Estados Unidos, preocupado por la situación de DD HH en México

El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano es la última muestra de la preocupación que reina en Washington con la violación de derechos humanos en México y el grado de implicación de instituciones militares, policiales y hasta gubernamentales en esta lacra. Lo cual no quiere decir, necesariamente, que EE UU planee de forma inminente un cambio de estrategia en su ayuda al vecino del sur a través de la Iniciativa Mérida.

Entre los problemas “significativos” en materia de derechos humanos está la “implicación de la policía y el Ejército en graves abusos” tales como “ejecuciones ilegales, tortura, desapariciones y abusos físicos”, resume el capítulo dedicado a México del reporte de Washington, en el que también se señala como problema la persistente “impunidad” en este tipo de crímenes.

En lo más alto del último informe oficial norteamericano se destacan además los casos de Tlatlaya, donde se ha confirmado la implicación de militares en el asesinato a sangre fría de al menos 15 civiles, y el de Iguala, donde se sigue sin saber nada del paradero de 42 de los 43 estudiantes desaparecidos a finales de septiembre en una acción en la que estuvo implicada la policía local.

Pese a lo cuidadoso del lenguaje y que la evaluación no revela nada que no haya sido denunciado ya, el Gobierno mexicano no tardó en calificar el informe como un “ejercicio unilateral” y llamó a “revisarse las mecánicas unilaterales de revisión”.

La rápida reacción mexicana muestra una situación persistente en la relación bilateral: cuando se trata de evaluar la actuación en seguridad y derechos humanos del Gobierno de Peña Nieto, Washington camina de puntillas para no herir susceptibilidades.

“Es una cuestión muy sensible porque EE UU y México quieren dar la imagen de que todo es muy amigable y que son aliados”, señala Michael Evans, del National Security Archive, de la Universidad de Georgetown.

El problema, acota, surge cuando aparecen “acusaciones creíbles” como en Tlatlaya. Y es que por la Ley Leahy de 1997, patrocinada por el senador demócrata Patrick Leahy, EE UU está obligado a garantizar que las unidades extranjeras que entrena en el marco de acuerdos de asistencia de seguridad como la Iniciativa Mérida, no están involucradas en violaciones de derechos humanos.

Una preocupación que no es nueva

Y, como mínimo, en EE UU hay muchas dudas respecto de la implicación de instituciones mexicanas en casos como Tlatlaya o Iguala, señala Evans. Su organización ha revelado documentos oficiales que demuestran que el Pentágono empezó a hacer sonar la alarma al menos a partir de octubre.

Iguala “despierta dudas alarmantes sobre la extensión de la violencia de los carteles en la región y el nivel de complicidad del Gobierno”, señala el informe no clasificado pero sí confidencial de un “grupo de trabajo sobre derechos humanos” del Ejército estadounidense al que tuvo acceso el National Security Archive.

En el caso de Tlatlaya, donde ya habían sido detenidos siete soldados del Batallón 102 de infantería, el informe señala que el SEDENA estaba investigando a un comandante de la zona militar afectada. “De estar implicado en una violación grave de derechos humanos, toda la zona militar y hasta 10.000 miembros del personal serán inelegibles para la ayuda de cooperación en seguridad de EE UU”, subrayaba el informe, remitido al Northcom, el comando militar encargado de la región de México, Estados Unidos y Canadá.

En enero, otro informe oficial del Northcom sobre el “incidente de Tlatlaya” apuntaba que el Departamento de Estado había suspendido -a finales de 2014- la ayuda al batallón 102 “a la espera de resultados de las investigaciones” en marcha en México. “Ninguno de los siete efectivos (mexicanos) suspendidos han recibido entrenamiento estadounidense”, agregaba.

Una portavoz del Departamento de Estado indicó, en respuesta a una pregunta de este periódico sobre el informe, que no se puede hablar de suspensión de fondos puesto que “no había entrenamiento alguno planeado para el Batallón 102”. Dicho lo cual, subrayó, “el Departamento de Estado seguirá revisando su ayuda a fuerzas de seguridad extranjeras, así como determinadas ayudas del Departamento de Defensa, para garantizar que los receptores no han cometido graves violaciones de derechos humanos”.

Algo que para el senador Leahy resulta de especial importancia en estos momentos respecto de México. “Es crucial que tanto el Gobierno de México como el de EE UU demuestren que crímenes como el de Tlatlaya, que no es más que un ejemplo, serán castigados de forma apropiada si se quiere continuar la asistencia estadounidense para ayudar a reformar y profesionalizar esas instituciones”, dijo Leahy a este periódico.

Una tarea que sin embargo, para el director para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, no se está realizando en toda su extensión.

“Estados Unidos tiene muchas maneras de influir en México y no las está ejerciendo plenamente. Por ejemplo, aunque es evidente que México no está cumpliendo con las condiciones de derechos humanos de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado ha en reiteradas oportunidades en el pasado certificado que sí lo ha hecho”, recordó.

“Ante la evidente responsabilidad de miembros de las fuerzas de seguridad de México en la comisión de graves violaciones de derechos humanos, la administración de Obama y el Congreso norteamericano deben dar señales inequívocas de que emplearán todos los mecanismos legales a su alcance con el fin de intentar ejercer presión para que cesen los abusos y los responsables sean llevados ante la justicia”, reclamó.