Suecia cierra parte de la investigación por abusos contra Assange

La Fiscalía de Suecia cerró este jueves las investigaciones por las acusaciones menos graves —acoso sexual— por las que quería interrogar a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, pero mantiene abiertas las pesquisas por violación. El archivo obedece a que ha vencido el plazo para acusarlo formalmente tras las denuncias interpuestas por dos mujeres contra él en 2010.

“Julian Assange ha permanecido voluntariamente lejos de la justicia refugiándose en la Embajada de Ecuador [en Londres]. Ahora que el plazo de prescripción ha pasado para algunos de los cargos me veo obligada a suspender la investigación”, lamentó la fiscal Marianne Ny, en un comunicado difundido por su departamento.

Assange, que se declara inocente, está refugiado en la legación londinense desde 2012. El fundador de Wikileaks, de nacionalidad australiana, se ha negado reiteradamente a acudir a Suecia para prestar declaración sobre las denuncias de dos mujeres con el argumento de que corre el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos, por haber hecho públicos los cables diplomáticos a través de Wikileaks.

El Ministerio británico de Asuntos Exteriores anunció este jueves que su embajador en Quito iba a presentar una protesta formal ante el Gobierno de Rafael Correa por proteger al activista divulgador de información secreta. “Ecuador debe reconocer que su decisión de dar asilo a Assange hace más de tres años ha impedido que la justicia siguiera su curso”, afirmó en una nota el secretario de Estado de Exteriores Hugo Swire. “Es completamente inaceptable que el contribuyente británico haya tenido que pagar la factura por este abuso de las relaciones diplomáticas”, añade el comunicado.

La policía británica informó en junio de que la vigilancia de la Embajada, ubicada en Knightsbridge, un acomodado barrio de Londres, ha costado desde 2012 a las arcas públicas británicas 15 millones de euros.

La alternativa habría sido realizar el interrogatorio en la Embajada ecuatoriana de Londres, pero para ello precisaba la autorización de las autoridades británicas, además de las de Quito, lo que hasta ahora no ha obtenido.

La acusación de violación que sigue vigente no prescribiría previsiblemente hasta el año 2020.