La encrucijada puertorriqueña

Puerto Rico, la que algunos ya comienzan a llamar la Grecia del Caribe, está en la bancarrota. La más pequeña de las Antillas españolas, descubierta por Colón en su segundo viaje y entregada a Estados Unidos como botín de guerra por el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta a raíz del desastre de 1898, vive hoy entre la espada y la pared.

El experimento constitucional que Estados Unidos urdió a finales de la administración Truman, cuando la Guerra Fría iba ganando mayor intensidad y se dio a conocer como el “Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, colapsó. Y todo el andamiaje económico de corte neocolonial que lo sostenía, preconizado sobre la completa claudicación de la isla del control político sobre las variables económicas que inciden directamente sobre su vida, se vino abajo como castillo de naipes.

Con una deuda pública impagable de $72.204.000.000 (equivalente al 103% del PNB), un déficit gubernamental en espiral de $2.500.000.000 (3,5% del PNB), una participación laboral raquítica del 40%, una descapitalización progresiva de la banca comercial del 30% (en comparación con los niveles de 2005), unos niveles de pobreza que arropan al 45% de la población y una diáspora masiva, que entre los años 2010 al 2013 forzó la salida de más de 144,000 puertorriqueños, no puede existir duda alguna que el coloniaje no le ha hecho bien ni a Puerto Rico ni a Estados Unidos.

Si relevante es el estudio ponderado de lo que Edward Gibbon titularía la decadencia y caída del Estado Libre Asociado, más urgente aún es el análisis sistemático de las consecuencias que la implosión puertorriqueña tiene sobre la dinámica coyuntura geopolítica que se vive hoy en el Caribe y la América Latina. Cuando el pasado 17 de diciembre de 2014 el presidente Obama anunció desde la Casa Blanca su intención de reestablecer lazos diplomáticos con Cuba, luego de medio siglo de mutuo aislamiento, fue enfático al sugerir que en lo sucesivo se abría en las Américas un periodo de renovación del trágico legado del coloniaje.

De inmediato Washington inició una intensa ofensiva diplomática en la cuenca del Caribe. El 26 de enero, el vicepresidente Biden recibía en la capital a los jefes de estado y gobierno de los países caribeños para delimitar una agenda energética común. Asimismo, el 20 de febrero el secretario de estado John Kerry designaba a Bernie Aronson como enviado especial a las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Y el 9 de abril, a sólo horas del comienzo de la Cumbre de las Américas en Panamá, el presidente Obama anunciaba desde Kingston el compromiso de su administración de proveer $20 millones de dólares en financiamiento para proyectos de energía renovable en Jamaica.

Todo esto, claro está, como corolario al nuevo cálculo geopolítico que llevó al deshielo con La Habana. Dentro de ese nuevo rompecabezas, sin embargo, Washington olvidó de plano el último cabo suelto que aún queda en el Caribe. Y esa última pieza, cabeza de playa de la Guerra Fría, es Puerto Rico.

Irónicamente, fue el propio Raúl Castro quien en su discurso inaugural en la Cumbre le recordó al presidente Obama la innoble condición de subordinación política de Puerto Rico, y la tupida madeja que como poder colonial aun le resta por desenredar a Washington en aquel territorio caribeño.

Mientras Puerto Rico no ejerza control político sobre aquellas variables económicas, hoy sujetas al indiferente pero férreo control del Congreso estadounidense, jamás podrá potenciar un despegue económico endógeno que fortalezca su competitividad a nivel global y su capacidad para fortalecer la agenda hemisférica en materia energética, comercial y de seguridad.

Difícilmente podrá Puerto Rico potenciar su entrada al tablero económico internacional si no se libera de taras tan asfixiantes como las leyes de cabotaje norteamericanas, la cláusula de comercio interestatal de la Constitución federal, y todos los exorbitantes costos de producción que desde Washington se le imponen a su economía sin su expreso consentimiento.

Fomentar y auxiliar la descolonización de Puerto Rico constituye, pues, pieza indispensable en ese nuevo tablero de ajedrez geopolítico que Washington y La Habana han comenzado a conformar a la luz del entramado de nuevos imperativos económicos y políticos post Guerra Fría. Continuar barriendo debajo de la alfombra la condición de Puerto Rico ya no es opción ni para Washington ni mucho menos para los puertorriqueños de estos tiempos.

Pero mientras Washington siga intentando tapar el cielo con la mano, difícilmente podrá detentar el liderazgo moral que hoy desesperadamente pretende ejercer en la región del mundo en donde, de forma más aguda y apremiante, subyacen sus intereses geopolíticos, económicos y de seguridad más básicos y vitales.

Rafael Cox Alomar es profesor de Derecho en la Universidad del Distrito de Columbia, Washington, DC. rafael.coxalomar@udc.edu