Bruselas reparte solicitantes de asilo e insta a España a que acoja 4.288

La Comisión Europea anunció el miércoles un plan para repartir entre los países miembros a 40.000 solicitantes de asilo sirios y eritreos llegados a Grecia e Italia a partir del 15 de abril, como EL PAÍS avanzó el pasado viernes. A España le correspondería acoger a 4.288 personas en dos años, unas 400 más de las planeadas inicialmente. Bruselas propuso a los Veintiocho una segunda medida voluntaria: que admitan a otros 20.000 asilados que están en países extracomunitarios.

El programa es la respuesta de la Comisión a la crisis migratoria desatada por los naufragios en el Mediterráneo y la llegada masiva de inmigrantes y de potenciales solicitantes de asilo en los últimos meses a Italia y Grecia. El programa durará dos años.

El plan de la Comisión contempla que cada país acoja obligatoriamente en los próximos dos años un número determinado de solicitantes de asilo (sirios y eritreos) que ya están en territorio de la UE (4.288 en el caso de España). Esto supone que España asume el 10,72% de demandantes de asilo, un esfuerzo mayor respecto al 9,1% que avanzó la Comisión hace dos semanas.

La Comisión quiere que, por otro lado, los Veintiocho acepten voluntariamente potenciales refugiados que están en países extracomunitarios (1.549 en el caso de España).

La estrategia es un “mecanismo de emergencia” que la Comisión activa por primera vez y que, conforme al artículo 78.3 del tratado de la UE, permite que sea aprobada por mayoría cualificada —sin necesidad de unanimidad— de los 28 miembros en el Consejo de junio. Esto facilitaría su aprobación, pues países como Francia —y en menor medida España— expresaron disconformidad con el plan de distribución.

El plan —del que quedan exentos Reino Unido, Irlanda y Dinamarca por sus tratados con la UE— está destinado a refugiados procedentes de Siria, inmersa en la guerra civil desde hace cuatro años, y Eritrea, un país con servicio militar indefinido.

Además del reparto “solidario” de refugiados —que están tanto dentro como fuera del territorio comunitario—, Bruselas abogó por la recogida de información personal de los solicitantes de asilo en terceros países y la toma de huellas de aquellos que estén ya en territorio de la UE, según explicó Dimitris Avramopoulos, comisario de Inmigración de la UE. Para él es importante “ver quiénes son” los que entran para luego asignarles el asilo en un país u otro de manera “coherente”.

Y es que Bruselas quiere revisar la directiva de la Tarjeta Azul de 2009, que considera en “desuso”, por la que la UE facilita la entrada de inmigrantes cualificados de un tercer país. De esta forma, la Comisión permitirá ahora que un Estado miembro pueda mostrar sus preferencias para acoger a profesionales de determinado tipo en función de las necesidades de su propio mercado laboral, según fuentes de la Comisión.

Bruselas tiene 240 millones para financiar este programa de dos años y además otorgará al país receptor otros 6.000 euros por asilado que saldrán del Fondo de Integración, Migración y Asilo de la UE (AMIF, en sus siglas en inglés). Para el reasentamiento de los 20.000 refugiados que están fuera de la UE, cuenta con otros 50 millones, según un documento de la Comisión.

Aunque la medida se haya centrado desde el inicio en descongestionar la "crítica" situación de Italia y Grecia, Bruselas empieza ya a hablar de la posibilidad de activar el mismo mecanismo para otras zonas de Europa "si la situación empeora". Concretamente, Avramopoulos se ha referido a las "oleadas" de inmigrantes que pueden afrontar en un futuro países como Rumanía y Bulgaria —este último país recibió más de 11.000 desplazados en 2014— por su proximidad a Oriente Próximo y puerta de entrada a la UE a través del mar Negro.

Aunque para el brazo Ejecutivo de la UE ya “no se trata de cuotas” —pues lo considera un término poco adecuado— el polémico reparto de los refugiados seguirá las directrices desveladas por la Comisión el 13 de mayo y con las que países como Francia, España, Polonia, los Bálticos y Hungría discrepan: la recepción de asilados de cada Estado miembro seguirá dependiendo en un 40% del PIB, otro 40% del número de habitantes, un 10% del desempleo y el otro 10% de los esfuerzos anteriores de un país en la acogida de inmigrantes. “Es un acuerdo justo”, aseguró el comisario.