Ecuador logra tener un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El ecuatoriano Patricio Pazmiño fue elegido este martes como nuevo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Una decisión que inquieta a expertos y organizaciones de la sociedad civil que ven en este paso un éxito en los esfuerzos proclamados del presidente de Ecuador, Rafael Correa, por transformar e incluso acabar con la estructura de un sistema interamericano de derechos humanos incómodo para muchos Estados. Quito lo niega, aunque reconoce que persistirá en sus intentos de cambiar el sistema “desde dentro”.

En total, fueron seleccionados al término de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebró en Washington cuatro nuevos miembros de la Corte IDH y otros tantos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambos organismos cuentan con un total de siete miembros cada uno.

Pero aunque las dudas sobre su idoneidad se extendían a varios candidatos -como el juez propuesto por Argentina, Raúl Zaffaroni, también elegido-, buena parte de los cuestionamientos se centraron sobre todo en Pazmiño.

Al fin y al cabo, como presidente de la Corte Constitucional, Pazmiño ha avalado proyectos del Gobierno de Correa -al que une una amistad personal- cuestionados por el mismo sistema interamericano de derechos humanos, como la Ley de Comunicación o “ley mordaza”. Y el presidente ecuatoriano ha dejado muy clara en los últimos años su intención de acabar con la CIDH, a la que considera “innecesaria”.

“No vamos a aceptar que la Comisión se arrogue competencias que no tiene. Es urgente que todos los Estados tomemos la misión de reformar la organización y, sobre todo, clarificar definitivamente la facultad y las funciones de la Comisión y la Corte”, declaró el lunes en la OEA el embajador ecuatoriano, Marco Vinicio Albuja.

Con la elección de Pazmiño se lleva a la Corte “a una persona que forma parte de la estrategia del Gobierno ecuatoriano por acabar con el Sistema Interamericano de derechos humanos”, advirtieron desde Quito en una carta enviada a embajadores de la OEA 21 representantes de organizaciones de Ecuador.

“A día de hoy, Ecuador es el país que lidera el bullying diplomático contra la CIDH”, recordó en Washington Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). “Es preocupante que un país que esté en esa ofensiva proponga a un candidato muy cercano a Correa”, agregó.

Pazmiño, que no niega su amistad con el mandatario pero que asegura que esta no afecta “de ninguna manera” su actuar como juez, negó ser un “caballo de Troya” de Quito, tal como han denunciado algunos activistas.

“Los trabajos, la crítica, la confrontación política con la Corte o con el sistema, eso es una tarea del Gobierno nacional, yo no soy político. Como todo juez, me dedicaré a trabajar y expresarme a través de mis decisiones y sentencias”, dijo a periodistas tras su elección. Asimismo, rechazó las acusaciones de incompatibilidad de cargos y aseguró que, para cuando asuma el puesto en la Corte IDH, en enero, habrá abandonado cualquier papel en la Corte Constitucional que presidirá hasta noviembre.

Argumentos que no convencen a los preocupados. La nominación de Pazmiño “no es sino una continuidad de un esfuerzo de poner a alguien a quien ven como un agente de ellos, como la voz del Ecuador al interior del sistema”, afirmó Juan Pablo Albán Alencastro, de la Universidad San Francisco de Quito, a este diario.

Para Cerqueira, la llegada de Pazmiño a la Corte “consolida una tendencia a la politización” de una institución cuyo perfil técnico ha descendido en los últimos años.

Además, acotó Albán, como juez de la Corte Pazmiño podrá “sugerir procesos que tiendan a retirarle competencias a la CIDH”, el enemigo declarado de Ecuador en los últimos años.

“No tiene ningún sentido que Ecuador quiera entrar a un sistema en el que hace rato que ya no se siente integrado”, a no ser que le sirva a sus intereses declarados, señaló al respecto. Y en ese sentido, advirtió, “el discurso del ‘ya no funciona’, dirigido desde dentro, podría perjudicar gravemente la operación de la Corte y la Comisión”.

“Ecuador quiere estar en el sistema para desde adentro hacer las propuestas de reforma al sistema”, replicó el máximo representante de Ecuador en la cita de Washington, Diego Morejón Pazmiño, subsecretario de Organismos Internacionales Supra-regionales.

“No es que el señor Pazmiño tenga la prebenda para reformar todo el sistema interamericano, eso sería absurdo, porque hay otros jueces. Lo que queremos es cambiar y darles una actividad mucho más proyectada a la idoneidad de la Corte, para que esta pueda administrar justicia de una forma mucho más lógica y los países se sientan respaldados con el proceso judicial de la OEA”, aseveró.

Para los observadores, la elección de Pazmiño tiene otra preocupante lectura. Al fin y al cabo, no solo fue elegido por Ecuador, sino que su candidatura fue la más votada, recibiendo 22 de los 23 posibles (solo votan para la Corte los países que la hayan ratificado, lo que excluye, entre otros, a Estados Unidos, o a Venezuela, que la ha abandonado). Algo que, según fuentes vinculadas al sistema interamericano que hablaron bajo condición de anonimato, demuestra que Quito no está solo en sus esfuerzos por quitarle peso a la incómoda Comisión.

De hecho, el tema del “fortalecimiento” del sistema de derechos humanos, paraguas bajo el cual se han escondido muchos de los esfuerzos por debilitar la Comisión en los últimos años, ha vuelto en los pasados meses a estar en boca de algunos países, especialmente del influyente México, recuerda con preocupación Albán.

También Bolivia reiteró estos días en Washington la necesidad de cambiar la concepción de la CIDH. “La Comisión no tiene que ser un órgano independiente, se debe a los Estados”, sostuvo el canciller boliviano, David Choquehuanca.