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LAS PALABRAS

El rescate y el juicio

Para el Estado, era legítimo usar la fuerza en el asalto en Lima de la embajada japonesa

El 17 de diciembre de 1996, un grupo de 14 miembros del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), armados con fusiles de asalto, armas cortas y explosivos, capturó la pintoresca residencia de la embajada de Japón en Lima (copia de la mansión de Tara en Lo que el viento se llevó), y convirtió en rehenes a los 700 invitados que celebraban el natalicio del Emperador Akihito.

La acción fue un golpe de mano desesperado de uno de los pocos dirigentes libres de un diezmado MRTA, Néstor Cerpa, para lograr la liberación de los dirigentes presos, entre los cuales estaba su pareja.

En poco tiempo el MRTA se quedó con un número para ellos manejable de 72 rehenes. Bajo una cobertura periodística de saturación, que creó tantas historias como las que cubrió, se desarrollaron en secreto las negociaciones con los secuestradores y la preparación simultánea de un plan de rescate de los rehenes.

En 1996, un grupo de 14 miembros del MRTA, armados con fusiles de asalto, armas cortas y explosivos, capturó la residencia de la embajada de Japón en Lima

El 22 de abril de 1997, una fuerza de 80 comandos de las Fuerzas Armadas atacó simultáneamente desde el subsuelo, el primer y el segundo piso. La mayoría de los emerretistas se encontraba jugando fulbito en la sala del primer piso y la primera explosión dejó fuera de combate a casi todos. La ocupación completa de la Residencia y la evacuación de los rehenes duró 16 minutos.

Uno de los rehenes, el magistrado Carlos Giusti, murió luego de ser herido en el rescate. Dos comandos, el comandante Juan Valer y el teniente Raúl Jiménez, perdieron la vida en la acción. Todos los 14 emerretistas terminaron muertos.

En agosto de 2001 el exrehén Hidetaka Ogura remitió una carta al Poder Judicial peruano acusando haber visto cómo uno de los emerretistas, Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, fue capturado fuera de la residencia, cuando quiso mezclarse con los rehenes y llevado adentro por un militar. Luego, se lo declaró muerto en combate.

Ogura también indicó que al momento de bajar por una escalera de mano había visto a otros dos emerretistas: Herma Meléndez Cueva y quien le pareció Víctor Peceros Pedraza rindiéndose y rogando por la vida. Ambos fueron dados luego por muertos en acción.

Las revelaciones de Ogura fueron confirmadas, en cuanto a la captura de Tito, por dos policías presentes en el suceso. Entonces se inició una larga odisea judicial, que terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Los portavoces periodísticos de lo que aquí se llama “la derecha bruta y achorada” [peruanismo que en este caso significa tanto insolente como lumpen] presentaron el caso como una sinuosa operación “caviar” para defender “terroristas” y atacar “al Perú”. El presidente Ollanta Humala trató de sonar decisivo y terminante al proclamar, un día antes de la sentencia, que el Perú no pagaría “ni un sol” a “los terroristas” o sus familiares por más que lo ordene la Corte .

La sentencia se hizo pública el lunes 29 de junio. La Corte consideró que Eduardo Cruz Sánchez, Tito, había sido víctima de una ejecución extrajudicial. En cuanto los otros dos emerretistas, Herma Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros, la Corte aceptó la conclusión de “que la muerte de estas dos personas se produjo cuando aún estaban tomando parte de las hostilidades…”.

La sentencia valida la acción de rescate. Para el Estado, dice la Corte, “resultaba legítimo recurrir al uso de la fuerza en las circunstancias del caso concreto, en tanto respondía a la necesidad de liberar a los rehenes con vida”.

Así, el análisis prolijo del caso permitió el esclarecimiento judicial del asesinato de Tito; y a la vez salvaguardó a los comandos que llevaron a cabo exitosamente una operación de altísimo riesgo, salvaron vidas y no tuvieron responsabilidad sobre quienes, sin haber participado en el combate, mancharon el logro valiente del rescate con la cobardía del asesinato.