Garzón pide ampliar la justicia universal a delitos económicos

El concepto de justicia universal está en retroceso en España, que fue pionera, pero no en todo el mundo. Baltasar Garzón, el juez que lideró el proceso español, promueve ahora un gran congreso internacional en Buenos Aires, con juristas y expertos en derechos humanos, para ampliar ese concepto y aplicarlo no solo a los genocidios o asesinatos masivos sino también a los delitos económicos y medioambientales y perseguir especialmente a las grandes compañías que los protagonizan.

Garzón, que presentó ayer en Buenos Aires con Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema argentina, el congreso que se celebrará el 9 y 10 de septiembre, aseguró que “mientras España retrocede, países como Francia, Holanda, Suecia, México, Argentina o Sudáfrica están avanzando en el principio de jurisdicción universal”.

El exjuez recuerda además que el PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la última reforma del PP que limitó la justicia universal ante una reclamación del gobierno chino —la anterior la había aprobado el PSOE en 2009 por una exigencia de Israel— y está convencido de que después de las elecciones en España estos asuntos se podrán recuperar. Por eso exige a los partidos que definan con claridad sus compromisos en este tema antes de las elecciones.

Garzón cree que hay delitos económicos o medioambientales que por sus dimensiones pueden ser tipificados como de lesa humanidad, porque provocan la muerte de miles de personas. “Ahora mismo”, admite, “no son fáciles de implantar, pero en 10 años estarán en el centro del debate”. Garzón señala que ya hay iniciativas, como una reciente de la Unión Africana para impedir la explotación abusiva de los recursos naturales. También citó las legislaciones de Ecuador y Bolivia que están planteando que la naturaleza tiene también derecho a ser defendida. “Desarmar económicamente un país causa muertos, ahí hay lesa humanidad”, resumió Zaffaroni.

La clave, y el eje del congreso, es para ambos la posibilidad de perseguir a las empresas. Garzón puso un ejemplo muy claro, como es la explotación del coltán, clave para fabricar móviles, en la región de los Grandes Lagos, en África. “El 90% de las explotaciones son ilícitas, sin condiciones mínimas y con trabajo infantil. No todas las compañías de teléfonos usan el coltán, ahí hay espacio”.

Los promotores de esta reforma admiten que aún hay graves obstáculos políticos, y la prueba es que la ONU no logra avanzar, pero creen que cuestiones como el intento para frenar a los fondos buitre que está promoviendo Argentina en Naciones Unidas con gran respaldo hasta ahora son una prueba de que se pueden lograr hitos.

“Los problemas llegan cuando se toca a países poderosos como EE UU, China o Israel, como pasó en España, pero poco a poco se abrirá paso. Hay una motivación financiera detrás de la mayoría de los genocidios, hay compañías que incluso colaboran con Boko Haram a cambio de que les dejen trabajar”, resume Garzón.