Rapados, maniatados y vejados por opositar a maestro

La tensión por la reforma educativa en México ha vuelto a estallar. Las violentas protestas que en junio estremecieron Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, han dado paso ahora a un feroz clima de hostigamiento contra los maestros que se someten a las evaluaciones impuestas por la ley o que simplemente quieren acceder a los concursos de plazas. Estas coacciones, dirigidas por sindicatos radicales renuentes a ceder su histórico control, han desembocado en escenas inéditas de docentes y opositores rapados, maniatados y vejados por piquetes vociferantes. La escalada ha desatado todas las alertas. México se vuelve a enfrentar a uno de sus peores fantasmas: el conflicto educativo.

En un país con dos millones de maestros y 25 millones de alumnos de primaria, la educación es un punto de enorme sensibilidad. Su bajo nivel, por detrás de Kazajistán en las evaluaciones de PISA, se ha convertido en una rémora estructural. Los estudios indican que al ritmo presente México necesitaría 77 años para alcanzar en ciencias la media de los países avanzados. Este retraso no sólo impide la modernización de amplias capas sociales sino que perpetúa una de las lacras nacionales: la desigualdad.

En este escenario, la reforma educativa, apoyada por los principales partidos, ha chocado con los grupos radicales aglutinados en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Estas fuerzas, enquistadas en el agrario y olvidado sur, han hecho de la educación su feudo. En un universo de miseria (en México hay 13 millones de personas en pobreza extrema), el control de los puestos magisteriales les ha permitido asegurar un mínimo sustento a familias sin otros recursos. Pero también ha facilitado el crecimiento de una estructura paralela de privilegios.

Durante décadas el poder ha transigido con este sistema corrupto e incluso ha alimentado sus redes clientelares para evitar el conflicto. Este equilibrio se ha roto ahora. La reforma intenta acabar con el clientelismo y la heredad de plazas. Para ello impone la evaluación docente. En caso de suspender tres veces la prueba, el profesor pierde la plaza. También pone fin al automatismo de conceder el puesto a los maestros procedentes de las escuelas normales rurales, controladas por los sectores más radicales, y abre la puerta a que licenciados de otras partes del país puedan competir por el empleo.

Las consecuencias del enfrentamiento son difíciles de prever, pero nadie duda de que serán graves. El escarnio a que se han visto sometido los profesores que querían acceder a las plazas no es más que un aviso de lo que está por venir. Muestra de ello es la indiferencia con que la central radical ha acogido las protestas por su actuación. Ni siquiera la condena de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o del sindicato mayoritario de la enseñanza, con 1.800.000 afiliados, han surtido efecto. “Ningún acto de intimidación que venga del Gobierno federal va a socavar la disposición de lucha de los trabajadores para echar abajo la reforma educativa. Donde lo intenten, ahí estará la fuerza de la CNTE”, proclamó un dirigente sindical.

La coordinadora, enrocada en sus dominios, actúa como un poder fáctico en el sur. Con 110.000 militantes y una larga tradición de boicoteos y agresiones, mantiene un violento pulso con el Gobierno por la ruptura del monopolio docente. Semanas antes de las elecciones del 7 de junio, lanzó una ofensiva que puso al Ejecutivo de Enrique Peña Nieto contra las cuerdas. Sus huestes asaltaron aeropuertos, bloquearon carreteras y quemaron oficinas electorales. Un día tras otro impusieron su estrategia de acoso y derribo hasta que el Gobierno, a una semana de los comicios, suspendió la reforma en todo el país. La tregua, vista como una humillación por los sectores más progresistas, sirvió de poco. La central mantuvo la presión, aunque el día de las votaciones, ante el fuerte despliegue militar, evitó fricciones.

Pasadas las elecciones, la reforma volvió a implantarse. Y el belicoso sindicato, de ideología ultraizquierdista, retomó las protestas. Pero esta vez personalizadas en los profesores que acuden a los exámenes. Para justificar sus ataques, la CNTE alega que las víctimas son policías infiltrados. “¿No es un acto de provocación infiltrar a policías? Incluso les pasó poco. Que se abstenga de inmiscuirse porque serán desnudados, amarrados y sometidos”, afirmó un portavoz del CNTE.

Los relatos de las víctimas, recogidos con amplitud por los medios mexicanos, muestran una realidad bien distinta. Maestras humilladas y con el pelo trasquilado, profesores vilipendiados y fotografiados por grupos violentos. “¿Por qué me atacaron, por qué me exhibieron, por qué me cortaron el pelo? ¿Qué les hice?”, decía entre sollozos Nayeli Mijangos, una de las pocas docentes que se atrevió a dar la cara tras las agresiones. Como muchos otros, Mijangos no ha estudiado en una escuela normalista, carece de dinero para comprar una plaza y tampoco tiene familia para heredarla. Pero posee un título universitario que le permite presentarse. Y eso hizo este fin de semana en Tuxla Gutiérrez. Pero ni siquiera pudo entrar a la prueba. Los piquetes se lo impidieron. El conflicto está abierto.