La OEA viaja a Haití por su conflicto migratorio con República Dominicana

La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará esta semana una misión de alto nivel a República Dominicana y a Haití, según anunció este miércoles. Su objetivo principal será evaluar y buscar una solución a la situación creada tras la expiración de un plan dominicano de regularización que se teme podría desatar la deportación masiva de personas de origen haitiano, algo que ya ha provocado las protestas del gobierno de Michel Martelly. El conflicto enfrenta a ambos países desde hace dos años.

La misión estará encabezada por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Francisco Guerrero, que visitará Puerto Príncipe y Santo Domingo. Su objetivo será “valorar sobre el terreno la situación migratoria de la población haitiana para facilitar una solución duradera que regularice el estatus de los inmigrantes”, dijo ayer miércoles el secretario general del organismo, Luis Almagro, durante una sesión especial donde volvió a quedar patente la tensión entre los dos países por el diferendo migratorio que los enfrenta desde 2013.

Según el Gobierno dominicano, desde que acabara el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, el 17 de junio, más de 36.000 personas de origen haitiano se han repatriado “voluntariamente” a Haití. El ejecutivo de este país, así como parte de la comunidad internacional y las ONG, ponen en duda el carácter “voluntario” de unas repatriaciones en las que ver el inicio potencial de un programa de deportaciones forzadas que, temen, podría ser “masivo”.

Haití sostiene que República Dominicana pretende que acoja a ciudadanos que no tienen la nacionalidad haitiana

“Existe un gran riesgo de que Haití se encuentre con decenas de miles de dominicanos desnacionalizados”, advirtió también este miércoles en la sede de la OEA el canciller haitiano, Lener Renauld.

En el país más pobre de la región y que todavía no ha superado el terremoto de 2010, esto podría provocar una nueva “catástrofe humanitaria que no solamente plantearía el riesgo de desestabilizar el país en plena campaña electoral, sino que a largo plazo podría constituir una amenaza para la seguridad regional”, afirmó.

El problema de fondo es la disputa sobre la nacionalidad de las personas en peligro de deportación. Haití sostiene que República Dominicana pretende que acoja a ciudadanos que no tienen la nacionalidad haitiana como afirma Santo Domingo. La disputa comenzó tras una sentencia del Tribunal Constitucional dominicano de 2013 que privó de forma retroactiva de su ciudadanía a más de 200.000 nacidos en el país de padres migrantes entre 1929 y 2010. La mayoría de los afectados son de ascendencia haitiana.

Instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dijeron que la sentencia violaba el derecho a la nacionalidad y ponía en riesgo de dejar apátridas a decenas o cientos de miles de personas. Tras las protestas internacionales, el Gobierno dominicano aprobó un año más tarde una Ley de Naturalización que según Santo Domingo ha permitido el reconocimiento como dominicanos de 55.000 personas afectadas por la reforma constitucional. También inició el Plan Nacional de Regularización que expiró en junio y en el que según afirma se han inscrito más de 288.000 personas.

El embajador dominicano ante la OEA, Pedro Verges, acusó a Haití de generar una “campaña de desinformación con el solo propósito de ocultar la realidad, que es el total y completo abandono que hace de sus ciudadanos en territorio dominicano” y para “desviar la atención” internacional de sus problemas en el proceso electoral interno haitiano.