Venezuela y Colombia se enredan en un conflicto marítimo

Venezuela y Colombia han despertado un conflicto marítimo que llevaba dormido décadas. A finales de mayo, el Gobierno de Nicolás Maduro estableció, mediante un decreto unilateral, la delimitación marítima de una zona en disputa entre los dos países. La decisión ha generado malestar en el Gobierno colombiano, que ante la presión interna ha pedido a Caracas que dé marcha atrás en su decisión lo antes posible.

La polémica nació el 26 de mayo. Ese día Venezuela emitió un decreto, publicado un día después en la Gaceta Oficial, en el que ordenaba la creación de Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain). Según el texto, cuya iniciativa surge de del Ministerio de Defensa, concretamente de la Armada, la Zodimain arrancaría donde comienza la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela, en la península de La Guajira y entraría en aguas del golfo de Venezuela, que aún se disputan ambos países. Los antecedentes podrían remontarse a 1830, aunque fue en 1969 cuando ambos Estados se sentaron a dialogar, en vano. Las negociaciones están paralizadas desde hace seis años.

El Gobierno colombiano tardó en reaccionar tres semanas. La canciller, María Ángela Holguín, entregó el pasado día 17 una carta al embajador venezolano en Bogotá en la que pedía al Gobierno de Nicolás Maduro que diera marcha atrás y que privilegie “la sensatez cuando se trata de temas delicados como los que contemplan la soberanía y jurisdicción marítima”. En los últimos días, la presión de diversos sectores del país ha hecho que el Gobierno colombiano intensificase la protesta. Este lunes, desde Cuba, Holguín ha insistido en que el decreto “va contra el derecho internacional” y confía en que “lo más pronto posible” se arreglen las coordenadas marcadas. “Queremos mantener este caso en el ámbito bilateral y diplomático. Esperamos una rápida respuesta del Gobierno venezolano”, ha asegurado Holguín.

Aunque sea una medida que resulte arbitraria para su vecino, el Gobierno de Nicolás Maduro puede sacarle réditos políticos en Venezuela, donde el discurso de la defensa de la soberanía suma puntos, en medio de la actual crisis económica, política y social y ante las próximas elecciones parlamentarias que se deberían celebrar antes de final de año. Sectores de la oposición venían cuestionando la actitud del Gobierno, después de que hace dos meses se conociera que Guyana había entregado concesiones de exploración petrolera a la compañía Exxon Mobil en la zona del Esequibo, en disputa entre ambos países. Y es que el decreto 1787 por el que ahora protesta Colombia también afecta a Guyana. De hecho, nace tras el anuncio de Exxon de que había descubierto un yacimiento a 190 kilómetros de la costa de Guyana.

La reacción del país caribeño ante la medida de Caracas no se hizo esperar. Empezó a moverse ipso facto dentro de la Comunidad del Caribe, argumentando que si se aplicaba el decreto, Venezuela podría afectar hasta su salida al mar. A través de un fuerte comunicado, publicado el 8 de junio, Guyana catalogó la decisión como un “agresivo e ilegal acto de Venezuela”. Caracas respondió de una manera también dura y acusó a Guyana de inventar “situaciones irracionales contra un país hermano y utilizando un lenguaje altamente ofensivo”. Además, recordó cómo Guyana y los demás países caribeños se han beneficiado en los últimos años de Petrocaribe, el órgano de alianza petrolera mediante el cual Venezuela le vende petróleo subsidiado a los países de la región, que creó el expresidente Hugo Chávez. Pese al lenguaje utilizado en el comunicado venezolano, el pasado 8 de junio, Caracas modificó el decreto original en lo que respecta a la zona limítrofe con Guyana, al incluir un párrafo que dice: “Existe un área marítima por delimitar, que será determinada una vez se resuelva la controversia pendiente entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana”.