Crisis de libertad de expresión en México

El fotógrafo Rubén Espinosa, quien apareció asesinado el último día de julio junto a cuatro mujeres en un apartamento en la Ciudad de México en circunstancias que aún son investigadas, había llegado al Distrito Federal durante el mes de junio. El fotoperiodista, colaborador de AVC Noticias, el semanario Proceso y la agencia de fotos Cuartoscuro, llegó a la capital mexicana tras recibir serias amenazas en el estado de Veracruz, donde se desempeñaba cubriendo movimientos sociales, en especial las manifestaciones estudiantiles y otros temas de interés a nivel estatal.

Espinosa cumplía con su labor informativa en un estado que en los últimos años ha alcanzado niveles de violencia sin precedentes producto de la fuerte presencia de grupos del crimen organizado. Algunos hechos puntuales ayudan a ilustrar este panorama lúgubre: en octubre de 2011, unos 35 cadáveres fueron arrojados en la avenida principal del municipio de Boca del Río, por supuestos integrantes del cartel del narcotráfico conocido como Nueva Generación. Al poco tiempo, todo el cuerpo policial del municipio fue despedido por sus lazos con los criminales y la Marina se hizo entonces cargo de la seguridad en el distrito.

Existen numerosas otras historias, todas rozando el límite de lo macabro, que solo representan sangre, violencia y muerte en Veracruz. Y en ese contexto, la prensa no ha sido exceptuada. Por el contrario, periodistas y medios trabajan en un clima dominado por el terror. Las cifras son elocuentes: cuatro periodistas caídos en represalia directa por su labor desde 2011, según la investigación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Otros siete reporteros asesinados bajo circunstancias poco claras y al menos tres periodistas desaparecidos en el estado en el mismo período.

Sobre el gobernador de Veracruz pesan sospechas de corrupción administrativa y vínculos con grupos que actúan fuera de la ley

Veracruz es gobernado por el controvertido Javier Duarte de Ochoa. Sobre el mandatario estatal pesan sospechas de corrupción administrativa y supuestos vínculos con grupos que actúan fuera de la ley. Además de ostentar un registro terrible en materia de investigación de los crímenes contra periodistas, el gobernador Duarte con frecuencia desestima vínculos entre los asesinatos y el trabajo periodístico de los reporteros locales sin presentar evidencia alguna. Incluso ha llegado a acusar a periodistas de colaborar con los grupos criminales. Todo esto lo hace sin siquiera haber podido esclarecer ni uno sólo de estos crímenes. En una democracia establecida y con instituciones sólidas, sostienen algunos analistas, tales antecedentes ameritarían la apertura de un proceso de juicio político por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero Duarte sigue inmune y parece impermeable frente al aluvión de críticas que sobre su gestión se han desatado.

Pero volviendo al tema de Rubén Espinosa hay un dato clave que es sintomático para describir la profunda crisis de libertad de expresión que atraviesa México. A pesar de las amenazas y teniendo en cuenta el contexto en Veracruz, el fotógrafo desistió de acudir al mecanismo de protección de periodistas que, a nivel federal, está operativo en la Ciudad de México desde hace algunos años. La gigantesca falta de confianza y el profundo el escepticismo que impera entre periodistas y autoridades generó que Espinosa decidiera ignorar la posibilidad de recurrir al mecanismo de protección, muy cuestionado por sus insuficiencias y falta de efectividad.

La falta total de confianza entre prensa y autoridad tiene su lógica. Y se origina en impunidad. Una impunidad que provoca hastío social, un sentimiento colectivo de impotencia en la sociedad mexicana y que la condena internacional no alcanza a mitigar. Hasta tanto no se produzca un quiebre en esta pendiente por ahora irreversible de violencia e impunidad, la situación se mantendrá dramática, inestable y volátil.

A pesar de las amenazas el fotógrafo no acudió al mecanismo de protección de periodistas por desconfianza

Mientras tanto, el estado de derecho brilla por su ausencia. Desde hace años, el problema de violencia excede largamente a la comunidad periodística. O a cualquier sector social. México tiene una sociedad desinformada sobre varios de los temas más trascendentes de la agenda nacional. Con periodistas y medios amordazados en vastas regiones del país, no hay debate ni de discusión posible. Y en consecuencia resultará imposible encontrar soluciones adecuadas frente a los problemas que existen y se prolongan.

México es, en la actualidad, una democracia frágil y quebradiza, en la que el crimen y la corrupción parecen alzarse como ganadores. Para cambiar esta dinámica es imprescindible una férrea voluntad política, hasta ahora ausente en el gobierno del Presiente Enrique Peña Nieto. La falta de impartición de justicia, que desemboca en la impunidad imperante, requiere la atención prioritaria del gobierno federal. Hasta tanto no ocurra, en un clima donde una prensa combativa y vibrante pueda cumplir con su labor sin temor a represalias, la posibilidad de una democracia abierta y participativa se verá penosamente truncada.

Carlos Lauría es Coordinador Sénior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) Twitter: @CPJAméricas