios de los noventa- han admitido el impacto limitado de la política de mano dura (un estudio reciente revela que el crimen cayó igual en Estados que castigan o no con cadena perpetua determinados delitos consecutivos). Han endurecido ligeramente los estándares del delito que conlleva la pena perpetua, pero han mantenido intacta la esencia de las leyes: el castigo reiterativo.

La finalidad de fondo es la misma en todo el país, pero el lugar donde se cometa el delito marca una diferencia. Según los datos de la ACLU, en algunos Estados cualquier tercer delito por menor que sea puede suponer una pena indefinida en la cárcel, mientras en otros tiene que implicar un pequeño caso de tráfico de drogas, violencia o agresión sexual.

También depende de la rigidez legislativa: más de la mitad de los Estados establecen que la cadena perpetua es obligatoria, por lo que no dan al juez capacidad de interpretación. Virgina Occidental es uno de ellos, aunque permite revisar la condena a los 15 años. Para recibir ese castigo, uno de los tres delitos tiene que tener "un claro elemento violento".

"La cadena perpetua está justificada para alguien que no obedece a los estándares mínimos de la sociedad, que es el Código Penal", esgrime Philip Morrison, director del Instituto de Fiscales de Virginia Occidental, dependiente del Gobierno regional. Admite que la severidad de estas leyes puede "limitar las oportunidades" de rehabilitación de los presos, pero subraya que se trata de personas que "han demostrado que tienen que ser separadas del resto para dejar de afectarles sus vidas".