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EE UU dejará de perseguir a quien pague el rescate por un familiar

Los parientes de estadounidenses cautivos habían criticado la política sobre secuestros

James Foley, el primer rehén estadounidense asesinado por el EI
James Foley, el primer rehén estadounidense asesinado por el EI AP

El Gobierno de Estados Unidos se va a seguir negando a pagar un rescate para lograr la liberación de un ciudadano norteamericano secuestrado en el extranjero por grupos terroristas como el Estado Islámico (EI) o Al Qaeda. Pero dejará de amenazar con iniciar un proceso judicial a los familiares del rehén si estos deciden actuar por su cuenta e intentan comprar la libertad del retenido.

Este es uno de los cambios fundamentales en la política estadounidense respecto a secuestros que anunció el presidente, Barack Obama, este miércoles. 

Tal como habían adelantado ya la víspera varios medios, hay también otra aclaración importante para las familias: aunque el Gobierno federal seguirá prohibiendo hacer concesiones a los secuestradores, sí puede comunicarse y negociar con estos, o ayudar en ello a los familiares de los rehenes que tratan de lograr la liberación del cautivo estadounidense.

La confusión reinante en torno a lo que se puede hacer y lo que no para tratar de liberar a un familiar secuestrado, y las amenazas de consecuencias judiciales en caso de pagar un rescate -aunque en los últimos años no se hayan hecho efectivas- son cuestiones denunciadas públicamente durante el último año por parientes de estadounidenses cautivos.

Lo han hecho los padres del periodista estadounidense James Foley, el primer rehén occidental del EI brutalmente ejecutado, el año pasado, mediante una decapitación que fue grabada en un vídeo. Y lo hizo también la madre de Peter Theo Curtis, liberado a finales de agosto tras permanecer dos años en manos de Jabhat al Nusra, un grupo afiliado a Al Qaeda. Nancy Curtis afirmó que el Departamento de Estado la amenazó con procesarla si intentaba pagar un rescate por su hijo, mientras que el FBI se ofreció a ayudarla en ese proceso.

“Eso es totalmente inaceptable”, subrayó Obama al revelar los cambios en una comparecencia en la Casa Blanca en la que no aceptó preguntas.

“Es mi firme compromiso asegurarme de que estas familias se sienten totalmente apoyadas en sus esfuerzos por lograr que vuelvan a casa los suyos y que haya una sincronización entre los sinceros esfuerzos del gobierno y las familias”, agregó.

Familiares de rehenes y expertos habían criticado especialmente la amenaza judicial -amparada en las duras penas de cárcel previstas por la ley por proporcionar "ayuda material" a un grupo terrorista- proferida para quienes intentaran pagar un rescate. Esto no solo afectaba a los parientes de los secuestrados, sino potencialmente a cualquiera que se ofreciera a ayudar a estas familias para reunir el dinero reclamado.

Las muertes a manos de sus secuestradores de Foley, el también periodista Steven Sotloff y el cooperante Peter Kassig llevaron a Obama a ordenar a finales de 2014 la revisión de las prácticas oficiales frente a los secuestros. También se ha conocido desde entonces la muerte bajo custodia de sus captores los estadounidenses Luke Somers, en Yemen, Kayla Muller en Siria y Warren Weinstein en la frontera entre Afganistán y Pakistán.

La política de no hacer concesiones

EE UU y Reino Unido son los dos únicos países que se niegan firmemente a pagar rescates o a hacer cualquier tipo de concesiones a cambio de sus ciudadanos secuestrados, bajo el argumento de que ello no hace más que fomentar este tipo de prácticas. El hecho sin embargo de que otros países, como los europeos, sí lo hagan aunque no lo reconozcan de forma pública ha llevado a cuestionar la falta de unidad, sobre todo en vista de que otros rehenes apresados por los mismos grupos que los estadounidenses sí han regresado sanos a sus hogares.

Obama sin embargo se reafirmó el miércoles en esta postura.

“El Gobierno de EE UU no hará concesiones, como pagar rescates, a grupos terroristas que tengan rehenes estadounidenses”, reiteró. Obama dijo ser consciente de que este tema está sujeto a “un debate sustancial” y que resulta “difícil y emotivo” para las familias que tienen a alguien secuestrado. Pero su deber, subrayó, es no analizar esta situación solo “como marido y como padre” que también es, sino “como presidente” que tiene que tener en cuenta la seguridad nacional del país.

“Y creo firmemente que el Gobierno de EE UU pague rescates a terroristas pone en peligro a más estadounidenses y serviría para financiar el terrorismo que estamos tratando de frenar”, argumentó.

Las críticas a esta postura ahora reafirmada arreciaron el año pasado por el hecho de que EE UU sí que accedió, hace un año, a negociar la liberación de uno de los suyos, el soldado Bowe Bergdahl, capturado durante cinco años en Afganistán, a cambio de cinco talibanes presos en Guantánamo.

Los argumentos oficiales de que se trataba de un militar y no de un civil, y que por ello rigen normas distintas, no acabaron de convencer a los que siguieron viendo en ello una incongruencia en el principio de “no negociar” que tan públicamente ha defendido.

En el curso de la revisión de esta política, Obama se ha reunido en los pasados meses con algunos familiares de secuestrados, entre ellos con la madre de Foley, Diane, y con los padres de Sotloff. Pero muestra de que todavía perduran muchas susceptibilidades es el hecho de que muchas familias de secuestrados habrían rechazado participar en el proceso.

Entre los cambios que anunció Obama, está la creación de una “célula de fusión” en la sede del FBI que coordine los esfuerzos de las diversas agencias -del Departamento de Justicia, de Estado, del Tesoro o el Pentágono, entre otras- para mejorar los planes para recuperar secuestrados, tanto generales como en casos específicos. En este equipo también estará un “coordinador para las familias” que mantendrá informados a los parientes de los rehenes. Obama también va a crear un "equipo de respuesta ante secuestros" bajo auspicio del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que supervise de forma regular la política de rehenes y nombrará asimismo a un "enviado presidencial especial" del cuerpo de diplomáticos del Departamento de Estado que se encargará de los contactos oficiales con otros gobiernos en casos de secuestros.

El mandatario, que reconoció que en el proceso de revisión de las pautas de actuación en la materia se ha topado con el “escepticismo” de algunas de las familias afectadas, pidió un voto de confianza con las nuevas guías y aseguró que los secuestrados no serán olvidados. “Mi mensaje a cualquiera que haga daño a estadounidenses es que nosotros no olvidamos y que nuestro alcance es largo. Mi mensaje a todo estadounidense secuestrado (…) a sus familias, es que EE UU nunca dejará de trabajar para reunirlos. No nos daremos por vencidos, no importa cuánto tiempo tardemos”, prometió.