Europa no quiere ser un paraíso para los migrantes

El Gobierno conservador de David Cameron quiere demostrar a los migrantes que Reino Unido no es la tierra de la que mana leche y miel que retratan las profecías. Ante los miles de migrantes en el canal de la Mancha que esperan entrar ilegalmente desde Francia, la reacción británica ha sido prometer para otoño una ley que sancionará incluso a los caseros que alquilen una habitación a extranjeros en situación irregular.

No es la única medida disuasoria que en los últimos años han tomado unos Gobiernos europeos que en algunos casos sufren una presión real sobre sus servicios sociales, mientras que en otros sólo quieren mostrar dureza ante sus ciudadanos. Desde Hungría, donde cientos de presos están siendo usados para levantar una valla antiinmigrantes en la frontera con Serbia, hasta Alemania, donde los sin papeles carecen de derechos básicos, la UE está decidida a demostrar su dureza con los visitantes no deseados. Todos los países (excepto España y Portugal, que sólo prevén la devolución), tienen multas y hasta penas de cárcel por entrar ilegalmente: ocho Estados establecen multas y 17 prisión y multas; pero la realidad es que estas sanciones sólo se ejecutan en casos contados, de redes de tráfico de personas u entradas organizadas. La situación en los grandes países receptores, condicionados por una mayor presión en sus cuentas y su sistema social que los países de tránsito, es la siguiente:

Reino Unido

Los conservadores acusan a sus antecesores laboristas de un control laxo de los trabajadores ilegales, sobre el papel carentes de derechos laborales y sin beneficios sociales, pero en la práctica capaces de torear el sistema.

Las urgencias sanitarias y la escolarización de los menores están excluidas de las restricciones a los ilegales que prepara el Gobierno. Pero los extranjeros carentes de permiso de residencia lo van a tener muy difícil para trabajar, porque darles empleo constituirá delito, los bancos deberán verificar las cuentas de los sospechosos de situación irregular (para que las autoridades puedan confiscar su salario) y los caseros afrontarán penas de hasta cinco años de cárcel si alquilan viviendas a quienes no puedan probar su residencia.

Hasta hace poco, a los indocumentados detectados por la policía accediendo a Reino Unido por el eurotúnel se les tomaban las huellas dactilares antes de su expulsión. Con unos centros de detención desbordados, hoy simplemente son devueltos a Francia hasta que vuelvan a intentarlo. Los que logran consumar la travesía pueden cursar demanda de asilo que, de ser aceptada en primera instancia, les procura apoyo económico y vivienda durante la tramitación, porque en ese periodo no tienen derecho a trabajar. Cameron quiere acortar esos plazos y etiquetar inmediatamente de ilegales a quienes se les deniegue el asilo, así como a quienes arribaron como turistas y estudiantes y permanecen en busca de trabajo.

Los inmigrantes legales seguirán beneficiándose de las prestaciones sociales, y sufriendo sus recortes como cualquier británico, pero el primer ministro quiere trazar una línea para los recién llegados, incluso comunitarios. Para tener acceso a ayudas se ha impuesto una espera de tres meses desde la llegada.

Francia

La mayoría de las personas sin papeles que son controladas en Francia acaban en comisaría, por un plazo máximo de 16 horas, al fin del cual los agentes les entregan una orden de abandonar el país. Esta puede ser inmediata (con 48 horas para recurrir) o de 30 días. Si es controlada de nuevo pasado ese periodo, puede ser enviado a un centro de retención y expulsado. La policía puede controlar a los inmigrantes en cualquier momento e incluso se presentarse en su domicilio para verificar su documentación.

Vivir en Francia en situación irregular dejó de ser delito en 2013, tras un fallo del tribunal europeo. Antes se castigaba con hasta un año de cárcel y una multa de 3.750 euros. Lo reemplaza el delito de “mantenerse en situación irregular” si el irregular es objeto de una medida de expulsión no cumplida. También se ha modificado el delito de entrada irregular, aunque esto no se aplica a los que ya están establecidos: antes podían ser condenados hasta tres años después de entrar, ahora solo lo son los cogidos in franganti.

Igualmente se ha suprimido el conocido como delito de solidaridad: el hecho de albergar a un sin papeles por motivos humanitarios. Se mantiene en caso de que haya beneficio o cualquier contrapartida. Se castiga con hasta cinco años de cárcel y 30.000 euros de multa ayudar a entrar, circular o permanecer de forma irregular a un inmigrante.

Los sin papeles pueden acogerse a la Ayuda Médica del Estado. Esta es válida un año, se atribuye a personas en situación irregular con más de tres meses en el país y cubre el 100% de gastos básicos. Esta atención médica específica para sin papeles es blanco habitual de los discursos antiinmigración del Frente Nacional. La escolarización es gratis también para todos los niños. Sin embargo, los irregulares no pueden optar a la mayoría de las ayudas familiares ni a vivienda social.

Alemania

Las autoridades calculan que en Alemania vive cerca de medio millón de inmigrantes sin permiso de residencia. A ojo de la legislación, estas personas violan la ley y son considerados criminales, aunque cuando son descubiertos no van a la cárcel, sino que son devueltos a sus países.

Este pequeño ejército en las sombras carece de seguros médicos, no puede alquilar una vivienda y tampoco puede optar a un trabajo normal, porque la ley prohíbe a los empleadores emplear a irregulares. Aun así, suelen encontrar trabajo en restaurantes, hostelería, en la construcción, en las firmas de mudanzas y limpiando hogares. Las leyes son más categóricas con los médicos y directores de escuela que se arriesgan a perder sus empleos o licencias si ofrecen asistencia a ilegales o admiten a sus hijos en las escuelas.

A pesar de las disposiciones legales, las autoridades locales muchas veces cierran los ojos para evitar expulsar a los ilegales, por miedo a la prensa y también porque la expulsión cuesta dinero.

Mientras, la llegada masiva de refugiados a Alemania, unas 180,000 personas en los seis primeros meses del año, ha despertado una peligrosa ola xenófoba, sobre todo en ciudades pequeñas en el este. Las autoridades han registrado 199 ataques contra albergues para refugiados. La violencia también fue alimentada por Horst Seehofer, jefe del Gobierno bávaro, quien está haciendo campaña contra los balcánicos, a quienes acusa de intentar aprovecharse de las generosas ayudas sociales.

Italia

En Italia los migrantes interceptados en la frontera en el momento en que intentan entrar de forma irregular son rechazados al momento, mientras que la ley estipula que también lo serán si están ya dentro de territorio nacional de forma irregular. El problema es que para ser deportados necesitan tener una identidad y una nacionalidad para saber dónde deportarlos, y muchos de los inmigrantes que llegan en las pateras no tienen documentación. Quienes llegan por mar son primero socorridos, atendidos por los servicios sanitarios y, posteriormente, trasladados a un centro de acogida hasta que se esclarezca su situación o hasta que consigan salir de ellos, también de forma irregular, y logren salir del país, a menudo usando redes ilegales.

Los medios italianos calculan que, cada año, al menos 30.000 inmigrantes permanecen en el país de forma clandestina.

Los clandestinos en Italia trabajan en empleos sin garantías legales y con jefes que abusan de ellos. Muchos se ven excluidos del mercado de trabajo y se dedican al narcotráfico o la prostitución. Los clandestinos sí tienen derecho a asistencia médica pero solo en el caso de urgencia. Sólo las embarazadas y los menores tienen el servicio de salud garantizado, también las vacunas y las visitas médicas cotidianas. Los menores también tienen el derecho y la obligación de asistir a la escuela.

Holanda

Los inmigrantes ilegales son recluidos en centros de acogida repartidos por el país para no sobrecargar sólo a los grandes municipios. En la práctica, están aislados de la sociedad. Sin permiso de estancia y de trabajo, deben irse. Las asociaciones caritativas y algunos consistorios les ayudan a pesar de las restricciones oficiales.

En Holanda hay también unos 27.000 refugiados en centros de acogida. Es la cifra más alta de la última década. El régimen de internamiento es rígido ya que no pueden salir ni trabajar mientras no dispongan de un permiso de residencia. El problema es que cerca de la mitad de los actuales internos ya lo ha conseguido y tiene por tanto derecho a ser trasladado a una vivienda normal. Una vez allí, pueden inscribirse en el censo municipal, buscar empleo y solicitar la reunificación familiar. Sin embargo, continúan compartiendo el espacio con los demás refugiados por falta de casas.

En abril, el Gobierno estuvo a punto de romperse por culpa de sus diferencias en el trato a los refugiados. Tras una dura negociación entre los liberales de derecha (partido del primer ministro, Marc Rutte) y sus socios socialdemócratas se decidió ofrecer solo ayuda de emergencia a los que carezcan de documentación pero accedan a abandonar Holanda. En la práctica, dicha ayuda se traduce en casa y comida, pero la mayoría llega de países en guerra y es muy difícil repatriarlos.

España

A la vez que la crisis golpeaba con fuerza a los inmigrantes irregulares, el Gobierno del PP aprobaba una batería de reformas legislativas que complica aún más la situación de los sin papeles. No solo los recortes a toda la población han hecho mella en este colectivo, con una tasa de pobreza relativa del 40% —la más alta de la OCDE, solo superada por Grecia—; sino que, además, el Ejecutivo decidió centrar su mirada en los extranjeros y retirarles prestaciones básicas.

Ana Mato encabeza la lista de agravios. La exministra de Sanidad dejó en 2012 sin atención primaria a cerca de medio millón de personas, según datos del INE y Empleo. Una reforma que se mantuvo hasta que, en marzo de este año, su sucesor anunciaba que la rectificaba “por cuestiones de salud pública”: “porque es más práctico y para no saturar las urgencias”. Eso sí, no les devolvía la tarjeta sanitaria. Algo que sí han hecho ya algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana.

En Educación, los recortes han multiplicado sus efectos perniciosos entre los hijos de los inmigrantes. Todos los menores tienen derecho a estudiar, pero la igualdad de oportunidades se ha resentido. El último informe elaborado por el Migration Policy Grup, dependiente de la Comisión Europea, ya destaca un incremento de las deficiencias del sistema. En ese sentido, denuncia la falta de clases de refuerzo para los hijos de los sin papeles: “solo un tercio de estos alumnos reciben cursos de alfabetización adicionales”.

En este contexto de vulnerabilidad, la reforma del Código Penal también preocupa a las ONG. El nuevo texto contempla sanciones para quienes ayuden, con ánimo de lucro, a un irregular a “permanecer en España”. Una redacción muy “ambigua”, explica Red Acoge, que puede llevar a perseguir a los caseros que alquilen habitaciones a sin papeles. Aunque el Ejecutivo ha señalado que nunca interpretará la Ley en ese sentido.

 Con información de Isabel Ferrer, J. J. Gálvez, Enrique Müller, María Salas Oraá, Ana Teruel y Patricia Tubella.